12. Límites a la emisión de medios fiduciarios

La gente emplea los sustitutos monetarios como si fueran dinero, ya que está convencida de que, en todo momento y sin gasto alguno, podrá canjearlos por dinero efectivo. Denominaremos clientes del banco, banquero o entidad oficial emisora a aquéllos que abrigan esa confianza y que, por tanto, manejan los sustitutos monetarios como si se tratara de dinero. Carece de importancia que el organismo emisor funcione o no de acuerdo con los usos y sistemas generalmente adoptados por el mundo bancario. Las piezas de moneda fraccionaria emitidas por el tesoro público, como decíamos, son igualmente sustitutos monetarios, pese a que el erario, por lo general, ni contabiliza su importe como un débito ni quedan formalmente incrementadas en la correspondiente cuantía las deudas del estado. Tampoco tiene importancia que el poseedor del sustituto monetario esté o no facultado legalmente para exigir la conversión del mismo en dinero. Lo único que interesa es aclarar si el sustituto monetario puede ser o no canjeado por dinero a la vista y sin gasto alguno¹.

Emitir certificados monetarios es una actividad costosa. Los billetes de banco hay que imprimirlos; las piezas hay que fundirlas; es necesario organizar una detallada contabilidad de los depósitos; las reservas deben guardarse y protegerse; existe el riesgo de la falsificación de cheques y billetes. Frente a todos estos gastos no existe más que la pequeña ventaja de que parte de los títulos pueda desaparecer y la posibilidad, todavía más remota, de que algún depositante olvide el depósito constituido. La emisión de certificados monetarios, si no va acompañada del derecho a crear medios fiduciarios, es un negocio ruinoso. Hubo antiguamente bancos que se dedicaban exclusivamente a emitir certificados monetarios. Pero los clientes de dichas instituciones pagaban esos costes. Ciertamente, la cataláctica no se interesa por los problemas puramente técnicos que se plantean al banco que no emite medios fiduciarios. Nuestra ciencia se interesa por los certificados monetarios sólo por la conexión que existe entre la creación de éstos y la emisión de medios fiduciarios.

Mientras la cuantía de los certificados monetarios existentes carece de importancia para la cataláctica, el aumento o disminución de la de los medios fiduciarios afecta al poder adquisitivo del dinero, como toda variación de la cantidad de dinero existente influye en aquél. De ahí que el problema referente a si existen o no límites naturales a la creación de medios fiduciarios cobre capital importancia.

Cuando la clientela del banco emisor engloba a todos los miembros del sistema económico, los únicos límites trazados a la emisión de medios fiduciarios son los mismos que coartan la creación de dinero propiamente dicho. En efecto, un banco que como única institución emisora de medios fiduciarios actuara en el ámbito mundial o en un país totalmente aislado del exterior, cuya clientela abarcaría, por tanto, a todas las personas individuales y jurídicas que operaran en esa economía, tendría que atenerse en todo caso a las dos reglas siguientes:

Primera: Evitar toda actuación que pudiera despertar sospechas entre sus clientes, es decir, entre el público. Porque la clientela, tan pronto como perdiera la confianza, exigiría el canje de los billetes emitidos y además retiraría las sumas depositadas. Hasta qué punto podría el banco proseguir la creación de medios fiduciarios sin despertar sospechas en el público, depende de circunstancias psicológicas.

Segunda: Los medios fiduciarios deberán ser lanzados al mercado con la moderación y pausa convenientes para que la clientela no comience a pensar que el alza de los precios va a proseguir acelerada e ininterrumpidamente. Pues si llega a tal conocimiento, la gente reducirá sus tesorerías y buscará protección en valores «reales», lo cual forzosamente desatará el pánico y la crisis. Ahora bien, este catastrófico final exige el previo desvanecimiento de la confianza del público. Ciertamente, la gente preferirá canjear por dinero los medios fiduciarios antes que emprender la huida hacia valores reales; es decir, antes de lanzarse a comprar locamente cualquier mercancía. Esta pretensión del público pondrá inmediatamente en suspensión de pagos a la entidad emisora. Si el gobierno interviene y exonera al banco de la obligación de canjear sus billetes por dinero efectivo y de devolver los depósitos recibidos de acuerdo con las estipulaciones contractuales en su día convenidas, los medios fiduciarios se transforman en dinero crediticio o dinero fiat. El planteamiento del asunto, al suspenderse el pago en efectivo, ha cambiado por completo. Ya no estamos ante medios fiduciarios, certificados ni sustitutos dinerarios. El gobierno ha intervenido imponiendo el curso forzoso. El banco pierde toda su independencia; ya no es más que una herramienta en manos de los políticos, simple filial del erario público.

Pero los problemas más importantes —desde el punto de vista de la cataláctica— de la creación de medios fiduciarios por parte de uno o de varios bancos, actuando en este caso de consuno, cuya clientela comprende a todos los individuos, no son los referentes a los límites en la colocación de medios fiduciarios. Al examen de tales importantes problemas se dedica el capítulo XX, que estudia las relaciones entre la cantidad de dinero y el tipo de interés.

