7. La oferta de trabajo en cuanto afectada por su desutilidad

Los principales hechos que afectan a la oferta de trabajo son las siguientes:

1. Cada individuo sólo puede desarrollar una cantidad limitada de trabajo.

2. Esta limitada cantidad de trabajo no puede realizarse en cualquier tiempo que desee. Es indispensable interpolar periodos de descanso y recreo.

3. No todos podemos realizar los mismos trabajos. Existe diversidad en las capacidades tanto innatas como adquiridas para realizar ciertos tipos de trabajo. Determinadas labores exigen ciertas facultades innatas que ningún adiestramiento o estudio pueden proporcionar.

4. Es preciso administrar convenientemente la capacidad laboral para que no disminuya o incluso se anule. El hombre debe cuidar de sus aptitudes —tanto las innatas como las adquiridas— si desea que no decaigan mientras disfrute de la necesaria fuerza vital.

5. Cuando se ha realizado toda aquella inversión laboral que el hombre puede desarrollar de modo continuado y se impone el obligado descanso, la fatiga perjudica tanto la cuantía como la calidad de la tarea¹.

6. El hombre prefiere no trabajar, es decir, le agrada más el recreo que la actividad laboral; como dicen los economistas, el trabajo lleva aparejada una desutilidad.

El hombre autárquico que trabaja en aislamiento económico para atender sus propias necesidades abandona la labor tan pronto como empieza a valorar el descanso, es decir, la ausencia de la desutilidad del trabajo, en más que las satisfacciones que le reportaría el prolongar la actividad laboral. Atendidas sus más perentorias necesidades, estima de menor interés satisfacer aquellas otras apetencias todavía no cubiertas que disfrutar del correspondiente asueto.

Esto es igualmente aplicable al asalariado. No trabaja ininterrumpidamente hasta agotar totalmente su capacidad laboral. Deja la faena tan pronto como la gratificación mediata que la misma ha de proporcionarle no compensa la desutilidad del trabajo adicional.

La opinión popular, sujeta a inveterados prejuicios y deliberadamente ofuscada por la propaganda marxista, apenas ha comprendido este hecho. Consideró siempre y aun hoy considera al trabajador como un siervo, equiparando el salario capitalista a aquel mínimo de subsistencia que el señor daba al esclavo o el dueño proporciona a las bestias de carga. El asalariado es un individuo que, forzado por la miseria, vende su libertad. Las hipócritas fórmulas de los leguleyos burgueses califican de voluntaria tal servidumbre y de libre convención entre contratantes mutuamente independientes las concertadas por patronos y obreros. Estos últimos, en verdad, no gozan de libertad alguna; actúan coaccionados; deben someterse al yugo de la opresión, pues, desheredados por la sociedad, no tienen otra salida si no quieren morir de hambre. Hasta ese aparente derecho que se le atribuye de elegir a su patrono es pura farsa. Los empresarios, tácita o abiertamente confabulados, imponiendo unas condiciones de trabajo prácticamente uniformes, escamotean incluso esa ventaja al trabajador.

Si admitimos que el salario no es más que la estricta compensación de los costes que el obrero soporta en el mantenimiento y reproducción de su capacidad laboral, o que la cuantía del mismo es una cantidad fijada por tradición, forzosamente habremos de estimar como ganancia efectiva del trabajador todo aligeramiento de sus obligaciones en el contrato laboral. Si la cuantía del salario no depende de la cantidad y calidad de la tarea ejecutada, si el patrono jamás paga al trabajador el valor íntegro que el mercado atribuye a su labor, si el empleador no compra una determinada cantidad y calidad de mano de obra sino un mero siervo, si los salarios se mantienen invariablemente tan bajos que, por razones naturales o «históricas», no pueden ya reducirse más, cualquier disminución de la jornada laboral impuesta coactivamente deberá mejorar la suerte de los asalariados. Las disposiciones que recortan las horas de trabajo entroncan así con las normas legales a través de las cuales los gobiernos europeos, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, fueron disminuyendo, hasta acabar suprimiendo completamente, el trabajo gratuito (corvée) que los siervos de la gleba estaban obligados a prestar a sus señores, o con las ordenanzas tendentes a aligerar el trabajo de los reclusos. La reducción de la jornada laboral, que en realidad es un fruto del industrialismo capitalista, debería considerarse como una victoria de los explotados asalariados sobre el rudo egoísmo de sus explotadores. Las leyes que imponen al empleador el deber de realizar ciertos gastos en beneficio de los trabajadores se consideran «mejoras sociales» que los asalariados obtienen sin tener que realizar ningún sacrificio.

