5. La raíz de la idea de estabilización

El cálculo económico no exige la estabilidad monetaria en el sentido en que emplean el término los defensores del movimiento de estabilización. El hecho de que la rigidez en el poder adquisitivo de la unidad monetaria sea impensable e irrealizable no invalida los métodos del cálculo económico. El funcionamiento del cálculo económico sólo precisa de un sistema monetario inmune a la interferencia estatal. Cuando las autoridades incrementan la cantidad de dinero circulante, ya sea con miras a ampliar la capacidad adquisitiva del gobierno, ya sea buscando una (temporal) rebaja del tipo de interés, desarticulan todas las relaciones monetarias y perturban gravemente el cálculo económico. El primer objetivo que una sana política monetaria debe perseguir es no sólo impedir que el gobernante provoque por sí mismo inflación, sino también evitar que induzca la expansión crediticia de la banca privada. Pero este programa es muy distinto de las confusas y contradictorias medidas encaminadas a estabilizar el poder adquisitivo del dinero.

La buena marcha del cálculo económico sólo exige evitar que se produzcan graves y bruscas variaciones en la cantidad de dinero. El patrón oro —y hasta la mitad del siglo XIX también el patrón plata— cumplió satisfactoriamente las condiciones requeridas para el cálculo económico. Variaba tan escasamente la relación entre las existencias y la demanda de dichos metales y, por consiguiente, era tan lenta la modificación de su poder adquisitivo, que los empresarios podían despreciar en sus cálculos tales mutaciones sin temor a equivocarse gravemente. En el terreno del cálculo económico no es posible una precisión absoluta, aun excluyendo aquellos errores emanados de no tomar debidamente en consideración la mutación de las circunstancias monetarias¹. El empresario se ve siempre obligado a manejar en sus planes datos referentes al incierto futuro; maneja precios y costes de producción futuros. La contabilidad y teneduría de libros, cuando pretenden reflejar los resultados de pasadas actuaciones, tropiezan con los mismos problemas, al valorar instalaciones, existencias y créditos contra terceros. Pese a tales incertidumbres, el cálculo económico alcanza su preciso objetivo, ya que aquella incertidumbre no es fruto de imperfección del sistema, sino secuela obligada del actuar, que siempre ha de abordar un futuro incierto.

La idea de estabilizar el poder adquisitivo del dinero no brotó del deseo de proporcionar mayor exactitud al cálculo económico. Surgió del anhelo de crear una esfera inmune al incesante fluir de las cosas humanas, un mundo ajeno al continuo devenir histórico. Las rentas destinadas a atender perpetuamente las necesidades de fundaciones religiosas, instituciones de caridad o grupos familiares, durante mucho tiempo, se reflejaron en terrenos o productos agrícolas. Más tarde se establecieron anualidades monetarias. Tanto donantes como beneficiarios suponían que las rentas representadas por una cierta cantidad de metal precioso no podrían ser afectadas por las mutaciones económicas. Pero tales esperanzas resultaron fallidas. Las sucesivas generaciones pudieron comprobar cómo fracasaban los planes más cuidadosamente trazados por los difuntos patronos. Estimuladas por esta experiencia, comenzaron a investigar cómo podría alcanzarse este objetivo. Y de este modo se embarcaron en el intento de medir los cambios en el poder adquisitivo y a eliminar esos cambios.