Examinemos ahora la cuestión de la coexistencia de múltiples bancos independientes. Al decir independientes queremos significar que cada uno de ellos crea libremente los medios fiduciarios que considera conveniente, guiándose tan sólo por su propio interés, sin ponerse de acuerdo con las otras instituciones. Al hablar de coexistencia queda implícito que cada una de dichas entidades tiene una clientela limitada que en modo alguno abarca a cuantos operan en el sistema económico. Para simplificar el planteamiento, supondremos que cada persona, ya sea individual o jurídica, es cliente de un solo banco. En nada cambia la conclusión si suponemos que hay clientes de varios bancos y gente que no opera con ninguno de ellos.

La cuestión que se plantea no se refiere a si existen o no límites a la capacidad para crear medios fiduciarios por parte de esas entidades independientes. Si esos límites a la emisión de medios fiduciarios los tiene incluso una entidad bancaria única cuya clientela abarca todo el mercado, es evidente que al menos con las mismas limitaciones deberá tropezar una multiplicidad de bancos que operan independientemente dentro del mismo sistema. Lo que ahora queremos demostrar es que en este segundo supuesto tales limitaciones son mucho más rigurosas que cuando se trata de un banco único con clientela omnicomprensiva.

Suponemos, pues, que hay ya diversos bancos independientes que operan en el sistema económico. Mientras que con anterioridad sólo se usaba dinero mercancía, estos bancos han introducido el uso de los sustitutos monetarios, parte de los cuales son medios fiduciarios. Cada uno de ellos tiene sus propios clientes, los cuales han obtenido cierta cantidad de medios fiduciarios que, como sustitutos monetarios, retienen en caja. Estos medios fiduciarios emitidos por los bancos y absorbidos en las tesorerías de la clientela alteraron en su día la estructura de los precios, variando el poder adquisitivo de la moneda; pero los efectos de esos cambios hace tiempo que quedaron consumados, de tal forma que en el mercado no influye ya la pasada expansión crediticia.

Suponemos, asimismo, que uno de estos bancos se lanza a emitir adicionales medios fiduciarios sin que las demás entidades le sigan. Los clientes del banco que amplía sus operaciones —ya sean clientes antiguos o gente nueva, atraída por la propia expansión crediticia— reciben créditos adicionales que les permiten ampliar sus actividades mercantiles, apareciendo ante el mercado con una nueva demanda de bienes y servicios, lo cual provoca el alza de los precios. Quienes no son clientes de dicho banco no pueden soportar el alza y se ven obligados a restringir sus compras. Se produce, pues, una transferencia de bienes de los no clientes del banco en cuestión a los clientes del mismo. Los clientes compran a los no clientes más de lo que a éstos venden; para pagar a los no clientes, disponen aquéllos de sumas dinerarias supletorias, independientemente de las que por sus ventas reciben de los clientes. Los sustitutos monetarios emitidos por ese banco no sirven para pagar a quienes no son clientes del mismo, ya que éstos no conceden a los mismos la condición de sustitutos monetarios. Para pagar a los no clientes, los clientes han de proceder primero a canjear por dinero los sustitutos monetarios emitidos por su banco. La institución se ve constreñida a pagar sus billetes, con lo cual deberá entregar parte de los depósitos recibidos. Sus reservas —suponiendo que los sustitutos monetarios sólo en parte son fiduciarios— disminuyen. Se aproxima el momento en que el banco —agotadas sus reservas dinerarias— no podrá ya redimir los sustitutos monetarios emitidos. Si quiere evitar la suspensión de pagos deberá volver rápidamente a una política que le permita incrementar sus reservas dinerarias. Deberá renunciar a toda operación expansionista.

La Escuela Monetaria describió brillantemente la reacción del mercado ante la expansión crediticia cuando la practicaba un banco de limitada clientela. Concentraban tales teóricos su atención en el supuesto de que el banco central solo, o él y todos los demás bancos de un determinado país, se lance a la expansión crediticia, mientras los institutos de crédito de las restantes naciones no practican tal política. Nosotros, en cambio, hemos abordado un caso más general, suponiendo que coexisten diversos bancos con clientela distinta cada uno, en el que incluso queda comprendida la posible existencia de un solo banco con limitada clientela en un sistema en el que el resto de la gente no opera con ningún banco y no considera ningún crédito como sustituto monetario. En nada varía el planteamiento si se supone que los clientes de cada banco habitan —separados de la clientela de los demás bancos— en específicas zonas o lugares, o que, por el contrario, todos viven entremezclados en distritos comunes. Se trata de meros detalles circunstanciales que para nada afectan a los problemas catalácticos en cuestión.