Se considera generalmente que esta doctrina está suficientemente demostrada por el hecho de que el asalariado individual tiene muy escasa influencia en la fijación de los términos del contrato laboral. Las decisiones relativas a la duración de la jornada laboral, si se ha de trabajar o no en domingos y días festivos, a qué hora interrumpirán su tarea los asalariados para comer y múltiples cuestiones similares las toman los patronos sin consultar con sus empleados. El obrero no tiene otra opción que someterse a tales dictados o morir de hambre.

El error fundamental de esta argumentación ya lo denunciamos en las secciones anteriores. Los patronos no buscan trabajo en general, sino trabajadores específicos capaces de realizar determinadas tareas. Lo mismo que el empresario intenta dar a su explotación la ubicación más favorable e instalar en ella la maquinaria más perfecta, empleando las materias primas más apropiadas, así también debe contratar aquellos trabajadores que mejor convengan a sus planes. Debe organizar el trabajo en forma tal que atraiga a los productores que más le interesan. Es cierto que el trabajador individual tiene poca voz en tales disposiciones. Éstas, al igual que la cuantía de los salarios, los precios de las mercancías y la forma de los artículos producidos en serie, son el resultado de las decisiones conjuntas de las innumerables personas que intervienen en el proceso social del mercado. Se trata de fenómenos masivos, sobre los cuales poco influyen las actuaciones individuales. Pero no puede decirse que carece de valor el voto personal de cada elector simplemente porque para influir decisivamente en materia política se precise de miles o incluso de millones de sufragios, ni tampoco puede afirmarse que es nulo el efecto de quienes no van a votar. Es más: ni aun admitiendo, a efectos dialécticos, las tesis contrarias, ello en modo alguno nos autorizaría a concluir que, suprimiendo el régimen electoral, el autócrata gobernante representaría más cumplidamente la voluntad mayoritaria que las autoridades democráticamente designadas. Ese mito totalitario, sin embargo, reaparece en el terreno económico y suele oírse decir que, bajo la democracia del mercado, el consumidor individual no puede imponerse a sus suministradores ni el trabajador reaccionar frente al patrono. Los artículos que se producen masivamente para atender los deseos de las masas no responden a los especiales gustos de una persona determinada, sino a las preferencias de la mayoría. Las condiciones de los convenios laborales en cada rama de la producción no las determina el trabajador individual sino las masas trabajadoras. Si lo más usual es que los asalariados almuercen de doce a una, quien prefiera hacerlo de dos a tres pocas probabilidades tiene de que sus gustos sean atendidos. Pero la presión social que se ejerce sobre este individuo aislado no proviene del patrono sino de sus propios compañeros de trabajo.

Los empresarios en su búsqueda de buenos trabajadores se ven obligados a soportar serios y costosos inconvenientes si de otra manera no pueden encontrarlos. En muchos países, algunos de ellos estigmatizados como socialmente atrasados por los campeones del anticapitalismo, los patronos no tienen más remedio que atender las exigencias que sus trabajadores les imponen por razón de casta, religión o procedencia. Deben adaptar la jornada laboral, los días feriados y otros muchos problemas técnicos a esos deseos, por onerosos que puedan resultarles. El empresario que pide realizaciones consideradas incómodas o repulsivas por su personal, deberá incrementar la retribución laboral para compensar esa mayor desutilidad que la tarea tiene para el trabajador.

Los contratos laborales no se refieren exclusivamente a los salarios, sino que regulan todas las demás circunstancias del trabajo. La labor de equipo dentro de cada planta y la interdependencia entre el trabajo de los distintos centros da lugar a que los convenios no puedan apartarse de los usos laborales imperantes en el país o en la rama productiva de que se trate. Por eso se parecen tanto entre sí los diversos contratos de trabajo. Esta circunstancia en modo alguno aminora la decisiva intervención de los productores en su formulación. Para el trabajador individual, dichos pactos constituyen, desde luego, un hecho inalterable, al igual que lo es el horario de los trenes para el viajero aislado. Pero nadie cree que no les preocupe a las compañías ferroviarias los deseos de sus posibles clientes. Lo que precisamente quiere la empresa es dar gusto al mayor número posible.

