4. La rectitud como norma suprema del comportamiento individual

Es opinión muy extendida que es posible, incluso en ausencia de la injerencia estatal en los negocios, desviar el comportamiento de la economía de mercado del cauce por el que habría discurrido a impulsos del mero afán de lucro. Los partidarios de acometer reformas sociales, inspirándose en los principios del cristianismo o ateniéndose a las exigencias de un «auténtico» sentido moral, aseguran que la conciencia sería suficiente para guiar a las personas bienintencionadas en el mundo de los negocios. Si la gente estuviera dispuesta a tener en cuenta, no sólo su provecho personal, sino también los preceptos de la religión y la moral, no sería necesario acudir a la presión del estado para ajustar y ordenar la vida social. Lo fundamental no es tanto que cambien los gobiernos o que se modifiquen las leyes, sino la purificación interna del hombre, el retorno a los mandamientos de Dios y a los preceptos del código moral, el rechazo de la codicia y del egoísmo. Sería así fácil conciliar la propiedad privada de los medios de producción con la justicia, la rectitud y la honestidad. Los perniciosos efectos del capitalismo serían eliminados sin mengua de la libertad y de la iniciativa del individuo. Se destronaría el Moloch capitalista sin entronizar en su lugar al Moloch estatal.

Carece de interés examinar ahora los arbitrarios juicios de valor en que tales opiniones se basan. Las censuras que estos críticos formulan acerca del capitalismo son intrascendentes; sus errores y falacias no hacen al caso. Lo único que importa es la idea de organizar un sistema social sobre la doble base de la propiedad privada y de unos principios morales que deben poner ciertos límites a su desenvolvimiento. El sistema preconizado, dicen sus defensores, no será socialista ni capitalista ni intervencionista. No será socialismo, porque se mantendrá la propiedad privada de los medios de producción; ni capitalismo, porque los mandatos de la conciencia prevalecerán sobre el afán de lucro; ni intervencionismo, porque será innecesario que el gobierno interfiera la actividad mercantil.

En la economía de mercado, el individuo es libre para proceder como le plazca dentro de los límites que le impone la propiedad ajena. Las resoluciones del particular son decisivas; sus conciudadanos deben tomarlas en cuenta al actuar y es el propio funcionamiento del mercado el que coordina estas acciones autónomas. La sociedad se abstiene de indicar a los hombres lo que deben o no deben hacer. Resulta innecesario imponer la cooperación mediante órdenes y prohibiciones. Toda actuación antisocial lleva consigo su propio castigo. Al no existir conflictos entre los intereses de la sociedad y los del individuo, no se precisa ningún método coactivo para solucionarlos. El mecanismo opera y alcanza sus objetivos sin la intervención de una autoridad que dicte órdenes y prohibiciones y castigue a los infractores.

Traspasadas las fronteras de la propiedad privada y del mercado, se halla el mundo de la coacción y la fuerza. Estamos ante la muralla que la sociedad levanta para proteger la propiedad privada y el mercado contra la violencia, la malicia y el fraude. Allende se extiende el reino de la imposición, bien distinto del de la libertad; donde ya todo son normas, discriminando lo legal de lo ilegal, lo que está permitido de lo que está prohibido, y un implacable mecanismo de armas, prisiones y horcas, con los hombres que lo manejan, siempre dispuestos a aniquilar a quienquiera ose desobedecer.

Pues bien, los reformistas a los que nos referimos pretenden, en definitiva, que, junto a las normas destinadas a proteger y conservar la propiedad privada, prevalezcan otras de carácter ético. Aspiran a que en el ámbito de la producción y el consumo operen factores distintos de los que registra aquel orden social en el que los individuos sólo se ven obligados a no dañar al prójimo desconociendo el derecho de propiedad ajeno. Quieren suprimir las motivaciones que dirigen al individuo en el ámbito de la economía de mercado (las denominan egoísmo, codicia, afán de lucro) y sustituirlas por otros impulsos (hablan de conciencia, rectitud, altruismo, temor de Dios, caridad). Están convencidos de que esta reforma moral bastaría para instaurar un sistema de cooperación social mejor que el del capitalismo inadulterado, sin tener necesidad de recurrir a las especiales medidas de gobierno propias tanto del socialismo como del intervencionismo.

Pero quienes así razonan no comprenden el papel que las motivaciones que condenan por viciosas desempeñan en el funcionamiento del mercado. No alcanzan a comprender que si la economía libre funciona sin injerencias administrativas ni órdenes superiores que indiquen a cada uno lo que deba hacer y cómo hacerlo, es porque no obliga a la gente a desviarse de la conducta que mejor sirve a su propio interés. Lo que armoniza las acciones de los individuos con el sistema social de producción en su conjunto es el hecho de que cada uno no hace sino perseguir sus propios objetivos. Al no impedir que la propia «codicia» actúe, todo el mundo, sin quererlo, contribuye al mejor desenvolvimiento posible de la actividad productora. De esta suerte, en la esfera de la propiedad privada y del mecanismo legal que la protege frente a los actos hostiles de fraude o violencia, no se origina conflicto alguno entre los intereses individuales y los sociales.