Ningún banco puede jamás emitir sustitutos monetarios por cuantía superior a la cifra que sus clientes están dispuestos a retener en caja. Y ningún cliente puede, por su parte, retener sustitutos monetarios que representen en su tesorería proporción superior al porcentaje que en el total balance comercial del interesado supongan sus operaciones con otros clientes del propio banco. Para disfrutar de un mayor desahogo, nunca alcanzará ese tope máximo de sustitutos monetarios. Queda así limitada la creación de medios fiduciarios. Las cosas no cambiarían ni aun imaginando que todo el mundo aceptara en sus operaciones mercantiles billetes de banco emitidos por cualquier entidad y cheques librados contra todo banquero. Porque cada uno entregará seguidamente a su banquero no sólo los cheques, sino también los billetes emitidos por aquellos bancos de los cuales el interesado no es cliente. El banquero en cuestión regularizará inmediatamente sus cuentas con la entidad afectada. El proceso antes descrito vuelve así a ponerse en marcha.

Muchas necedades se han escrito sobre la torpe predilección del público por los billetes que emiten banqueros sin escrúpulo. La verdad es que, salvo un restringido número de hombres de negocios que distinguían perfectamente los bancos buenos de los malos, el resto de la gente desconfió siempre del billete. Fue el especial trato de favor que las autoridades concedieron a determinados bancos privilegiados lo que paulatinamente hizo desaparecer la desconfianza. El argumento tantas veces esgrimido según el cual los billetes de banco de escasa cuantía van a parar a gentes pobres e ignorantes, incapaces de distinguir entre los billetes buenos y los malos, no puede sostenerse seriamente. Cuanto más pobre y más desconocedor de la práctica bancaria sea el individuo que recibe el billete, con tanta mayor rapidez se deshará del mismo y el título volverá, por vía del comercio al por mayor o detallista, al banco emisor o llegará a manos de gente conocedora de la realidad bancaria.

Es muy fácil para un banco incrementar el número de personas dispuestas a aceptar los créditos que el mismo en cualquier expansión otorgue mediante la creación de cierta cantidad de sustitutos monetarios. Lo difícil para cualquier institución de crédito es ampliar su clientela, es decir, el número de personas dispuestas a considerar sus títulos como sustitutos monetarios y a conservarlos como tales en caja. Ampliar el número de esos clientes es un proceso largo y penoso, como lo es conquistar buen nombre comercial en cualquier esfera. Un banco, en cambio, puede perder la clientela con la mayor celeridad. Si pretende prosperar, jamás debe permitir duda alguna acerca de su capacidad y buena disposición para cumplir religiosamente las obligaciones que contraiga. Por ello deberá siempre disponer de reservas bastantes para redimir los billetes que le sean presentados por cualquier tenedor. Por consiguiente, ningún banco puede dedicarse a emitir tan sólo medios fiduciarios; debe contar siempre con ciertas reservas en garantía de los sustitutos monetarios emitidos, combinando la emisión de medios fiduciarios con la creación de certificados dinerarios.

Fue un grave error creer que la misión de las reservas era pagar los billetes presentados al cobro por haber perdido sus tenedores fe en la institución. La confianza en el banco y en los sustitutos monetarios por él emitidos debe ser siempre total. O los clientes todos tienen fe en el banquero o nadie se fía de él. Si alguien comienza a desconfiar, el resto rápidamente le imita. Ningún banco que se dedique a emitir medios fiduciarios y a conceder crédito circulatorio puede cumplir los compromisos contraídos con motivo de la creación de los sustitutos monetarios si todos sus clientes pierden la confianza y exigen el pago de los billetes que poseen y la devolución de sus depósitos. He ahí el peligro, el inconveniente típico del negocio de emitir medios fiduciarios y arbitrar crédito circulatorio. Ese riesgo no puede soslayarse mediante política alguna de reservas, ni imponiendo limitaciones legales a la banca. Las reservas, en el mejor de los casos, sirven sólo para permitir al banco retirar del mercado cualquier excedente de medios fiduciarios que haya creado. Si la institución ha emitido más billetes de los que sus clientes emplean al comerciar con otros clientes del propio banco, el exceso forzosamente deberá ser redimido.

Las previsiones legales que obligan a los bancos a mantener reservas proporcionales a sus cuentas deudoras y a la cantidad de billetes emitidos tienen eficacia en el sentido de limitar la capacidad de la banca para crear medios fiduciarios y crédito circulatorio; pero son inútiles si lo que pretenden es garantizar el pago de los billetes emitidos y la devolución de las sumas depositadas el día en que el público pierda confianza en la institución.

La Escuela Bancaria se equivocó totalmente al abordar estas cuestiones. En particular, al suponer que las propias necesidades mercantiles imponen una rígida limitación a la cantidad de billetes convertibles que la banca puede emitir. No advertía que la demanda de crédito sólo depende de hasta dónde el banco esté dispuesto a llegar; si la entidad se despreocupa de su propia liquidez, fuertemente puede ampliar la concesión de crédito circulatorio rebajando el interés por debajo del nivel del mercado. No es cierto que, si los bancos limitasen su actividad prestamista a descontar las letras a corto plazo generadas por la compraventa de primeras materias y productos semiacabados, el crédito máximo que la banca podría conceder sería una suma determinada por la situación mercantil e independiente de la actuación de los banqueros. La cuantía total de créditos concedidos se amplía o restringe reduciendo o elevando el tipo de descuento. Al rebajar el interés, se incrementan los préstamos que erróneamente se considera son necesarios para atender normales y justas necesidades mercantiles.

