10. Promotores, directores, técnicos y funcionarios
El empresario contrata los servicios de los técnicos, es decir, de aquellas personas que tienen la capacidad y la destreza necesarias para ejecutar una determinada clase y cuantía de trabajo. Entre el personal técnico incluimos los grandes inventores, los destacados investigadores de las ciencias aplicadas, los constructores y proyectistas, así como los ejecutores de las más simples tareas manuales. También cae dentro de este grupo el empresario en la medida en que contribuye personalmente a la ejecución técnica de sus planes empresariales. El técnico aporta su propio trabajo y esfuerzo; sin embargo, es el empresario, como tal empresario, quien dirige tal aportación laboral hacia la consecución de metas definidas. En esta última función, el empresario actúa a modo de mandatario de los consumidores.
El empresario no puede estar en todas partes. Le resulta imposible atender personalmente los múltiples asuntos que es preciso vigilar. Porque el acomodar la producción al mejor servicio posible de los consumidores, proporcionándoles aquellos bienes que más urgentemente precisan, no consiste exclusivamente en trazar planes generales para el aprovechamiento de los recursos disponibles. Tal tarea es, desde luego, la función principal de empresarios, promotores y especuladores. Pero, con independencia de esos proyectos generales, es igualmente preciso practicar otras muchas actuaciones secundarias. Cualquiera de estas tareas complementarias, contrastada con el resultado final, tal vez parezca de escasa monta. Sin embargo, el efecto acumulativo de sucesivos errores en la resolución de esos pequeños asuntos puede frustrar el éxito de planes perfectamente trazados en sus líneas maestras. Y es más, tales errores implican malgastar factores de producción siempre escasos, perjudicando con ello la mejor satisfacción de las necesidades de los consumidores.
Conviene advertir la diferencia esencial entre estos cometidos y las funciones tecnológicas a las que anteriormente nos referimos. La ejecución de cualquier proyecto empresarial con el que se pretende llevar a cabo un determinado plan de acción exige adoptar múltiples disposiciones de menor rango. Cada una de estas actuaciones secundarias ha de practicarse sobre la base de preferir siempre aquella fórmula que, sin perturbar el plan general de la operación, resulte la más económica. En estos aspectos conviene evitar cuidadosamente cualesquiera costes superfluos, por lo mismo que deben evitarse en el plan general. El profesional, desde su punto de vista puramente técnico, quizá no vea diferencia alguna entre las diversas fórmulas que permiten resolver determinado problema; quizás incluso prefiera uno de dichos métodos sobre la base de la mayor productividad material del mismo. El empresario, en cambio, actúa impulsado por el afán de lucro. De ahí que se vea obligado a preferir la solución más económica, es decir, aquélla que permita prescindir del consumo del mayor número posible de factores de producción, cuya utilización impediría llegar a satisfacer otras necesidades más importantes para los consumidores. Optará, pues, entre los diversos métodos considerados iguales por los técnicos, prefiriendo aquél que requiera un gasto menor. Tal vez rechace el método de mayor productividad material, aunque más costoso, en razón a que su previsión le indica que ese incremento de la producción no será bastante para compensar el mayor gasto que implica. El empresario debe cumplir fielmente su función, consistente en acomodar la producción a la demanda de los consumidores —según queda reflejada en los precios del mercado— no sólo cuando se trata de los grandes acuerdos y planes, sino también a diario, resolviendo todos esos pequeños problemas que suscita la gestión normal de los negocios.
El cálculo económico tal como se practica en la economía de mercado, y particularmente la contabilidad por partida doble, permiten que el empresario no tenga que ocuparse personalmente de muchos de estos detalles. Puede así concentrarse en los problemas decisivos, despreocupándose de una multitud de minucias que en su totalidad resultarían imposibles de abarcar por cualquier mente humana. En este sentido, puede buscar colaboradores que se cuiden de determinadas tareas empresariales de orden secundario. Tales colaboradores, por su parte, también pueden buscar la ayuda de auxiliares, dedicados a atender cometidos aún más simples. Es así como se estructura la jerarquía empresarial.