El asunto cobró particular importancia cuando los gobiernos comenzaron a emitir deuda pública perpetua, cuyo principal nunca habría de ser reembolsado. El estado, esa nueva deidad de la naciente estatolatría, esa eterna y sobrehumana institución inmune a toda terrenal flaqueza, brindaba al ciudadano la oportunidad de poner su riqueza a salvo de cualquier vicisitud, ofreciéndole ingresos seguros y estables. Se abría así el camino para liberar al individuo de la necesidad de arriesgarse y de adquirir su riqueza y su renta cada día en el mercado capitalista. Quien invirtiera sus fondos en el papel emitido por el gobierno o por las entidades paraestatales quedaría para siempre liberado de las insoslayables leyes del mercado y del yugo de la soberanía de los consumidores. Ya no habría de preocuparse por invertir su dinero precisamente en aquellos cometidos que mejor sirvieran los deseos y las necesidades de las masas. El poseedor de papel del estado estaba plenamente asegurado, a cubierto de los peligros de la competencia mercantil, sancionadora de la ineficacia con pérdidas patrimoniales graves; la imperecedera deidad estatal le había acogido en su regazo, permitiéndole disfrutar tranquilamente de su patrimonio. Las rentas de tales favorecidos no dependían ya de haber sabido atender del mejor modo posible las necesidades de los consumidores; estaban, por el contrario, plenamente garantizadas mediante impuestos recaudados gracias al aparato gubernamental de compulsión y coerción. Se trataba de gentes que, en adelante, no tenían ya por qué servir a sus conciudadanos, sometiéndose a su soberanía; eran más bien asociados del estado, que gobernaba y exigía tributo a las masas. Es cierto que el interés ofrecido por el gobierno resultaba inferior al del mercado; pero este perjuicio estaba ampliamente compensado por la indiscutible solvencia del deudor, cuyos ingresos no dependían de haber sabido servir dócilmente al público; provenían de exacciones fiscales coactivas.

Pese a los desagradables recuerdos que los primeros empréstitos públicos habían dejado, la gente depositó amplia confianza en las modernas administraciones públicas surgidas hace cien años. No se ponía en duda que las mismas darían fiel cumplimiento a las obligaciones voluntariamente contraídas. Capitalistas y empresarios advertían perfectamente que dentro de una sociedad de mercado no hay forma de conservar la riqueza acumulada más que reconquistándola a diario en ruda competencia con todos, con las empresas ya existentes y con los recién llegados «que surgen de la nada». El empresario viejo y cansado, que no quería seguir arriesgando las riquezas ganadas a pulso en proyectos orientados a servir mejor al consumidor, y también los herederos de ajenas fortunas, indolentes y plenamente conscientes de su incapacidad, preferían invertir sus fondos en papel del estado, buscando protección contra la implacable ley del mercado.

La deuda pública perpetua e irredimible presupone la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Podrán ser eternos el estado y su poder coactivo, pero el interés pagado sólo gozará de esa misma condición si se computa con arreglo a un patrón de valor inmutable. De esta forma, el inversor que, buscando la seguridad, rehúye el mercado, la empresarialidad y la inversión en títulos privados, y prefiere los bonos del tesoro, vuelve a enfrentarse con el mismo problema de la variabilidad de todo lo humano. Descubre que en el marco de una sociedad de mercado la riqueza sólo puede conquistarse a través de ese mismo mercado. Su empeño por encontrar una fuente inagotable de riqueza se desvanece.

En nuestro mundo no existen la estabilidad y la seguridad y ningún esfuerzo humano es capaz de producirlas. Dentro de la sociedad de mercado sólo se puede adquirir y conservar la riqueza sirviendo acertadamente a los consumidores. El estado puede imponer cargas tributarias a sus súbditos, así como tomar a préstamo el dinero de éstos. Ahora bien, ni el más despiadado gobernante logra violentar a la larga las leyes que rigen la vida y la acción humana. Si el gobierno dedica las sumas tomadas a préstamo a aquellas inversiones a través de las cuales quedan mejor atendidas las necesidades de los consumidores y, en libre y abierta competencia con los empresarios particulares, triunfa en ese empeño, se encontrará en la misma posición que cualquier otro industrial, es decir, podrá pagar rentas e intereses porque habrá cosechado una diferencia entre costes y rendimientos. Por el contrario, si el estado invierte desacertadamente dichos fondos y esa diferencia no se produce, o bien emplea el dinero en gastos corrientes, el capital disminuirá e incluso desaparecerá totalmente, cegándose aquella única fuente que había de producir las cantidades necesarias para el pago de principal e intereses. En tal supuesto, la exacción fiscal es la única vía a que puede recurrir el gobierno para cumplir sus compromisos crediticios. De este modo el gobierno hace responsables a los ciudadanos del dinero malgastado. Los impuestos que pagan los ciudadanos no reciben ninguna contrapartida en servicios prestados por el aparato gubernamental. El gobierno abona intereses por un capital que se ha consumido y que ya no existe. Sobre el erario recae la pesada carga de torpes actuaciones anteriores.