Suprimida la propiedad privada —que el reformador menosprecia en razón a que el egoísmo constituye su rasgo característico—, la economía de mercado se convierte en un caos absoluto. Porque no se puede instaurar un orden social satisfactorio y eficaz simplemente incitando a la gente a que escuche la voz de la conciencia y sustituya las motivaciones que derivan del afán de lucro por consideraciones atinentes al bienestar general. No es suficiente instar al individuo a no comprar en el mercado más barato y a no vender en el más caro. Es insuficiente decirle que no se afane por la ganancia y que no evite la pérdida. Es preciso establecer reglas inequívocas que orienten su conducta en cada caso concreto.

Dice el reformador: El empresario es desalmado y egoísta cuando, aprovechándose de su superioridad, ofrece precios inferiores a los del competidor menos eficiente y le fuerza a retirarse del mercado. Pero ¿cómo debería proceder el empresario «altruista»? ¿Es que, tal vez, en ningún caso había de vender a menor precio que sus competidores? ¿O se registran circunstancias específicas en las que sí le es lícito forzar la baja?

Pero también añade el reformador: El empresario es desaprensivo y explotador cuando, sirviéndose de la coyuntura del mercado, eleva los precios de tal suerte que impide al económicamente débil adquirir los bienes necesarios. Pero ¿cómo debería proceder el empresario «bueno»? ¿Deberá regalar la mercancía? Por bajo que sea el precio solicitado siempre habrá algunos que no podrán comprar, o, por lo menos, no comprarán tanta mercancía como adquirirían si los precios fueran todavía más bajos. ¿A quiénes, entre todos los que desean comprar, deberá el empresario excluir de la posibilidad de obtener la mercancía?

No es necesario, por el momento, entrar en el examen de las consecuencias que de manera inexorable provoca cualquier desviación del nivel de precios libremente fijado por el mercado. Si el vendedor evita vender a precio inferior al de sus competidores menos eficientes, al menos una parte de su stock quedará invendida. Y si facilita su mercancía a precio inferior al de la coyuntura económica, la oferta resultará insuficiente para atender a cuantos se hallan dispuestos a pagar el precio fijado. Más tarde analizaremos estas y otras consecuencias que derivan de cualquier desviación de los precios fijados por el mercado¹. Pero ya desde ahora habremos de quedar persuadidos de que es insuficiente decir al empresario que no se deje llevar por la coyuntura económica. Es forzoso indicarle hasta dónde puede llegar al fijar los precios. Cuando el afán de lucro no dirige la actividad empresarial ni determina qué ha de producirse y en qué cantidad; cuando el beneficio no induce al empresario a servir al consumidor lo mejor que le es posible, es preciso instruirle convenientemente en cada caso concreto. Es inevitable guiar su conducta mediante órdenes y prohibiciones específicas, regulación que precisamente caracteriza la injerencia estatal. Es vano cualquier intento de supeditar aquella intervención a los mandatos de la conciencia, la caridad y el amor al prójimo.

Los partidarios de una reforma social cristiana estiman que su anhelo de que la conciencia y la observancia de la ley moral suavice y modere la codicia y el afán de lucro fue un hecho en el pasado. El alejamiento de los mandatos de la Iglesia es la causa de todos los males de la época. Si la gente no se hubiera rebelado contra los mandamientos, si no se hubiera impuesto la codicia, la humanidad seguiría gozando de la bienandanza que disfrutó durante la Edad Media, cuando al menos la élite ajustaba su conducta a los principios del Evangelio. Se necesita, por tanto, volver a aquel feliz tiempo pasado e impedir así que una nueva apostasía prive a los hombres de sus beneficiosos efectos.

Pasemos por alto el análisis de las condiciones económicas y sociales del siglo XIII que estos reformadores ensalzan como la mejor época de la historia. Lo que interesa es precisar el concepto de precios y salarios justos, esencial en las enseñanzas sociales de los teólogos, y que los reformadores desean convertir en criterio básico de la actividad económica.

Es evidente que, para quienes la propugnan, la noción de precios y salarios justos guarda y guardó siempre relación con un determinado orden social que reputan como el mejor posible. Aspiran a la implantación de su ideal y a su eterno mantenimiento. No toleran el más leve cambio. Cualquier cambio en el ordenamiento establecido, que se considera óptimo, equivale a empeorar. La visión del mundo de estos filósofos prescinde de la inextinguible ansiedad característica del ser humano, que tiende al constante incremento de su bienestar. Los cambios históricos y la mejora general del nivel de vida son nociones ajenas a esa visión. Estiman «justo» cuanto favorece el mantenimiento de su inalterable utopía, e «injusto» todo lo demás.