La interpretación de la evolución del industrialismo moderno se ha visto frecuentemente viciada por los prejuicios anticapitalistas de gobernantes y escritores e historiadores que pretendían defender los intereses del trabajo. El alza de los salarios reales, la reducción de la jornada laboral, la supresión del trabajo infantil, la disminución de la actividad laboral de la mujer casada, sostienen, fueron logros conseguidos gracias a la intervención del estado, a la acción de los sindicatos y a la presión de una opinión pública despertada por escritores sociales y humanitarios. Si los empresarios y capitalistas no se hubieran visto enfrentados con tales exigencias sociales, se habrían apropiado de la totalidad de los beneficios generados por los nuevos capitales acumulados y por los adelantos técnicos que de este modo fue posible aplicar. Se elevó así el nivel de vida de los trabajadores a costa de las rentas «no ganadas» de los capitalistas, los empresarios y los terratenientes. Es preciso proseguir con estas políticas, beneficiando a la mayoría a expensas de unos pocos explotadores egoístas y reducir así cada vez más la injusta participación de las clases propietarias.

El error de esta interpretación es evidente. Todas las medidas que limitan la oferta de trabajo perjudican, directa o indirectamente, a los capitalistas en la medida en que incrementan la productividad marginal del trabajo y reducen la de los factores materiales de producción. Al disminuir la oferta de trabajo sin reducir la oferta de capital, aumenta la porción que del producto total neto corresponde a los asalariados. Pero este producto total neto disminuirá igualmente, dependiendo ya de las peculiares circunstancias de cada caso el que efectivamente la cuantía de ese mayor porcentaje de una cifra menor resulte, en realidad, superior a la del primitivo más reducido porcentaje de una suma más grande. Pero, nótese bien, ni en el tipo de interés ni en el beneficio empresarial influye la reducción de la oferta de trabajo. Bajan los precios de los factores materiales de producción y se elevan los salarios por unidad de producción (lo cual no quiere decir que forzosamente hayan de incrementarse las retribuciones laborales per cápita). Los precios de las mercancías también suben. Y, como decíamos, depende de las particulares circunstancias de cada caso el que todos estos cambios impliquen una ganancia o una pérdida neta para los trabajadores.

Ahora bien, el supuesto de que tales medidas no afectan a la oferta de factores materiales de producción es inaceptable. La reducción de la jornada laboral, la restricción del trabajo nocturno, las cortapisas impuestas a la contratación laboral de determinadas personas, todo ello menoscaba la utilización de una parte del equipo existente y equivale a una indudable reducción de las existencias de bienes de capital. La disminución de la cifra de capital puede fácilmente absorber el teórico incremento de la productividad marginal del trabajo en relación con la de los bienes de capital.

Si, al tiempo de reducir obligatoriamente la jornada laboral, las autoridades o los sindicatos impiden la correspondiente reducción de los salarios que el mercado impondría, o si por razones institucionales resulta imposible esta reducción, aparecerán necesariamente los efectos que produce toda elevación de los salarios por encima del nivel que el mercado libre impondría: el paro institucional.

La historia del capitalismo en Occidente durante los últimos doscientos años revela una constante alza del nivel de vida de los asalariados. Lo característico del capitalismo es la producción de mercancías en masa para el consumo de las masas bajo la dirección de los empresarios más enérgicos y perspicaces dedicados incondicionalmente a obtener cada vez mejores resultados. La fuerza impulsora del sistema es el afán de lucro, que inexorablemente fuerza al empresariado a producir para los consumidores la mayor cantidad posible de mercancías, de la mejor calidad y al más bajo precio que las circunstancias, en cada caso, permitan. Sólo en una economía progresiva puede la cifra total de beneficios superar la cuantía total de las pérdidas, y ello tan sólo en aquella medida en que efectivamente mejore el nivel de vida de las masas². De ahí que el capitalismo sea el sistema que fuerza a los cerebros de mayor capacidad y agilidad a promover, en la mayor medida posible, el bienestar de la apática mayoría.

En el campo de la experiencia histórica es imposible recurrir a la medición. Como quiera que el dinero no permite medir el valor o la satisfacción, no puede aplicarse para comparar el nivel de vida de épocas distintas. Sin embargo, todos los historiadores cuyos juicios no se ven afectados por preocupaciones románticas coinciden en que el desarrollo capitalista ha ampliado las existencias de capital en proporción enormemente superior al incremento de las cifras de población. El porcentaje de aquéllas, tanto por individuo como por trabajador, resulta hoy notablemente superior al de hace cincuenta, cien o doscientos años. Ha aumentado al propio tiempo la porción percibida por los asalariados de la cifra total de mercancías producidas, conjunto éste que también crece sin cesar. El nivel de vida de las masas, comparativamente a épocas anteriores, se ha elevado como por ensalmo. En los «felices tiempos pasados», aun los más ricos vivían míseramente en comparación con el estándar del actual obrero medio americano o australiano. El capitalismo, dice Marx, repitiendo sin darse cuenta la tesis favorita de los admiradores de la Edad Media, empobrece inexorablemente a las masas. Pero la verdad es que la organización capitalista ha derramado el cuerno de la abundancia sobre un proletariado que frecuentemente hizo cuanto pudo por impedir la implantación de aquellos sistemas que tanto han mejorado la vida de las masas. ¡Qué desgraciado se sentiría un moderno obrero americano en un castillo feudal, privado del agua corriente, de la calefacción y demás comodidades que en su casa disfruta!