El director viene a ser, como si dijéramos, un hermano menor del empresario, sin que a estos efectos interesen las concretas condiciones contractuales y crematísticas de su trabajo. Lo importante es que el propio interés económico le induce al director a atender, con la mayor diligencia, aquellas funciones empresariales que, en una esfera de acción limitada y precisamente acotada, le son confiadas.
Gracias a la contabilidad por partida doble puede funcionar el sistema directorial o gerencial. Permite al empresario computar separadamente el comportamiento de los diversos sectores que integran su empresa y la utilidad de cada uno de ellos. Puede así contemplar dichos sectores como si de entidades independientes se tratara y valorarlos con arreglo a su respectiva contribución al éxito del negocio. En el marco del sistema de cálculo mercantil, cada sección equivale a una entidad completa; es, por decirlo así, una operación independiente. Se supone que cada una «posee» determinada proporción del capital social; que compra y vende a otras secciones; que tiene gastos e ingresos propios; que provoca beneficio u origina quebranto que se imputa a la misma, independientemente de los resultados obtenidos por las demás divisiones. El empresario puede, por tanto, conceder al director de cada una de ellas una gran independencia. La única norma que da a la persona a quien confía la dirección de un determinado asunto es la de que produzca con su gestión el mayor beneficio posible. El simple examen de las cuentas demostrará después en qué proporción triunfó o fracasó en la consecución de tal objetivo. El director o subdirector responde de la marcha de su sección o subsección. Si la contabilidad indica que la misma ha sido provechosa, él se apunta el tanto; por el contrario, cuando haya pérdidas, éstas irán en su descrédito. Es el propio interés lo que le induce a atender, con el máximo celo y dedicación, la marcha de lo que le ha sido encomendado. Si sufre pérdidas, el empresario le reemplazará por otra persona o liquidará el asunto. El director, en todo caso, pierde, al quedar despedido. Por el contrario, si triunfa y produce beneficios, incrementa sus ingresos o al menos no corre el riesgo de verse privado de ellos. El que tenga o no participación en los beneficios carece de importancia por lo que atañe a ese personal interés que se ve constreñido a poner en los resultados de las operaciones a él confiadas. Su propio bienestar, en cualquier caso, depende directamente de la buena marcha del cometido que dirige. La función del director no estriba, como la del técnico, en realizar una determinada obra con arreglo al sistema que le haya sido prefijado. Consiste, por el contrario, en ajustar —siempre dentro de los límites en que discrecionalmente puede actuar— la marcha de la empresa a la situación del mercado. Ahora bien, al igual que el empresario puede reunir en su persona funciones empresariales y técnicas, también puede el director desempeñar al mismo tiempo cometidos de diverso orden.
La función directiva o gerencial se halla siempre en relación de subordinación con respecto a la empresarial. Mediante aquélla, puede el empresario descargarse de algunas de sus obligaciones menores; pero nunca puede el director sustituir al empresario. Tal error brota de no saber diferenciar la categoría empresarial, según aparece en la construcción imaginaria de la distribución de funciones, de la que surge en una economía de mercado viva y activa. La función del empresario no puede desligarse de la decisión sobre el empleo que debe darse a los factores de producción en orden a la realización de determinadas tareas. El empresario controla los factores de producción y es ese control el que le coloca en posición de obtener beneficios o sufrir pérdidas de tipo empresarial.
En algunos casos, se le puede retribuir al director proporcionalmente a la medida en que su sección haya contribuido a los beneficios obtenidos por el empresario. Pero ello carece de importancia. Según antes se decía, el director tiene siempre interés personal en que prospere el sector confiado a su tutela. Ello no obstante, nunca llega a ser patrimonialmente responsable de las pérdidas. Tales quebrantos recaen exclusivamente sobre los propietarios del capital invertido. No es posible transferirlos al director.
La sociedad puede libremente dejar en manos de los propietarios de los factores de producción el decidir qué empleo convenga darles. Al lanzarse a operaciones específicas, dichos propietarios se juegan su posición social, sus propiedades y riquezas personales. Mayor interés incluso que la sociedad tienen ellos en el buen fin de la propia actividad. Para el conjunto de la sociedad, la pérdida del capital invertido en determinado negocio implica sólo la desaparición de una pequeña parte de sus fondos totales; para el propietario, en cambio, supone mucho más; frecuentemente, la ruina total. La cosa cambia completamente cuando se trata de dar carta blanca al director, pues en tal caso éste lo que hace es especular con dinero ajeno. No contempla el riesgo del mismo modo que quienes van a responder personalmente de posibles pérdidas. Retribuirle a base de participación en beneficios incrementa muchas veces su temeridad, ya que está a las ganancias, pero no a los quebrantos.
