5. Los conflictos de nuestro tiempo
Suele atribuirse el origen de las guerras y las revoluciones a la colisión de los intereses «económicos» nacidos al amparo del mercado capitalista; la rebelión de las masas «explotadas» contra las clases «explotadoras» enciende las pugnas civiles, y la injusta apropiación de las riquezas naturales del mundo lanza a las «naciones pobres» contra «las que todo lo tienen». Quien ante estos hechos se atreve a hablar de armonía de intereses indudablemente es o retrasado mental o infame defensor de un orden social a todas luces injusto. Ninguna persona normal y honesta puede negar la existencia de graves conflictos de intereses que sólo la fuerza de las armas puede solucionar.
No hay duda de que nuestro tiempo está lleno de conflictos que acaban en guerra. Sin embargo, estos conflictos no proceden del funcionamiento de una sociedad de mercado no interferido. Podemos llamarlos conflictos económicos, pues atañen a la esfera de la vida humana que, en el lenguaje común, se conoce como la esfera de las actividades económicas. Pero sería un grave error inferir de esta apelación que la fuente de tales conflictos son las condiciones en que se desenvuelve la sociedad de mercado. No es el capitalismo el que los produce, sino precisamente las medidas anticapitalistas ingeniadas para impedir el funcionamiento del capitalismo. Son consecuencia de las diversas interferencias del gobierno en la economía, de las barreras impuestas al comercio y a la migración y de la discriminación de los trabajadores, los productos y los capitales extranjeros.
Ninguno de estos conflictos habría surgido bajo una economía de mercado libre. Supongamos un mundo en el que todos pudieran trabajar, como empresarios o como trabajadores, allí donde y como a cada uno pareciera mejor. ¿Habría entonces conflicto? Supongamos un modelo en el que se ha implantado perfectamente la propiedad privada de los medios de producción; en el que ni barreras ni cortapisas de ningún género perturban la libre movilidad del capital, del trabajo y de las mercancías; en el que ni leyes, jueces ni funcionarios discriminan contra individuo ni grupo alguno, ya sea nacional o extranjero; supongamos que la acción estatal se orienta exclusivamente a proteger la vida, la salud y la propiedad de la gente contra los ataques de que puedan ser objeto por la violencia o el fraude. Pues bien, en tales condiciones, las fronteras políticas se transforman en meras rayas trazadas sobre los mapas; no oponen obstáculo a nadie para que todo el mundo actúe según crea que sirve mejor a sus intereses. Nadie siente, entonces, deseos de expansionar el propio país. La conquista y la agresión armada resultan antieconómicas y la guerra no es ya más que una antigualla superada.
Hasta la aparición del liberalismo y la implantación del moderno capitalismo, los pueblos aprovechaban sustancialmente sólo aquello que las materias primas de la propia región permitían producir. La extensión a la esfera mundial de la división del trabajo vino a variar radicalmente tal planteamiento. Las masas occidentales consumen hoy cantidades fabulosas de alimentos y primeras materias importadas de los más lejanos países. Si se privara a Europa de tales importaciones, el descenso de su nivel de vida y el de los países más prósperos y adelantados sería enorme. Mediante la exportación de manufacturas —en gran parte fabricadas con primeras materias ultramarinas— pagan tales naciones sus importaciones de madera, minerales, aceites, cereales, grasas, café, cacao, frutas, lana y algodón. Es evidente que al proletariado occidental le perjudica la política proteccionista adoptada por los países exportadores de esas materias primas.
Poco podía importarle hace doscientos años al ciudadano suizo o sueco el que un lejano país explotara torpemente sus recursos naturales. Por el contrario, el atraso económico de regiones con grandes riquezas naturales perjudica hoy a cuantos gozarían de un más elevado nivel de vida si tales factores fueran mejor aprovechados. El principio de la soberanía ilimitada de cada país, en un mundo donde triunfa incontestado el intervencionismo estatal, es una gravísima amenaza para todos los demás pueblos. Es dramático, desde luego, el antagonismo que se plantea entre las naciones ricas en recursos y aquellas otras pobres y maltratadas por la naturaleza. Pero esta colisión de intereses aparece exclusivamente porque los estados gozan hoy de poderes económicos que les permiten infligir un daño tremendo a terceros —empezando por los súbditos propios— impidiendo que la gente disfrute de bienes que hubieran tenido a su alcance si se hubieran explotado mejor los recursos. Lo grave y pernicioso, sin embargo, no es la soberanía per se, sino el otorgar poder soberano a gobernantes que tercamente se niegan a imponer y respetar las leyes de la economía de mercado.