A medida que se incrementa el bienestar material, varía el valor que el trabajador atribuye al descanso y al ocio. Al tener a su alcance mayor número de comodidades y placeres, el interesado llega ahora más pronto a aquel punto en que considera que no compensa suficientemente el incremento de la desutilidad del trabajo la mediata gratificación que ese mayor esfuerzo le proporcionaría. Prefiere acortar la inversión laboral, evitar a su mujer y a sus hijos los sinsabores del trabajo remunerado. No es la legislación social ni la coacción sindical lo que ha reducido la jornada y excluido a la mujer casada y a los niños de las fábricas; el capitalismo, por sí solo, provocó tales reformas, enriqueciendo al trabajador hasta el punto de permitirle vacar y descansar, exonerando del yugo laboral a sus seres queridos. La legislación social decimonónica, sustancialmente, no hizo más que ratificar progresos sociales ya impuestos por el propio funcionamiento del mercado. Cuando a veces tales disposiciones se adelantaron al necesario desarrollo económico, el enorme incremento de riqueza que el capitalismo imponía venía rápidamente a compensar los desfavorables efectos que tal precipitación habría provocado en otro caso. Contrariamente a lo que se piensa, estas medidas ingeniadas para beneficiar al obrero, cuando no se limitaron a ratificar progresos que el mercado no habría tardado en imponer, perjudicaron gravemente los intereses de las masas trabajadoras.

La expresión «conquistas sociales» sólo sirve para provocar confusión. Si a un trabajador que preferiría trabajar cuarenta y ocho horas semanales la ley le obliga a no trabajar más de cuarenta horas, y si se obliga a los patronos a efectuar determinados gastos en favor de sus empleados, ello ciertamente no favorece al trabajador a costa del empresario. Sean cuales fueren las ventajas que las normas legales otorgan al obrero, es este último, nunca el patrono, quien paga y financia, de su exclusivo peculio, esos beneficios. Dichas imposiciones reducen la porción del salario percibida en mano por el interesado; y si en su conjunto vienen a elevar el precio a pagar por su aportación laboral hasta exceder la cuantía que el mercado libre establecería por dicho trabajo, aparece de inmediato el paro institucional. Los seguros sociales no hacen que el patrono dedique mayores sumas a la adquisición de trabajo, sino que fuerzan al trabajador a dedicar parte de sus ingresos a determinadas inversiones. Restringen la libertad del asalariado para ordenar su hacienda como mejor estime.

Si semejante sistema de seguridad social es bueno o malo es un problema esencialmente político. Podemos abogar por su implantación alegando que los asalariados carecen de suficiente formación y carácter para la previsión del futuro. Pero en tal caso es difícil replicar a quienes resaltan lo paradójico que resulta ordenar la cosa pública con arreglo a la voluntad de unos votantes que el propio legislador considera incapaces de administrar sus propios intereses. ¿Cómo se puede investir del poder político supremo a gentes que precisan de un tutelaje paternal para que no malgasten sus rentas? ¿Es lógico que el pupilo designe a su tutor? Tal vez no sea una mera casualidad el que las tendencias políticas más antidemocráticas, tanto marxistas como no marxistas, surgieran en Alemania, la cuna de la seguridad social.

Consideraciones sobre la interpretación popular de la «Revolución Industrial»

Suele decirse que la historia del industrialismo moderno y sobre todo la historia de la «Revolución Industrial» en Gran Bretaña brinda una verificación empírica de las doctrinas «realistas» o «institucionales» y refuta totalmente el «abstracto» dogmatismo de los economistas³.

Los economistas niegan terminantemente que la acción sindical o la legislación social hayan jamás beneficiado permanentemente y elevado el nivel de vida de las masas trabajadoras en su conjunto. Pero los hechos, arguyen los antieconomistas, han puesto de manifiesto la inexactitud de tales afirmaciones. Los gobernantes y legisladores que comenzaron a reglamentar las relaciones laborales percibieron la realidad con más precisión que los economistas. Mientras los teóricos del laissez faire, sin piedad ni compasión, aseguraban que no era posible remediar los sufrimientos de las masas trabajadoras, el buen sentido de gentes carentes de especialización económica supo poner coto a los peores excesos del afán de lucro de mercaderes y negociantes. Si las condiciones de trabajo de los obreros han mejorado hoy en día, ello se debe exclusivamente a la intervención de las autoridades y a la presión de los sindicatos.