Suponer que la función gerencial comprende toda la actividad empresarial e imaginar que el director puede reemplazar sin merma al empresario son espejismos provocados por una errónea apreciación sobre la naturaleza de las sociedades anónimas, las entidades mercantiles típicas del moderno mundo de los negocios. Asegúrase que los gerentes y directores a sueldo son quienes en verdad llevan las compañías anónimas, quedando relegados los socios capitalistas a la función de meros espectadores pasivos. Unos cuantos funcionarios asalariados concentran en sus manos todo el poder decisorio. Los accionistas resultan ociosos y vanos; no hacen más que lucrarse con el trabajo ajeno.
Quienes así piensan desconocen por completo el papel que el mercado del dinero y del capital, de acciones y valores mobiliarios en general, es decir, eso que, con toda justeza, suele denominarse simplemente «el mercado», juega en la vida de las empresas. Los populares prejuicios anticapitalistas denigran las operaciones que en dicho mercado se practican, calificándolas de meras especulaciones y lances de azar. Pero la verdad es que las variaciones registradas por los cambios de las acciones y demás valores mobiliarios son los medios con que los capitalistas gobiernan el movimiento del capital. La estructura de precios derivada de las especulaciones que se realizan en los mercados del dinero y del capital, así como en las grandes bolsas de mercancías, no sólo determina cuánto capital hay disponible para llevar adelante las operaciones de cada compañía, sino que crea, además, un estado de cosas al que deben ajustarse minuciosamente en sus actuaciones los directores.
Son los accionistas y los mandatarios de su elección, los consejeros, quienes trazan las líneas a que ha de ajustarse la actuación de las sociedades. Los consejeros nombran y despiden a los directores. En las compañías pequeñas, y a veces también en algunas de mayores proporciones, los propios consejeros reúnen en su persona las funciones en otros casos asignadas a los directores. En última instancia, jamás una empresa próspera se halla controlada por gentes a sueldo. La aparición de una todopoderosa clase directorial no es un fenómeno provocado por la economía de mercado. Al contrario, es fruto de una política intervencionista, que conscientemente pretende aniquilar el poder de los accionistas sometiéndolos a una disimulada confiscación. En Alemania, Italia y Austria fue esta política un paso previo para acabar reemplazando la libre empresa por el control estatal del mundo de los negocios; lo mismo sucedió en Gran Bretaña por lo que al Banco de Inglaterra y a los ferrocarriles se refiere. Tendencias similares prevalecen en los Estados Unidos en lo atinente a las empresas de servicios públicos. Las maravillosas realizaciones de las sociedades mercantiles no pueden atribuirse a la actuación de ninguna oligarquía directorial contratada a sueldo; al contrario, fueron creación de gente identificada con la empresa por ser propietaria de importantes paquetes o de la mayoría de sus acciones, individuos a quienes muchos denigran tildándoles de especuladores y logreros.
El empresario resuelve por sí solo, sin intervención de director alguno, en qué negocios va a emplear el capital, así como la cuantía del mismo que le conviene invertir. Amplía o reduce su empresa y las secciones que la integran y traza los planes financieros. Éstos son los problemas fundamentales a resolver en el mundo de los negocios. Tanto en las sociedades anónimas como en las demás entidades mercantiles la resolución de dichos extremos recae exclusivamente sobre el empresario. Cualquier asesoramiento que en tales materias pueda buscar son meras ayudas; tal vez pondere, desde un punto de vista legal, estadístico o técnico, las circunstancias concurrentes; pero la decisión final, que implica siempre enjuiciar y pronunciarse sobre el futuro estado del mercado, sólo el empresario puede adoptarla. La ejecución del correspondiente plan, una vez decidido, es lo único que éste confía a sus directores.