La Escuela Monetaria formuló una correcta explicación de la serie de crisis que perturbaron la vida económica inglesa de 1830 a 1850. El Banco de Inglaterra, así como otros bancos y banqueros británicos, hacían expansión crediticia, expansión inexistente o, en todo caso, de menor grado en aquellos países con los cuales Gran Bretaña comerciaba. Como consecuencia de ello se producían continuas salidas de oro desde las islas al continente. De nada sirvieron las explicaciones de la Escuela Bancaria para refutar semejante teoría. Por desgracia, la Escuela Monetaria se equivocó en dos puntos. En primer lugar, no comprendió que el remedio por ella preconizado —es decir, la prohibición legal de que el valor de los billetes emitidos fuera superior a las reservas efectivamente poseídas por la institución— no era la única solución; jamás se les ocurrió a aquellos economistas ni siquiera pensar en las posibilidades de la libertad bancaria. El segundo error consistió en no advertir que las cuentas de crédito abiertas por los bancos a sus clientes son también sustitutos monetarios, y que son medios fiduciarios en la proporción en que exceden al dinero efectivamente depositado a plazo, por lo que son instrumentos de expansión crediticia de la misma categoría que los billetes del banco. El único mérito de la Escuela Bancaria fue reconocer que lo que suele llamarse dinero bancario (deposit currency) es un sustituto dinerario idéntico al billete de banco. A parte de esto, la Escuela Bancaria se equivocó en todo. La idea contradictoria de la neutralidad del dinero cegaba a aquellos teóricos, quienes pretendieron refutar la teoría cuantitativa del dinero ingeniando un deus ex machina —los famosos atesoramientos— y se equivocaron totalmente al abordar los problemas del tipo de interés.

Conviene subrayar que, si se ha suscitado la necesidad de imponer límites legales a la capacidad bancaria para emitir medios fiduciarios, ello ha sido exclusivamente en razón a que las autoridades privilegiaron a determinados bancos, impidiendo de esta suerte el libre desarrollo a la banca en general. Ese denominado problema bancario no habría aparecido si los gobernantes no hubieran favorecido a ciertas entidades bancarias, liberándolas de la obligación que —como todos los demás individuos o empresas que actúan en la economía de mercado— tienen de cumplir sus compromisos de acuerdo con las condiciones pactadas. Habrían entrado entonces en acción con plena eficacia los correctivos que limitan la expansión crediticia. La preocupación por su propia solvencia habría inducido a los bancos a proceder con máxima cautela en la creación de medios fiduciarios. Las instituciones que hubieran adoptado una política distinta habrían tenido que suspender pagos, y se habría fortalecido la desconfianza y recelo del público, escarmentado en su propia carne.

Pero todos los gobiernos europeos y las organizaciones de ellos dependientes adoptaron desde un principio ante la banca una actitud manifiestamente insincera y mendaz. Su pretendida preocupación por el interés nacional, por el público en general y especialmente por las pobres masas ignorantes no era más que un mero pretexto. Lo que de verdad deseaban era inflación y expansión crediticia, buscaban la expansión y el dinero fácil. Aquellos americanos que, en dos distintas ocasiones, lograron evitar la creación de un banco central en su país comprendieron bien los peligros de tales instituciones; sólo es de lamentar que, a pesar de todo, no entrevieran que los riesgos contra los cuales combatían se hallan presentes en toda interferencia del gobierno en el mundo bancario. Ni siquiera los más apasionados adoradores del estado se atreven hoy a negar que todos los supuestos males de la libertad bancaria nada son comparados con los desastrosos efectos de las tremendas inflaciones que una banca privilegiada y controlada por el gobierno puede provocar.

Es una pura fábula afirmar que los gobernantes intervinieron los bancos para restringir la creación de medios fiduciarios e impedir la expansión crediticia. Lo que en realidad buscaban era la inflación y la expansión crediticia. Privilegiaron a determinados bancos porque querían suprimir las limitaciones que el mercado libre impone a la expansión crediticia, o bien trataban de incrementar los ingresos del fisco. La verdad es que, por lo general, las autoridades deseaban ambas cosas a la vez. Creían que la creación de medios fiduciarios es un eficaz mecanismo para rebajar el interés y, por ello, impulsaron a los bancos a que ampliaran el crédito, convencidos de que así beneficiaban a la economía nacional al tiempo que nutrían las arcas del Tesoro. Sólo más tarde, cuando los indeseados pero inevitables efectos de la expansión crediticia hicieron su aparición, se dictaron leyes tendentes a restringir la emisión de papel moneda —ya veces también la apertura de créditos— si esos billetes o cuentas no tenían pleno respaldo dinerario. Jamás se contempló siquiera la posibilidad de implantar la libertad bancaria, precisamente porque ésta habría sido un obstáculo demasiado eficaz contra la expansión crediticia. Y es que los gobernantes, los autores y el público en general creían que el mundo mercantil tiene derecho a un crédito circulatorio pretendidamente «necesario» o «normal», pero que es impensable bajo la égida de la libertad bancaria².