Tales son las ideas que dominan en la mayor parte de los estudios históricos que se ocupan de la evolución del industrialismo moderno. Sus autores comienzan siempre por presentar al lector una visión idílica de la situación anterior a la revolución industrial. En aquella época, afirman, prevalecía un estado de cosas sustancialmente agradable. Los agricultores eran felices. Los artesanos también se sentían satisfechos bajo el sistema de producción doméstica. Trabajaban en sus propias casas, gozando hasta cierto punto de independencia económica, al sentirse propietarios de sus tierras y sus instrumentos de trabajo. Y de pronto sobre aquellas felices gentes «cayó la revolución industrial como una guerra, como una plaga»⁴. La fábrica sometió al antes trabajador libre a una virtual esclavitud; rebajó su nivel de vida, permitiéndole meramente sobrevivir; al hacinar a mujeres y niños en infectos talleres, destruyó la vida familiar y minó las bases en que se asienta la sociedad, la moralidad y la salud pública. Un puñado de explotadores sin escrúpulos logró arteramente imponer un yugo servil sobre la inmensa mayoría.

La verdad es que las condiciones económicas anteriores a la Revolución Industrial eran harto precarias. El tradicional orden social carecía de elasticidad suficiente para atender las más elementales necesidades de una población en continuo crecimiento. Ni los campos ni los gremios podían dar acogida a las nuevas generaciones de trabajadores. Privilegios y monopolios enrarecían la vida mercantil; por doquier prosperaban las licencias y patentes monopolísticas; una filosofía de restricción, que rehuía la competencia, tanto en la esfera nacional como en la internacional, dominaba las mentes. Era mayor cada día el número de personas sin puesto que ocupar en aquel rígido sistema surgido del paternalismo y el intervencionismo estatal. Eran gentes virtualmente desheredadas. La mayor parte de ellas vivían indolentemente de las migajas que los privilegiados les echaban. Durante la época de la recolección ganaban una mísera paga ayudando en las faenas del campo; el resto del año dependían de la caridad pública o privada. Miles de bizarros muchachos no tenían más remedio que alistarse en el ejército o en la marina; muchos de ellos morían o se malograban en acciones guerreras; más aún perecían sin gloria a causa de la bárbara disciplina, las enfermedades tropicales o la sífilis⁵. Otros, más osados y aguerridos, infestaban campos y ciudades como vagabundos, mendigos, picaros, salteadores y prostitutas. Las autoridades no sabían qué hacer con tales gentes, a no ser encerrarlas en asilos o dedicarlas a trabajos públicos obligatorios. El apoyo que en las esferas oficiales hallaban los prejuicios populares contra las máquinas ahorradoras de trabajo y los nuevos inventos impedía dar solución eficaz al problema.

Aparecieron y se desarrollaron los primeros talleres y fábricas en lucha incesante contra todo género de dificultades. Tenían aquellos empresarios que combatir los prejuicios de las masas, los usos tradicionales, las vigentes normas legales y reglamentarias, la animosidad de las autoridades, la oposición de los privilegiados, la rivalidad de los gremios. El capital y el equipo de tales empresas era insuficiente; resultaba difícil y oneroso obtener crédito. Nadie tenía experiencia técnica ni comercial. La mayor parte de los nuevos industriales fracasaban; pocos, relativamente, lograban triunfar. Las ganancias a veces eran grandes; pero también lo eran las pérdidas. Habían de transcurrir décadas antes de que el hábito de reinvertir los beneficios permitiera acumular más sólidos capitales y ampliar las actividades.

El que las industrias, pese a tantos obstáculos, lograran pervivir se debió a dos factores. Los nuevos promotores se veían amparados, en primer lugar, por las enseñanzas de la nueva filosofía social difundida por los economistas. Tales doctrinas estaban ya minando el prestigio, aparentemente inconmovible, del mercantilismo, del paternalismo y el restriccionismo. Socavaron definitivamente la idea de que las máquinas y los procesos ahorradores de trabajo provocaban paro y empobrecían a las masas. Los economistas del laissez faire fueron, por eso, los adalides del progreso técnico sin precedentes que los últimos doscientos años han contemplado.