Las funciones sociales de la élite directorial son no menos indispensables para el buen funcionamiento de la economía de mercado que las funciones de la élite de los inventores, los técnicos, los ingenieros, proyectistas, científicos y hombres de laboratorio. Son muchas las personas de excepcional valía que trabajan por la causa del progreso económico. Los buenos directores perciben elevadas retribuciones, y frecuentemente tienen participación en los beneficios de la empresa. Muchos son los que acaban siendo, ellos mismos, capitalistas y empresarios. Pero la función de director es esencialmente distinta de la de empresario.
Es un grave error asimilar empresarios y directores como se hace al contraponer, en el lenguaje vulgar, el «elemento patronal» y el «elemento obrero». En este caso, se trata de una asimilación intencionadamente buscada. Mediante ella se pretende enmascarar la radical diferencia entre las funciones del empresario y las de los directores entregados a la mera gestión del negocio. La estructura de las entidades mercantiles, la distribución del capital entre las diversas ramas de la producción y las distintas empresas, el volumen y clase de las plantas fabriles, de los comercios y explotaciones, cree la gente, son hechos dados, y se presupone que no habrá cambio ni modificación alguna en el futuro, como si la producción hubiera de proseguir siempre por los mismos trillados caminos. En un mundo estacionario, no hay lugar para innovadores ni promotores; la cifra total de beneficios es igual a la cifra total de pérdidas. Pero basta, simplemente, con comparar la estructura de los negocios americanos en el año 1945 con la de los mismos en 1915 para evidenciar el error de semejante doctrina.
Ahora bien, aun en un mundo estacionario, carecería de sentido conceder al «trabajo», como reclama el eslogan popular, una participación en la dirección de los negocios. La realización de semejante postulado implicaría implantar el sindicalismo1.
Se propende hoy también a confundir a los directores con los funcionarios burocráticos.
La administración burocrática, contrapuesta a la administración que persigue el lucro, es aquélla que se aplica en los departamentos públicos encargados de provocar efectos cuyo valor no puede ser monetariamente cifrado. El servicio de policía es de gran importancia para salvaguardar la cooperación social; beneficia a todos los miembros de la sociedad. Pero esa ventaja carece de precio en el mercado; no puede ser objeto de compra ni de venta; resulta, por tanto, imposible contrastar el resultado obtenido con los gastos efectuados. Hay, desde luego, ganancia; pero se trata de un beneficio que no se puede reflejar en términos monetarios. No pueden aplicarse aquí ni el cálculo económico ni la contabilidad por partida doble. No es posible atestiguar el éxito o el fracaso de un departamento de policía mediante los procedimientos aritméticos que se emplean en el comercio con fin lucrativo. Ningún contable puede ponderar si la policía o determinada sección de la misma ha producido ganancia o pérdida.
La cuantía de las inversiones que proceda efectuar en cada rama industrial la determinan, con sus actuaciones, los consumidores. Si la industria del automóvil triplicara su capital, los servicios que presta al público, indudablemente, resultarían mejorados. Habría más coches. Ahora bien, esa expansión de la industria automovilística detraería capital de otros sectores de la producción que atienden necesidades más urgentemente sentidas por los consumidores. Tal circunstancia daría lugar a que esa expansión de la industria automovilística originara pérdidas, mientras se incrementan los beneficios de aquellas otras ramas industriales. En su afán por lograr el mayor beneficio posible, los empresarios se ven obligados a destinar a cada rama industrial sólo el capital que puede ser invertido sin perjudicar la satisfacción de otras necesidades de los consumidores más perentorias. De esta suerte, la actividad empresarial se halla gobernada, digamos, automáticamente, por la voluntad de los consumidores, según ésta se refleja en la estructura de los precios de los bienes de consumo.
En cambio, en la asignación de los fondos destinados a financiar los gastos estatales no existe semejante limitación. Es indudable que los servicios del departamento de policía de la ciudad de Nueva York se mejorarían notablemente si se triplicara la consignación presupuestaria. Pero el problema consiste precisamente en determinar si dicha mejora justifica reducir los servicios prestados por otros departamentos municipales —los de sanidad, por ejemplo— o bien restringir la capacidad adquisitiva de los contribuyentes. Cuestión ésta que no puede resolverse acudiendo a la contabilidad del departamento de policía. Tales cuentas sólo nos informan acerca del gasto efectuado. Ninguna valoración nos brindan de los resultados obtenidos, por cuanto éstos no pueden ser expresados en términos monetarios. Los ciudadanos han de determinar, de un modo directo, cuáles son los servicios que desean y que están dispuestos a pagar. En la práctica, se desentienden de la concreta resolución del problema eligiendo a concejales y funcionarios que resuelven dichos asuntos de acuerdo con los deseos de sus electores.
