2. El intervencionismo

Hay dos formas de realizar el socialismo.

La primera (a la que podemos denominar sistema ruso o de Lenin) es puramente burocrática. Todas las industrias y explotaciones agrícolas, así como el comercio todo, están formalmente nacionalizadas (verstaatlicht); hay departamentos administrativos atendidos por funcionarios públicos. Cada unidad del aparato de producción se encuentra en la misma relación con la organización central en que se encuentra la oficina local de Correos con su Dirección General.

La segunda forma (a la que denominaremos sistema germánico o de Hindenburg) mantiene nominal y aparentemente la propiedad privada de los medios de producción, así como un aparente mercado con supuestos precios, salarios y tipos de interés. Pero los empresarios han desaparecido, a no ser como jefes de empresa (los Betriebsführer en la terminología de la legislación nazi). Tales personajes, a primera vista, dirigen y ordenan las empresas a ellos encomendadas; compran y venden, contratan y despiden personal, conciertan operaciones financieras, pagan intereses y amortizan créditos. Pero en estas actuaciones se ven obligados a seguir rigurosamente las directrices que el gobierno les marca en cada caso. Este órgano administrativo (el Reichs​wirts​chafts​mi​nis​te​rium hitleriano) instruye detalladamente a los jefes de empresa acerca de qué y cómo han de producir; a qué precio y dónde deben comprar; a quiénes, en fin, han de vender. Cada uno halla predeterminado el puesto a desempeñar y la retribución a percibir. El mercado ya no es más que mera ficción. Sólo el gobierno determina los sueldos y salarios, los precios y los tipos de interés. Esos salarios, precios e intereses sólo en sentido formal pueden considerarse tales; en realidad no son más que puras expresiones cuantitativas manejadas por la administración para determinar el trabajo, los ingresos, el consumo y el nivel de vida de cada ciudadano. El gobernante, por sí y ante sí, ordena y encauza toda la actividad productora. Los jefes de empresa obedecen y cumplen las órdenes del gobierno, sin que para nada influyan los deseos y apetencias de los consumidores, y los precios de mercado ya no determinan la producción. Estamos ante un socialismo que pretende ocultarse tras máscaras capitalistas. Subsisten ciertos vocablos de la economía libre, términos que, sin embargo, se refieren a fenómenos totalmente distintos de aquéllos a los que se refiere el mercado con las mismas palabras.

Conviene destacar este hecho para evitar toda confusión entre socialismo e intervencionismo. El sistema intervencionista o economía de mercado intervenido se distingue del modelo germano de socialismo precisamente en que en él sigue existiendo el mercado. Las autoridades interfieren y perturban su funcionamiento, pero todavía no lo han abolido por entero. Quisieran, desde luego, que tanto la producción como el consumo se apartaran de los cauces que adoptarían libremente, y pretenden plasmar esos sus deseos mediante órdenes, mandatos y prohibiciones que respalda el coercitivo y compulsivo aparato policial. Pero estas medidas son sólo intervenciones aisladas. Las autoridades no pretenden combinarlas en un sistema integrado que determine los precios, los salarios y los tipos de interés poniendo así el pleno control de la producción y el consumo en manos del gobierno.

El sistema de economía de mercado intervenido o intervencionismo pretende conservar el dualismo de las distintas esferas de las actividades del gobierno por un lado y la libertad económica bajo el sistema de mercado por otro. Lo que caracteriza al intervencionismo es que el estado no limita sus actividades a defender la propiedad privada de los medios de producción y a protegerla contra toda intrusión violenta o fraudulenta. Las autoridades interfieren en la vida mercantil con mandatos y prohibiciones.

La intervención es un decreto emanado directa o indirectamente de la autoridad que desempeña el poder administrativo de la sociedad y que obliga a los empresarios y capitalistas a explotar determinados factores de producción de forma distinta de como los explotarían si sólo tuvieran que obedecer a los dictados del mercado. Este mandato puede ser una orden de hacer algo o de no hacerlo. Ni siquiera es necesario que el decreto proceda directamente de la propia autoridad establecida y generalmente reconocida. Puede suceder que otras entidades se arroguen a sí mismas el poder de emanar tales órdenes o prohibiciones y las respalden con un aparato propio de violenta coacción y opresión. Si el gobierno reconocido permite tales procedimientos o incluso los apoya mediante el empleo de su aparato policial, es como si actuara el propio gobierno. Si el gobierno se opone a la acción violenta de otras entidades, pero no consigue, aunque quisiera, dominarlas y eliminarlas con la acción de sus propias fuerzas armadas, entonces tenemos una situación de anarquía.

Conviene recordar que la acción del gobierno supone siempre la violencia o la posibilidad de imponerla. Las sumas que el gobierno invierte en cualquiera de sus actividades han sido previamente detraídas a los particulares mediante las exacciones tributarias. El fisco consigue tales cantidades porque los contribuyentes no osan ofrecer resistencia a los agentes del gobierno. Saben que toda desobediencia o resistencia sería inútil. Mientras tal sea la situación, el gobierno puede recaudar todo el dinero que desee gastar. El gobernar es en última instancia el empleo de la fuerza armada, de policías y gendarmes, de soldados, cárceles y patíbulos. Lo que caracteriza al poder público es que quien lo detenta puede imponer su voluntad azotando, matando o encarcelando al oponente. Quienes reclaman mayor intervención estatal lo que en definitiva postulan es más imposición y menos libertad.

Llamar la atención sobre este hecho no significa enjuiciar ni condenar la existencia del estado, pues es indudable que no sería posible la pacífica cooperación social si no existiera un instrumento que evitara, por la fuerza incluso si fuera preciso, las actuaciones de los grupos o individuos antisociales. No nos engañemos proclamando, como muchos, que el gobierno es un mal, aunque necesario e indispensable. Para conseguir un fin hay que emplear los medios oportunos y pagar el correspondiente precio para su feliz realización. Considerar ese precio como un mal en el sentido moral del término es un arbitrario juicio de valor. Sin embargo, ante las modernas tendencias a la deificación del estado y del gobierno, es oportuno recordar que los antiguos romanos, al simbolizar al estado como un haz de fustas, fueron más realistas que nuestros contemporáneos cuando adjudican al estado los atributos de la Divinidad.