7. La desigualdad de rentas y patrimonios

La desigualdad de rentas y patrimonios es una nota típica de la economía de mercado.

Muchos autores han hecho notar la incompatibilidad de la libertad y la igualdad de rentas y patrimonios. No es necesario examinar aquí los argumentos emocionales que se esgrimen en tales escritos. Tampoco vale la pena entrar a dilucidar si la renuncia a la libertad permitiría uniformar rentas y patrimonios, ni inquirir si la sociedad podría pervivir sobre la base de semejante igualdad. De momento nos interesa tan sólo examinar la función que en la sociedad de mercado desempeña esa desigualdad de ingresos y fortunas.

En la sociedad de mercado se recurre a la coacción y compulsión directa sólo para atajar las acciones perjudiciales para la cooperación social. Por lo demás, la policía no interfiere en la vida de los ciudadanos. Quien respeta la ley no tiene por qué temer a la autoridad pública. La presión necesaria para inducir a la gente a contribuir al esfuerzo productivo común se ejerce a través de los precios del mercado. Dicha inducción es de tipo indirecto; consiste en premiar la contribución de cada uno a la producción proporcionalmente al valor que los consumidores atribuyen a la misma. Sobre la base de recompensar las diversas actuaciones individuales con arreglo a su respectivo valor, se deja que cada uno decida libremente en qué medida va a emplear sus facultades y conocimientos para servir a su prójimo. Por supuesto, este método no compensa la posible incapacidad personal del sujeto. Pero induce a todo el mundo a aplicar sus conocimientos y aptitudes, cualesquiera que sean, con el máximo celo.

La única alternativa a ese apremio crematístico del mercado es aplicar la coacción y compulsión directa de la fuerza policial. Las autoridades deben decidir por sí solas qué cantidad y tipo de trabajo debe realizar cada uno. Puesto que las condiciones personales de la gente son distintas, el mando tiene que valorar previamente la capacidad individual de todos los ciudadanos. De este modo el hombre queda asimilado al recluso, a quien se le asigna una determinada tarea, y, cuando el sujeto no cumple con el trabajo asignado a gusto de la autoridad, recibe el oportuno castigo.

Es importante advertir la diferencia entre recurrir a la violencia para evitar la acción criminal y la coacción empleada para obligar a una persona a cumplir determinada tarea. En el primer caso, lo único que se exige al individuo es que no realice un cierto acto, taxativamente precisado por la ley. Generalmente, es fácil comprobar si el mandato legal ha sido o no respetado. En el segundo supuesto, por el contrario, se obliga al sujeto a realizar determinada obra; la ley le exige, de un modo indefinido, aportar su capacidad laboral, correspondiendo al jerarca el decidir cuándo ha sido debidamente cumplimentada la orden. El interesado debe atenerse a los deseos de la superioridad, resultando extremadamente arduo decidir si la empresa que el poder ejecutivo encomienda al actor se adapta a sus facultades y si la misma se ha realizado poniendo el sujeto de su parte cuanto puede. La conducta y la personalidad del ciudadano quedan sometidas a la voluntad de las autoridades. Cuando, en la economía de mercado, se trata de enjuiciar una acción criminal, el acusador ha de probar la responsabilidad del encartado; tratándose, en cambio, de la realización de un trabajo forzado, es el propio acusado quien debe mostrar que la labor era superior a sus fuerzas y que ha puesto de su parte cuanto podía. En la persona del jerarca económico se confunden las funciones de legislador y de ejecutor de la norma legal; las de fiscal y juez. El «acusado» está a la merced del funcionario. Eso es lo que la gente entiende por falta de libertad.

Ningún sistema de división social del trabajo puede funcionar sin un mecanismo que apremie a la gente a trabajar y a contribuir al común esfuerzo productivo. Si no se quiere que dicha inducción sea practicada por la propia estructura de los precios del mercado y la correspondiente diversidad de rentas y fortunas, es preciso recurrir a la violencia, es decir, a los métodos de opresión típicamente policiales.