El liberalismo no pretende suprimir la soberanía nacional, lo cual, por otra parte, supondría desatar inacabables pugnas. Aspira sólo a demostrar a la gente las ventajas de la libertad económica. Tan pronto como se aceptaran generalmente las ideas liberales y comprendieran las masas que el mercado libre es el sistema que mayor riqueza y bienestar puede proporcionarles, la soberanía política dejaría de ser una amenaza y un factor de guerra. No son pactos y tratados, tribunales internacionales, ni organismos como la difunta Sociedad de las Naciones o la actual ONU lo que precisa el mantenimiento de la paz. Tales artilugios, si universalmente se acepta la filosofía de la libertad económica, resultan innecesarios; en caso contrario, son totalmente inútiles. Sólo un cambio radical de las ideologías imperantes permitirá implantar una paz duradera. Mientras la gente siga creyendo en el dogma de Montaigne y piense que sólo a costa de los demás se puede prosperar económicamente, la paz no será nunca otra cosa que un periodo de preparación para la próxima guerra.
El nacionalismo económico es incompatible con la paz duradera. Es inevitable cuando el gobierno interviene en la economía. El dirigismo exige la implantación de medidas proteccionistas. Pues el comercio libre, según es notorio, haría inalcanzables los objetivos que el intervencionista pretende conseguir1.
Vana ilusión es el creer que unas naciones permitirán pacíficamente que otras perjudiquen sus más vitales intereses. Supongamos que en el año 1600 hubiera existido una organización como las Naciones Unidas y que entre sus miembros se contaran los aborígenes pieles rojas de Norteamérica. La soberanía de tales tribus se habría considerado sagrada e intocable. Nadie habría discutido a los jefes indios el derecho a prohibir la entrada en sus territorios a los extranjeros, vedando a éstos la explotación de los ricos recursos naturales de aquellas tierras, recursos que los indígenas ni siquiera sabían cómo aprovechar. ¿Puede alguien creer sinceramente que un pacto o convención internacional habría impedido a los europeos invadir y conquistar esos territorios?
Riquísimos depósitos minerales se hallan ubicados en regiones cuyos habitantes son ignorantes, indolentes o torpes en exceso para explotar debidamente esos regalos que la naturaleza les hizo. Cuando los gobiernos interesados impiden al extranjero aprovechar dichos recursos o cuando el desorden reinante ahuyenta al capital vivificador, se perjudican gravemente todos aquéllos que vivirían mejor si se utilizaran más cuerdamente tales riquezas. Es indiferente que dichas situaciones sean fruto del atraso cultural del país o que, por el contrario, sean resultado de seguir y aplicar dócilmente la filosofía occidental intervencionista y nacionalista, tan en boga. Las consecuencias, tanto en uno como en otro caso, son las mismas.
Estos conflictos no se pueden evitar con simples buenas intenciones. Sólo si cambian las ideologías dominantes se podrá imponer una paz duradera. Es la filosofía económica hoy en día casi universalmente adoptada por gobernantes y políticos la causa única de esas modernas guerras que tantos sufrimientos están costando. Esta filosofía asegura que, bajo la égida del mercado, prevalece un irreconciliable conflicto de intereses entre las distintas naciones; que el librecambismo daña y perjudica, empobreciendo a todos; que debe, por tanto, el gobernante impedir el comercio libre aplicando las oportunas barreras. Olvidemos de momento que el proteccionismo perjudica ante todo a la propia nación que lo aplica, ya que lo fundamental en este momento es advertir el grave daño que ese proteccionismo infiere a los demás. Es ilusorio suponer que los pueblos perjudicados por el proteccionismo ajeno tolerarán sumisamente tales quebrantos si creen que pueden suprimirlos por la fuerza. La filosofía proteccionista es una filosofía de guerra. El imperante belicismo coincide con las actuales ideas económicas; las pugnas que nos afligen son la insoslayable consecuencia de las doctrinas prevalentes.
La Liga de Naciones no fracasó a causa de una imperfecta organización, sino porque le faltó genuino espíritu liberal. Era una asociación de gobiernos dominados por el nacionalismo económico, ansiosos de hacerse mutuamente la más feroz guerra económica. Mientras los delegados peroraban en Ginebra recomendando buena voluntad entre los pueblos, todas las naciones allí representadas se infligían unas a otras el mayor daño posible. Las dos décadas que duró la Sociedad de Naciones se caracterizaron por la guerra económica más despiadada de todos contra todos. El proteccionismo arancelario de 1914 parece un juego de niños comparado con las medidas —tarifas prohibitivas, cupos para las importaciones, fijación de cambios, devaluaciones monetarias— acordadas por doquier durante los años veinte y treinta de nuestro siglo2.
Las perspectivas de las Naciones Unidas no son mejores, sino incluso peores. Todos los estados consideran la importación de mercancías, especialmente la de productos manufacturados, como la mayor de las calamidades. La política oficial de muchos gobiernos consiste en impedir el acceso al mercado interior de los productos extranjeros. La mayor parte de las naciones lucha hoy contra el fantasma de una balanza de pagos desfavorable. No quieren los pueblos colaborar entre sí; prefieren empobrecerse mutuamente arbitrando todo género de protecciones contra imaginarios peligros que en la cooperación internacional sospechan ver.