Un segundo factor contribuyó a debilitar la oposición contra las nuevas industrias. En efecto, las fábricas resolvían a los gobernantes y a los aristocráticos terratenientes en el poder los arduos problemas que ellos mismos no habían sabido solucionar. Las nuevas instalaciones proporcionaban medios de vida a aquellas masas de desheredados que antes todo lo invadían. Se vaciaban los asilos, las galeras, las cárceles. Los ayer meros pordioseros se trasmutaban, de pronto, en activos trabajadores que, con su propio esfuerzo, conseguían ganarse la vida.

Los nuevos industriales jamás gozaron de poder coactivo para enrolar a nadie en las fábricas contra su voluntad. Contrataban sólo a quienes querían ganar un salario. Pese a su escasez, estas retribuciones representaban para aquellas míseras gentes un premio muy superior al que podían conseguir en cualquier otra parte. No se arrancó a las mujeres de sus hogares y a los niños de sus juegos; esas madres no tenían qué ofrecer a sus hijos, sumidas en el hambre y la indigencia. Las fábricas eran la única salvación posible. El taller los rescató, en el estricto sentido de la palabra, de la muerte por inanición.

Es lamentable que los hombres tuvieran que vivir en similares condiciones. Pero la culpa no puede atribuirse a los industriales, quienes —impelidos, desde luego, no por motivos «altruistas», sino egoístas— hicieron cuanto estaba en su mano por remediar dichos sufrimientos. Tan graves aflicciones habían sido causadas por la organización económica de la era precapitalista, por el sistema imperante en los «felices tiempos pasados».

Durante las primeras décadas de la Revolución Industrial, el nivel de vida de los obreros era tremendamente bajo, comparado con el de las clases a la sazón privilegiadas o con el de las modernas masas proletarias. Se trabajaba muchas horas, en malas condiciones higiénicas. El hombre consumía rápidamente su capacidad laboral. A pesar de todo, las fábricas abrían un camino de salvación a aquellas masas a las que los sistemas restrictivos imperantes habían condenado a la miseria, privándolas de todo acomodo dentro del sistema. Estos desgraciados acudieron en tropel a las plantas fabriles única y exclusivamente porque éstas les permitían elevar su nivel de vida.

La filosofía del laissez faire y su retoño, la Revolución Industrial, demolieron las barreras ideológicas e institucionales que cerraban el camino al desarrollo económico y al bienestar social. Derribaron una organización que condenaba a un número siempre creciente a la indigencia y al abandono más absolutos. La artesanía había trabajado, prácticamente en exclusiva, para los ricos. Los talleres artesanos podían ampliarse sólo en la medida en que los poderosos incrementaban sus pedidos. Salvo la gente dedicada a las producciones básicas, los demás trabajadores únicamente podían colocarse si los de arriba estaban dispuestos a utilizar sus habilidades y servicios. Tal planteamiento cambió de la noche a la mañana. Las nuevas industrias arrumbaron los antiguos sistemas de producción y venta. Los bienes económicos no se fabricaban ya pensando sólo en unos cuantos ricos; se producían para atender las necesidades de quienes hasta entonces prácticamente nada habían podido consumir. Mercancías baratas, que muchos pudieran adquirir, eran las que iban a inundar los comercios. La industria textil algodonera fue la típica de los primeros años de la Revolución Industrial. Aquellos tejidos no eran, desde luego, para gente pudiente. Los ricos gustaban de la seda, el hilo y los encajes. Las fábricas, con su producción en masa, gracias a la implantación de sistemas mecánicos, al iniciar una nueva producción comenzaban siempre fabricando los artículos más económicos, pensando invariablemente en el consumo de las grandes masas. Sólo más tarde, gracias a la elevación sin precedentes del nivel de vida del proletariado que los propios talleres provocaban, se comenzó a producir en serie mercancías de mejor calidad. Al principio, por ejemplo, sólo los «proletarios» gastaban calzado hecho; los ricos lo preferían a medida. Los famosos «telares del sudor» no producían ropas para los ricos, sino para los económicamente débiles. Las elegantes damas y los distinguidos caballeros preferían los servicios de sus tradicionales sastres y modistas.

Lo más saliente de la Revolución Industrial es que abrió una nueva era de producción en masa para cubrir las necesidades de las masas. Los trabajadores dejaron de ser personas meramente dedicadas a atender deseos ajenos. A partir de entonces iban a ser ellos mismos los principales consumidores de los artículos que en las fábricas se producían. La industria moderna no puede subsistir sin los amplios mercados que forman los propios trabajadores. No hay actualmente en América ninguna gran industria que no se dedique a atender las necesidades de las masas. La actividad empresarial capitalista sólo progresa cuando sirve al hombre común. Como consumidor, este último es el soberano que, comprando o dejando de comprar, enriquece o arruina a los empresarios. En la economía de mercado, sólo es posible enriquecerse proporcionando a las masas populares, del modo más económico y cumplido, las mercancías que reclaman.