Cabe justificar la deuda pública a corto plazo en condiciones especiales. Por supuesto, la justificación popular de los préstamos de guerra carece de fundamento. Las necesidades bélicas habrán de cubrirse mediante la restricción del consumo civil, trabajando más e, incluso, consumiendo una parte del capital existente. La carga bélica recae íntegramente sobre la generación en lucha. A las siguientes les afecta el conflicto tan sólo por cuanto heredaron menos de lo que en otro caso les hubiera correspondido. Financiar la guerra mediante la emisión de deuda pública no debe supone transferir parte de la carga a los hijos o a los nietos de los combatientes². Es simplemente un método de distribución de la carga del conflicto entre los ciudadanos. Porque si el gasto bélico hubiera de ser atendido sólo con impuestos, contribuirían al mismo únicamente quienes dispusieran de fondos líquidos. Los demás no harían las adecuadas aportaciones. Sirviéndose de los préstamos a corto plazo se puede minimizar esta desigualdad, ya que hacen posible una oportuna derrama entre los propietarios de capital fijo.

El crédito público o semipúblico a largo plazo es un elemento extraño y perturbador en la estructura de la sociedad de mercado. Tales fórmulas financieras fueron ingeniadas en el vano intento de olvidar la natural limitación de la acción humana y crear una zona de seguridad eterna que no sería afectada por la típica transitoriedad e inestabilidad de las cosas terrenas. ¡Qué arrogante presunción concertar préstamos perpetuos, estipular contratos para la eternidad y fijar cláusulas que el futuro más remoto haya de respetar! Poco importa que los préstamos públicos se emitan o no formalmente con carácter perpetuo; tácitamente y en la práctica se les considerará tales. En la época de mayor esplendor del liberalismo hubo gobiernos que efectivamente redimieron parte de la deuda pública mediante honrado reembolso de su principal. Pero lo corriente ha sido siempre ir acumulando nuevas deudas sobre las antiguas. La historia financiera de los últimos cien años refleja un continuo y general incremento de la deuda pública. Nadie cree ya que las administraciones soportarán eternamente la gravosa carga de los intereses. Tarde o temprano, todas esas deudas, de una u otra forma, quedarán impagadas. Una legión de sofisticados escritores se afanan ya por arbitrar justificaciones morales para el día del ajuste final³.

No puede considerarse imperfección del cálculo económico el que resulte inutilizable cuando se trata de abordar quiméricos planes tendentes a implantar un imposible régimen de absoluta quietud y eterna seguridad inmune a las insoslayables limitaciones de la acción humana. En nuestro mundo ningún valor es eterno, absoluto e inmutable, y por ello es vano buscar un patrón de semejantes valores. No debe estimarse imperfecto el cálculo económico simplemente porque no se ajuste a las arbitrarias ideas de quienes quisieran hallar perennes fuentes de renta independientes de los procesos productivos de los hombres.

Footnotes

1. Incidentalmente, debemos observar que, en la práctica, ningún cálculo económico puede jamás resultar veraz de un modo absoluto. El método seguido puede ser correcto; pero, como en el cálculo se manejan siempre cantidades aproximadas, el resultado nunca puede ser rigurosamente preciso. Según antes (pp. 47-48) se decía, la economía es una ciencia exacta, que se ocupa de cosas reales: sin embargo, en cuanto empieza a manejar precios efectivos, la exactitud se esfuma y la historia económica viene a ocupar el puesto de la economía pura.

2. Al hablar de empréstitos nos referimos a los préstamos concertados por el gobierno con quienes tienen fondos líquidos que pueden destinar a tal cometido. No se alude al problema de la expansión crediticia que actualmente fomenta el gobierno tomando dinero prestado de la banca privada.

3. La más popular de estas doctrinas se halla condensada en la frase: La deuda pública no es una carga por cuanto a nosotros mismos nos la debemos. Si ello fuera cierto, el cancelar todos los empréstitos públicos mediante simples compensaciones contables sería una operación inocua, un simple acto contable. El hecho es que la deuda pública incorpora reclamaciones de gente que en su día confió sus fondos al gobierno contra quienes a diario incrementan la riqueza del país. En otras palabras, es una carga impuesta a las clases más productivas en beneficio de otros grupos. Pero exonerarles de ella exigiría recaudar los impuestos exclusivamente de los tenedores de papel del estado, lo cual equivaldría a un mal encubierto repudio de la deuda pública.