Para muchos gobernantes, los medios fiduciarios sólo tenían un interés fiscal. Entendían que la función genuina de la banca consistía en prestar dinero al Tesoro. Tales sustitutos monetarios no eran más que meros precedentes del papel moneda que luego emitiría el gobierno. El billete de banco convertible sólo servía para preparar el camino al papel moneda no convertible. Con el progreso de la estatolatría y la política intervencionista estas ideas se han impuesto por doquier y ya nadie las cuestiona. Ningún gobierno está dispuesto a implantar la libertad bancaria, porque ello supondría renunciar a lo que el gobernante considera interesante fuente de ingreso fiscal. Lo que actualmente se entiende por preparación financiera de la guerra no es otra cosa que la habilidad para encontrar fórmulas que permitan al gobierno disponer de todo el dinero que necesite para sus aventuras bélicas, a través de bancos privilegiados y debidamente controlados. Este tácito pero radical inflacionismo es una nota típica de la ideología económica de nuestra época.

Incluso en la época en que el liberalismo gozó de mayor prestigio, cuando las autoridades preferían buscar la paz y el bienestar de la gente antes que fomentar la guerra, la muerte, la destrucción y la miseria, la opinión pública no era objetiva ante los problemas referentes a la banca. Fuera del área anglosajona, la gente estaba convencida de que el buen gobernante debía propugnar la reducción del tipo de interés y que la expansión crediticia es un instrumento idóneo para la consecución de tal objetivo.

Gran Bretaña no cayó en tales errores cuando en 1844 reformó su legislación bancaria. Sin embargo, las dos equivocaciones de la Escuela Monetaria a que antes nos referimos viciaron esas célebres disposiciones inglesas. Por un lado, se mantuvo la intervención gubernamental en la banca y, por otro, se limitó únicamente la emisión de billetes que no estuvieran íntegramente respaldados. Así pues, ya no era posible crear medios fiduciarios mediante la emisión de billetes, si bien podían prosperar a través de las cuentas de crédito.

Llevar las ideas de la Escuela Monetaria a sus últimas consecuencias implicaría prohibir, por mandato legal, a toda entidad la creación de sustitutos monetarios (billetes y créditos a la vista), a no ser que los mismos estuvieran respaldados al cien por cien por reservas dinerarias. Ésta es la idea fundamental en que se basa el plan denominado del cien por cien elaborado por el profesor Irving Fisher. Pero el profesor Fisher proponía además adoptar un patrón indexado. Ya hemos dicho que tales propuestas son inútiles, pues sólo sirven para conceder al gobierno la más amplia autorización para manipular el poder adquisitivo del dinero en consonancia con las apetencias de los más poderosos grupos de presión. Aun aplicando este plan de reservas del cien por cien sobre la base del patrón oro puro, no serían soslayados por completo los inconvenientes propios de toda interferencia gubernamental en materia bancaria. Lo que se precisa para impedir nuevas expansiones crediticias es someter la banca a las leyes civiles y mercantiles que constriñen a todos a cumplir sus obligaciones a tenor de las estipulaciones contractuales en su día convenidas. Mientras los bancos sigan siendo instituciones privilegiadas que operan amparadas por fueros especiales, siempre podrá el gobierno recurrir a ellos para incrementar sus ingresos fiscales. Así las cosas, sólo la administración y el parlamento pueden restringir la creación de medios fiduciarios. Los legisladores tal vez la cercenen durante aquellos períodos que ellos subjetivamente consideren normales. Pero tales restricciones desaparecerán tan pronto como los gobernantes estimen que concurren circunstancias excepcionales que justifiquen acudir a recursos extraordinarios. Si la administración y el partido político que la ampara desean ampliar el gasto público sin necesidad de poner en entredicho su popularidad incrementando la carga fiscal, jamás dudarán en apelar a situaciones de emergencia. Los políticos, para financiar proyectos por los cuales los contribuyentes no están dispuestos a pagar mayores impuestos, normalmente echan mano del recurso a las máquinas de la fábrica de moneda o al servilismo de aquellos banqueros que desean estar a bien con las autoridades que, en definitiva, imperan sobre sus negocios.