Cegados por sus prejuicios, muchos historiadores y escritores no logran comprender este hecho fundamental. Creen que los asalariados trabajan para beneficiar a otros. Pero nunca se preguntan quiénes son esos hipotéticos «otros».

Los Hammond nos aseguran que los trabajadores eran más felices en 1760 que en 1830⁶. Es un juicio de valor puramente arbitrario. No hay forma alguna de comparar ni medir la respectiva felicidad de personas diferentes ni aun de un mismo individuo en momentos distintos. Podemos, a efectos dialécticos, admitir que la persona nacida en 1740 era en 1760 más feliz que en 1830. No olvidemos, sin embargo, que en 1770 (según Arthur Young) Inglaterra tenía 8,5 millones de habitantes, mientras que en 1831 (con arreglo al censo) la población inglesa era ya de 16 millones⁷. Tan notable incremento sólo fue posible gracias a la Revolución Industrial. La afirmación de esos eminentes historiadores, por lo que atañe a esos millones de ingleses adicionales, únicamente pueden admitirla quienes respaldan los melancólicos versos de Sófocles: «No nacer es, sin duda, lo mejor; ahora bien, lo que, en segundo lugar, más conviene al hombre, una vez vista la luz del día, es retomar con la máxima celeridad a aquel lugar de donde procede».

Los primitivos industriales, por lo general, era gente que procedía de la misma clase social que sus dependientes. Vivía modestamente; gastaba en el consumo familiar sólo una pequeña porción de sus ganancias, reinvirtiendo el resto en el negocio. A medida que fue enriqueciéndose, sus hijos fueron invadiendo paulatinamente los círculos antes reservados a los aristócratas. Los caballeros de noble cuna envidiaban la fortuna de aquellos parvenus y los odiaban por ser partidarios de la reforma económica. El contraataque de la aristocracia tomó cuerpo imponiendo toda clase de investigaciones que pretendían averiguar la condición material y moral de los trabajadores industriales y promulgando diversas reglamentaciones laborales.

La historia del capitalismo en Gran Bretaña, al igual que en todos los demás países capitalistas, registra una invariable tendencia al alza del nivel de vida de las masas trabajadoras. Esta evolución coincidió temporalmente, por un lado, con la aparición de la legislación social y la general implantación del sindicalismo y, por otro, con un insospechado incremento de la productividad marginal del trabajo. Sostienen los economistas que el aumento del bienestar material de los obreros se debió a la elevación del porcentaje de capital por habitante y a haberse implantado, gracias precisamente a ese capital adicional, todo género de adelantos técnicos. La legislación social y la coacción sindical, mientras no imponían retribuciones totales superiores a las que los trabajadores, en todo caso y sin presión alguna, hubieran conseguido, resultaban superfluas. En cambio, siempre que se sobrepasó ese límite, no sirvieron sino para perjudicar los intereses de las propias clases de trabajadores a quienes se quería proteger. Retrasaron la acumulación de capital y así demoraron el incremento de la productividad marginal del trabajo y el alza de los salarios. Privilegiaron a ciertos trabajadores a costa de los demás. Provocaron paro masivo y restringieron la suma de bienes que los trabajadores, como consumidores, en otro caso hubieran disfrutado.

Los defensores del intervencionismo estatal y sindical atribuyen toda la mejora en las condiciones de los trabajadores a la actuación de gobernantes y asociaciones obreras. Sin esa actuación, afirman, el nivel de vida de los asalariados sería hoy tan bajo como lo era en las primeras etapas de la Revolución Industrial.

Es claro que esta controversia no puede zanjarse acudiendo a la experiencia histórica. No difieren ambos grupos en lo que respecta al establecimiento de los hechos. Su antagonismo brota de la diferente interpretación de esos hechos, interpretación que se inspira en la teoría elegida. Las consideraciones epistemológicas y lógicas que determinan la corrección o incorrección de la teoría son lógica y temporalmente anteriores a la explicación del problema histórico de que se trate. Los hechos históricos, por sí solos, no permiten ni demostrar ni refutar ninguna teoría. Es preciso interpretarlos a la luz de una visión teórica.