El alcalde y sus colaboradores ven su actividad limitada por el presupuesto. No pueden ejecutar discrecionalmente las obras municipales que consideren más interesantes. Deben invertir los fondos recibidos precisamente en los cometidos previstos por el presupuesto. Les está vedado asignarlos a otras atenciones. La contabilidad en la administración pública difiere totalmente de la que se sigue en el mundo de los negocios lucrativos. En el sector público, la contabilidad tiene por objeto verificar que los fondos se han invertido de conformidad con las previsiones presupuestarias.
En los negocios con fin lucrativo, la discrecionalidad de directores y subdirectores queda condicionada tan sólo por las ganancias y las pérdidas. El afán de lucro obliga a respetar los deseos de los consumidores. No hay por qué limitar la actividad de aquéllos mediante detalladas ordenanzas y reglamentos. Si se trata de personas eficientes, ese quisquilloso entrometimiento, en el mejor de los casos, resultará o innecesario o perjudicial como paralizadora camisa de fuerza. En cambio, si el individuo es torpe e ineficaz, no mejorará, por mucho que se le reglamente. En tal supuesto, se le estará brindando justificación para su torpeza, pues podrá argüir que las órdenes recibidas son las causantes del mal. La única norma que rige en el mundo mercantil es evidente y no precisa reiteración: buscar siempre la ganancia.
El planteamiento es distinto en la esfera de la administración pública, en la gestión de los asuntos estatales. No hay aquí consideraciones lucrativas que orienten la discrecionalidad del funcionario. Si el jefe supremo —el pueblo soberano o el déspota gobernante— dejara a los empleados públicos en plena libertad, ello equivaldría a renunciar a la propia supremacía en favor de meros servidores. Dichos funcionarios se convertirían en agentes que a nadie rendirían cuentas y su poder superaría al del pueblo o el déspota. Harían lo que ellos quisieran; no respetarían la voluntad de sus amos. Para impedir esto y mantenerlos sometidos a la voluntad de sus superiores, es preciso instruirles detalladamente acerca de cómo deben proceder en cada caso. Han de operar ateniéndose siempre a las normas y reglamentos. Su discrecionalidad —el dar a los problemas la solución que personalmente consideren mejor— se halla severamente tasada por las reglamentaciones. Dichas personas, en definitiva, no son más que burócratas, es decir, gentes que han de atenerse siempre, invariablemente, a códigos inflexibles de preceptos formales.
La gestión burocrática implica detalladas normas y reglamentaciones prefijadas autoritariamente por el superior. Es la única alternativa que cabe adoptar cuando la gestión con fin lucrativo no es posible, resultando ésta inaplicable mientras su actuación carezca de valor monetario o si se rehúye el lucro en materias que por su índole podrían ser financieramente provechosas. El primer supuesto es el que plantea la administración de la cosa pública; el segundo es el de las instituciones sin ánimo de lucro, como, por ejemplo, una escuela, un hospital o un servicio de correos. Toda empresa que no se inspire en el afán de lucro ha de ser gobernada por normas burocráticas.
La gestión burocrática no es recusable por sí misma. Es el único método idóneo para llevar adelante los asuntos estatales, es decir, el aparato social de compulsión y coacción. Puesto que el gobierno es necesario, la burocracia —en su esfera— no lo es menos. En aquello en que no pueda aplicarse el cálculo económico, es forzoso recurrir a los métodos burocráticos. Por eso, un gobierno socialista tiene que aplicarlos a todos los asuntos.
Ningún negocio, sean cuales fueren sus dimensiones u objetivos, se hará jamás burocrático mientras persiga, pura y exclusivamente, el lucro. En cambio, tan pronto como deja de lado el afán lucrativo y lo reemplaza por el llamado principio de servicio —es decir, la prestación de servicios prescindiendo de si el precio percibido cubre o no los gastos— es preciso recurrir a los métodos burocráticos y olvidar a gerentes o directores de tipo empresarial2.