Sólo la banca libre puede soslayar los peligros inherentes a la expansión crediticia. Desde luego, la libertad bancaria no impediría una expansión crediticia lenta y de corto alcance practicada por bancos extremadamente cautelosos que habrían de tener siempre informado al público acerca de su situación financiera. Pero bajo un régimen de banca libre jamás la expansión crediticia, con todas sus inevitables consecuencias, habría adquirido esa condición de fenómeno regular —se siente la tentación de decir normal— que en nuestro sistema económico ha cobrado. Sólo la libertad bancaria puede evitar, en la economía de mercado, las crisis y las depresiones.

Al reexaminar la historia de los últimos cien años, resalta con claridad meridiana el golpe mortal que los errores cometidos por el liberalismo en materia bancaria supusieron para la economía de mercado. No había razón alguna que aconsejara abandonar en el terreno bancario el principio de la libre competencia. Los políticos liberales, en su mayor parte, no quisieron enfrentarse con la hostilidad que la gente siente contra el préstamo dinerario y el cobro de intereses. No comprendieron que el interés es un fenómeno de mercado que ni el gobierno ni nadie puede ad libitum manipular. Cayeron en la supersticiosa creencia de que la reducción del tipo de interés es beneficiosa para todos y que la expansión crediticia es un medio adecuado para abaratar el dinero. Nada perjudicó más la causa del liberalismo que la regular repetición de febriles booms seguidos de largos periodos de estancamiento y crisis. La gente llegó a convencerse de que tales fenómenos son consustanciales a la economía de mercado. Ignoraban que tan lamentados resultados eran, en cambio, la obligada secuela de la política orientada a rebajar el interés mediante la expansión crediticia. No se quería abandonar la errónea idea subyacente, y se prefirió combatir esos indeseados efectos reforzando cada vez más la interferencia gubernamental.

Observaciones sobre la libertad bancaria

Según la Escuela Bancaria, no se puede crear dinero en exceso si los bancos se limitaran a conceder crédito a corto plazo³. Porque cuando el prestatario amortiza el préstamo, los billetes retornan a la institución y así desaparecen del mercado. Pero esto sucede sólo si el banco limita la cuantía total de créditos a otorgar. (Aun en tal caso, no se evitarían los efectos de la anterior expansión crediticia; simplemente, se añadirían los efectos de una posterior contracción del crédito). En la práctica, el banco reemplaza las letras vencidas y pagadas con nuevas cambiales que descuenta. Los medios de pago retirados de la circulación por la amortización del primitivo crédito se sustituyen por otros posteriormente creados.

En cambio, en un sistema de libertad bancaria queda efectivamente restringida la expansión crediticia, pues entonces las cosas se producen de otro modo. No nos referimos al proceso que se expresa en el llamado Principio de Fullarton[*]. Los límites en cuestión aparecen porque la expansión crediticia, por sí misma, no amplía la clientela del banco que la práctica, es decir, no incrementa el número de personas que admiten como sustitutos monetarios los documentos de propio cargo emitidos por la entidad. Pues, al acrecentar la cuantía de los medios fiduciarios, el banco engrosa las sumas que sus clientes pagan a terceros, ampliando al mismo tiempo las exigencias de quienes reclaman el pago en dinero de los sustitutos monetarios. Por consiguiente, la entidad se ve obligada a reprimir su actividad ampliatoria.

Este hecho jamás se ha puesto en duda en el caso de créditos a la vista, contra los cuales el beneficiario puede librar talones. Cualquier banco que ampliara de esta suerte la concesión de créditos se encontraría muy pronto en difícil posición ante las demás entidades bancarias con motivo de sus operaciones compensatorias. Pese a ello, se ha sostenido a veces que es distinto el planteamiento tratándose de billetes de banco.

Al abordar los problemas de los sustitutos monetarios, la cataláctica sienta como premisa que hay un cierto número de personas que los considera créditos-dinero, es decir, que como dinero los utilizan en sus transacciones mercantiles y los conservan en caja. Todo lo que la cataláctica afirma en relación con los sustitutos monetarios presupone esta situación. Pero sería absurdo suponer que cualquier billete emitido por cualquier banco sea efectivamente un sustituto monetario. Lo que hace que el billete o documento sea un sustituto monetario es el buen nombre de la entidad emisora. La menor sospecha sobre la capacidad y disposición del banco para pagar a la vista y sin gasto alguno para el tenedor todos y cada uno de los papeles emitidos menoscaba su buen nombre, lo cual priva al billete de su condición de sustituto monetario. Podemos suponer que todo el mundo está dispuesto a admitir como crédito esos dudosos billetes y aun a recibirlos en pago si así se evita el tener que esperar. Pero si surge cualquier duda sobre su condición esencial, no habrá quien no intente desprenderse de los que posea lo más rápidamente posible. La gente sólo quiere retener en caja dinero y los sustitutos monetarios que estime plenamente garantizados y se desprende de cualquier documento de dudosa solvencia. Comenzarán éstos a cotizarse en el mercado por debajo de su valor nominal, lo cual hará que rápidamente regresen al banco emisor, que es el único obligado a canjearlos a la par.