La mayoría de los autores que han descrito las condiciones de trabajo bajo el capitalismo desconocían la economía, e incluso se vanagloriaban de esa ignorancia. Sin embargo, su desprecio por las enseñanzas de la economía no significa que abordaran sus temas de estudio libres de prejuicios y sin parcialidad por determinadas doctrinas. Se inspiraban en la popular falacia referente a la omnipotencia gubernamental y a la supuestamente benefactora acción sindical. Nadie duda, por ejemplo, que a los Webb, a Lujo Brentano y a la legión de otros escritores de segunda fila impelía, en sus estudios, un odio fanático contra la economía de mercado y una admiración sin límites por el socialismo y el intervencionismo. Eran ciertamente honestos y sinceros en sus convicciones y trataron de comportarse en consecuencia. Ahora bien, su buena fe les exoneraba en cuanto personas, pero no en cuanto historiadores. Por más puras que sean las intenciones de un historiador, no tiene excusa si recurre a falsas y falaces doctrinas. El primer deber de un historiador es analizar con el máximo rigor las teorías que van a guiarle en el tratamiento de la realidad histórica. Si no lo hace y acepta ingenuamente las amañadas y confusas ideas de la opinión popular, deja de ser historiador para convertirse en apologeta y propagandista.

El antagonismo entre ambos puntos de vista no es en absoluto un problema meramente histórico. Se halla íntimamente relacionado con los más candentes temas del momento. En ese antagonismo precisamente se basa la extendida controversia sobre lo que en América se denominan relaciones industriales.

Permítasenos subrayar únicamente un aspecto de la cuestión. Extensas áreas geográficas de nuestro planeta —el Oriente asiático, las Indias neerlandesas, la Europa meridional y suroriental, la América latina— sólo muy superficialmente han recibido hasta ahora la influencia del capitalismo. La situación en estos países no difiere mucho de la que prevalecía en Gran Bretaña al comenzar la Revolución Industrial. Millones y millones de seres carecen de empleo y de posible encaje dentro de los sistemas económicos tradicionales. Sólo la industrialización puede salvar a tan desgraciadas masas. Empresarios y capitalistas es lo que esos países necesitan con mayor urgencia. Puesto que sus descabelladas políticas les impiden contar con ulteriores aportaciones de capital extranjero, no tienen más remedio que proceder a la acumulación de capital nacional. Tienen que rehacer todas y cada una de las penosas etapas por las que pasó la industrialización de Occidente. De ahí que al principio tendrán que conformarse con salarios relativamente bajos y largas jornadas laborales. Pero, ofuscados por las ideas que hoy prevalecen en Europa y en Norteamérica, los gobernantes de esos países creen poder recurrir a otras soluciones. Promulgan una legislación social avanzada e incitan a los sindicatos a la «acción directa». Su radical intervencionismo coarta y retrasa la implantación de nuevas industrias autóctonas. Su dogmatismo está perjudicando grave e inmisericordemente a los coolies chinos e indios, a los peones mejicanos y a millones de seres humanos que, al borde de la muerte por inanición, luchan por sobrevivir.

Footnotes

1. Otros casos en que también disminuyen tanto la cantidad como la calidad de la labor —por ejemplo, es menor la productividad al recomenzar el trabajo después de un periodo de descanso— carecen de interés por lo que se refiere a la oferta de trabajo en el mercado.

2. V. pp. 357-364.

3. Suele limitarse temporalmente la llamada «Revolución Industrial» a los reinados de los dos últimos Jorges de la rama británica de los Hanóver en consciente deseo de dramatizar la historia económica para que venga a coincidir con los procrusteanos esquemas marxistas. La evolución que fue transformando los sistemas medievales de producción hasta llegar a los métodos típicos de la empresa libre fue un largo proceso que comenzó siglos antes de 1760 y que, ni siquiera en Inglaterra, había quedado completado en 1830. Es cierto que el desarrollo industrial de Gran Bretaña se aceleró grandemente durante la segunda mitad del siglo XVIII. Podemos, pues, emplear el término «Revolución Industrial» al examinar las connotaciones emocionales que el mismo sugirió a fabianos y marxistas, a la Escuela Histórica y al Institucionalismo americano.

4. J. L. Hammond y Bárbara Hammond, The Skilled Labourer 1760-1832, 2.^a ed., Londres 1920, p. 4.

5. Durante la Guerra de los Siete Años murieron en acción 1512 marinos ingleses; en cambio, 133 708 bajas hubo entre desaparecidos y víctimas de enfermedades. V. W. L. Dom, Competition for Empire 1740-1763, Nueva York 1940, p. 114.

6. J. L. Hammond y Bárbara Hammond, loc. cit.

7. F. C. Dietz, An Economic History of England, Nueva York 1942, pp. 279 y 392.