Aclara aún más el problema la consideración de la situación bancaria en la Europa continental. En estos países, los bancos privados podían conceder sin limitación alguna créditos contra los cuales el prestatario podía librar talones. Tales instituciones, por tanto, estaban facultadas para otorgar crédito circulatorio y, mediante el mismo, incrementar la cuantía de los créditos concedidos, como hacía la banca anglosajona. El público europeo, sin embargo, no reconocía a esos talones la condición de sustitutos monetarios. Por lo general, todo aquél que recibía un talón acudía inmediatamente al banco y cobraba su importe, retirando la suma en dinero. Por este motivo, a los bancos comerciales les resultaba imposible, salvo en cantidad mínima, otorgar préstamos simplemente acreditando la cuenta del cliente. Tan pronto como éste entregaba un talón, se producía la retirada de fondos del banco interesado. Sólo las grandes empresas admitían entre sí esos cheques como sustitutos monetarios. Aun cuando en estos países los bancos centrales tampoco estaban, por lo general, sometidos a traba alguna que les impidiera incrementar la concesión de créditos, les resultaba imposible practicar por ese cauce una seria ampliación crediticia, dado el reducido número de clientes que utilizaban ese dinero bancario. En la práctica, sólo a través de los billetes de banco se podía provocar efectivamente el crédito circulatorio y la expansión crediticia.

Hacia 1880, el gobierno austríaco pretendió popularizar el uso del dinero-talonario (checkbook money), creando un servicio de cuentas contra las que se podían girar talones en la Caja Postal de Ahorros. Los deseos de las autoridades, en cierto grado, se cumplieron. Una clientela más numerosa que la que operaba con los talones del banco central consideraba sustitutos monetarios los documentos de cargo contra las cuentas del mencionado servicio. El sistema pervivió en los nuevos estados que surgieron cuando, en 1918, cayó el imperio de los Habsburgo. Otras naciones europeas, como Alemania, por ejemplo, también adoptaron el plan; pero ese dinero bancario era una creación puramente estatal y sólo el gobierno se beneficiaba del crédito circulatorio que concedía el sistema. A este respecto, es interesante recordar que la Caja Postal de Ahorros, tanto en Austria como en la mayoría de los demás países que copiaron el sistema, no se denominó nunca banco, sino oficina de depósito (Amt). A parte de esas cuentas postales en la mayoría de los países no anglosajones, los billetes de banco —y en menor grado también las cuentas del banco central de emisión— fueron el principal instrumento del crédito circulatorio. El problema de la expansión crediticia en esos países se concentró en el billete de banco.

Muchos empresarios en Estados Unidos pagan los salarios y aun los jornales librando cheques. Este sistema, en la medida en que los beneficiarios proceden seguidamente a hacer efectivos sus cheques y retiran las correspondientes sumas dinerarias de la entidad depositarla, no hace más que trasladar al cajero del banco el trabajo material de efectuar los pagos en cuestión. Carece de importancia cataláctica. Si todos los ciudadanos hicieran lo mismo con los cheques recibidos, los depósitos no serían sustitutos monetarios y no podrían emplearse como instrumentos de crédito circulatorio. Sólo el hecho de que mucha gente considere los saldos de las cuentas bancarias sustitutos monetarios los convierte en lo que popularmente se entiende por dinero talonario o bancario (check book money, deposit currency).

Es erróneo suponer que la libertad bancaria facultaría a cualquiera para emitir billetes y así timar a la gente. A este respecto suele invocarse la frase de un americano anónimo citada por Tooke, según la cual «banca libre equivale a estafa libre». Mas cierto es, en cambio, que la libertad para emitir billetes habría restringido enormemente, y aun tal vez hecho desaparecer, el billete de banco. Ésa era la idea que Cernuschi, el 24 de octubre de 1865, exponía ante la Comisión Investigadora de la Banca Francesa en estos términos: «En mi opinión, la libertad bancaria provocaría la desaparición en Francia del billete de banco. Aspiro a que cualquiera pueda emitir billetes, precisamente para que nadie quiera ya aceptarlos»⁴.

Acaso algunos opinen que el billete de banco es más práctico y manejable que la moneda metálica y aduzcan razones de comodidad para su implantación. Quizás ello sea cierto. Pero, en tal caso, el público estaría dispuesto a pagar un sobreprecio para evitar los inconvenientes del peso del dinero metálico. Así, en otros tiempos los billetes emitidos por instituciones de solvencia incuestionable tenían un valor ligeramente superior al de la moneda metálica. Por la misma razón, los traveler’ checks se han impuesto en un círculo bastante amplio, pese a que el banco emisor cobra cierta comisión por ellos. Todo esto, sin embargo, nada tiene que ver con el problema que nos ocupa. En modo alguno justifica las medidas adoptadas para inducir al público a utilizar los billetes de banco. No fue el deseo de evitar inconvenientes a las amas de casa lo que indujo a las autoridades a popularizar el papel moneda. Lo que realmente se perseguía con esa política era rebajar el tipo de interés y hallar una fuente de crédito barato para el Tesoro. Aumentando las existencias de medios fiduciarios creían abogar por el bien común.

El billete de banco no es indispensable. Todos los triunfos económicos que el capitalismo ha conseguido los habría logrado igualmente sin su concurso. El dinero talonario puede proporcionar idénticos servicios. Y la interferencia del gobierno en los depósitos de la banca comercial no puede justificarse con el hipócrita pretexto de otorgar protección a pobres e ignorantes campesinos y obreros contra la maldad del banquero.

Pero alguien podría preguntar: ¿Qué sucedería si toda la banca privada se asociara y formara un cartel? ¿No es acaso posible que los bancos se confabulen para emitir sin tasa medios fiduciarios? Tal inquietud es absurda. Mientras la intervención estatal no impida a la gente retirar sus saldos, ningún banco puede permitirse arriesgar su buen nombre asociándolo con el de otras entidades de menor crédito. Conviene recordar que el banco dedicado a crear medios fiduciarios se halla siempre en una postura más o menos precaria. El buen nombre es su prenda más valiosa. Cualquier duda acerca de la seguridad y solvencia de la institución puede llevarla a la suspensión de pagos. Para un banco de buena reputación sería una política suicida ligar su nombre al de otras instituciones menos acreditadas. Bajo un régimen de libertad bancaria, la unión de todos los bancos en un cartel implicaría el fin de la banca, lo que, evidentemente, no beneficiaría a ninguna de las instituciones afectadas.

Suele criticarse a los bancos más solventes su conservadurismo y resistencia a ampliar el crédito. Quienes no merecen que se les concedan facilidades financieras consideran viciosa esa actitud conservadora. En realidad, es la norma suprema y primordial que debe presidir la actuación bancaria bajo un régimen de libertad.

Es extremadamente difícil para nuestros contemporáneos concebir las condiciones de la libertad bancaria, pues la interferencia gubernamental parece hoy tan natural como necesaria. Pero conviene recordar que ese intervencionismo se basa en el error de pensar que la expansión crediticia permite rebajar el tipo de interés y que perjudica sólo a unos pocos desalmados capitalistas.

Se interfirió la banca precisamente porque los gobernantes sabían que la libertad bancaria limita y restringe la expansión crediticia.

Tal vez se hallan en lo cierto los economistas que sostienen que la presente situación del mundo bancario aconseja la intervención estatal. Pero la actual situación de la banca no es fruto del libre funcionamiento de la economía de mercado, sino consecuencia de los esfuerzos de tantos gobiernos deseosos de dar paso a la expansión crediticia en gran escala. Sin la intervención estatal, sólo la exigua clase social que sabe perfectamente distinguir entre bancos solventes e insolventes haría uso efectivo del billete y del dinero de origen bancario. Habría sido imposible toda expansión crediticia en gran escala. Sólo las autoridades son responsables de ese respeto con que el hombre corriente contempla cualquier pedazo de papel en el cual el Tesoro público o sus dependencias han impreso la mágica frase «de curso legal».

La interferencia del gobierno en el mundo bancario estaría justificada si con ella se pretendiera corregir la lamentable situación hoy imperante y se impidiera o restringiera seriamente toda ulterior expansión crediticia. Pero la verdad es que la interferencia gubernamental no busca más que intensificar aún más la expansión del crédito. Tal política está condenada al fracaso. Más pronto o más tarde, provocará una catástrofe.

Footnotes

1. También es intrascendente el que la ley reconozca o no a los sustitutos monetarios pleno poder liberatorio. Si estos títulos son manejados por la gente como sustitutos monetarios, debiendo a tal empleo su condición, con un poder adquisitivo igual al de la correspondiente suma dineraria, el reconocimiento oficial del poder liberatorio sólo sirve para impedir que gente de mala fe dificulte el comercio por el mero gusto de molestar a sus semejantes. En cambio, si esos objetos no son sustitutos monetarios y tienen un valor efectivo inferior a su nominal, el reconocer a los mismos pleno poder liberatorio equivale a implantar una tasa oficial, es decir, precios máximos, al oro y a las divisas extranjeras y precios mínimos a aquello que ya no puede considerarse como sustituto monetario, sino más bien dinero crediticio o fiat. Aparecen entonces los efectos que describe la ley de Gresham.

2. La idea de una expansión crediticia «normal» es absurda. La creación de medios fiduciarios adicionales, sea cual fuere su cuantía, provoca invariablemente en la estructura de los precios los cambios a que se refiere la teoría del ciclo económico. Desde luego, si esos medios fiduciarios adicionales son de escasa cuantía, sus efectos serán menores.

3. Vera C. Smith, en su meritoria obra The Rationale of Central Banking (Londres, 1936; ed. esp.: Fundamentos de la Banca Central y de la libertad bancaria, Unión Editorial/Aosta, Madrid 1993), pp. 157 ss, no se ha percatado debidamente de este mecanismo.

4. V. Cernuschi, Contre le billet de banque, París 1866, p. 55.