Ahora bien, la consideración que merece al común de la gente el concepto de precio y salario justo es totalmente diferente del que tienen los filósofos. Cuando el no filósofo califica de justo un precio, quiere decir que su implantación mejora, o al menos no perjudica, sus ingresos y posición social. Denomina injusto todo precio que ponga en riesgo su posición y bienestar. Para él es «justo» que los precios de los servicios y bienes que ofrece se eleven constantemente y que los precios de los bienes y servicios que desea desciendan cada vez más. Al campesino ningún precio del trigo, por alto que sea, le parece injusto. Al asalariado ningún tipo de salario, por alto que sea, le parece exorbitante. El primero no duda un momento en reputar cualquier baja de precio del trigo como una violación de las leyes humanas y divinas, mientras el segundo se rebela si se reducen los salarios. Ahora bien, un sistema social organizado sobre la base de la cooperación únicamente dispone del mecanismo del mercado para adaptar la producción a los cambios de coyuntura. Mediante la alteración de los precios se induce a la gente a disminuir la producción de los artículos apetecidos con menos apremio y a ampliar la de aquéllos que el consumidor con más urgencia demanda. Lo absurdo de cualquier intento de estabilización de precios radica precisamente en que impide todo progreso y conduce a la rigidez y al inmovilismo. Las mutaciones de precios y salarios, en cambio, provocan soluciones de armonía, incrementan el bienestar y son vehículos de progreso económico. Los que condenan por injusta cualquier modificación de precios y salarios y desean mantener el estado de cosas que reputan justo, en realidad se oponen a todo esfuerzo conducente al mejoramiento de las condiciones económicas de la gente.

No es injusto que desde hace tiempo venga prevaleciendo en el proceso formativo de los precios de los productos agrícolas una tendencia que ha impulsado a grandes núcleos de la población a abandonar el agro y a enrolarse en las industrias manufactureras. De no haber ocurrido así, el 90 por 100, o quizá más, de la población continuaría dedicada al campo, obstaculizando el desarrollo de la industria. Todo el mundo, sin excluir los campesinos, viviría peor. Si se hubiera aplicado la doctrina tomista del «justo precio», prevalecerían todavía hoy las condiciones económicas del siglo XIII. La población no habría alcanzado su actual volumen y el nivel de vida sería notablemente inferior.

Ambas interpretaciones del justo precio, la filosófica y la vulgar, convienen en la condena de los precios y tipos de salario que el mercado inadulterado registraría. Pero semejante actitud negativa no aporta en realidad fórmula alguna para determinar el nivel que habrían de alcanzar aquéllos. Erigida la rectitud en norma suprema de la actuación económica, debe señalar a la gente de manera inequívoca cómo tiene que conducirse en la esfera mercantil y cuáles son los precios a solicitar y a abonar en cada caso concreto. Y no sólo esto; deberá al propio tiempo —mediante el aparato coactivo— exigir el sometimiento de cuantos sientan la menor veleidad de no acatar lo ordenado. Se hace preciso entronizar una suprema autoridad que dicte preceptos y normas de conducta en cada caso, los modifique si fuera preciso, los interprete auténticamente y no permita que nadie los infrinja. De todo ello se infiere que la implantación de la justicia y la rectitud moral, en sustitución del egoísta afán de lucro, exige adoptar precisamente las mismas medidas de injerencia estatal que los partidarios del mejoramiento moral de la humanidad deseaban evitar. Cualquier desvío de la libre economía de mercado requiere la implantación de un régimen autoritario. El que poder tan omnímodo sea laico o clerical carece de importancia.

Cuando los reformadores exhortan a la gente a no dejarse avasallar por el egoísmo, se dirigen a capitalistas y empresarios y algunas veces también, aunque muy tímidamente, a los asalariados. Ahora bien, la economía de mercado es un sistema en que el consumidor es soberano. Tales admoniciones deberían ser dirigidas, por tanto, a los consumidores, no a los productores. Habría que persuadirles de que renunciaran a preferir las mercancías mejores y más baratas, evitando así todo perjuicio a los productores menos eficientes. Sería indispensable convencerles de que redujeran sus compras, a fin de permitir a otros más necesitados incrementar las suyas. Pero cuando se exige al consumidor que actúe así, es preciso indicarle con claridad lo que debe comprar, en qué cantidad, de quién y a qué precios; y acudir a la coacción para que tales indicaciones sean acatadas. Ahora bien, en este supuesto queda implantado idéntico mecanismo de control autoritario que la reforma moral deseaba hacer innecesario.

De cuánta libertad pueden disfrutar los individuos en un régimen de cooperación social, depende del grado en que vengan a coincidir el interés del particular y el interés público. Cuando, en la persecución de su propio bienestar, provoca también —o, al menos, no perjudica— el de sus semejantes, jamás puede el particular que sigue su propio camino amenazar la estabilidad social ni dañar el interés ajeno. El reino de la libertad y de la iniciativa individual queda así entronizado y, en su ámbito, el hombre decide y actúa con plena independencia. De la libertad económica derivan todas las libertades que son compatibles con la cooperación social bajo el signo de la división del trabajo. Estamos ante la economía de mercado, o capitalismo, con su corolario político —su «superestructura», dirían los marxistas—, el gobierno representativo.

Quienes pretenden que existe un conflicto entre la codicia de los diversos individuos o entre la codicia de los particulares, de un lado, y el bien común de otro, es lógico que deseen privar a los seres humanos de su derecho a actuar y a decidir. La discrecionalidad de los ciudadanos debe ser sustituida por la supremacía de un organismo central que gestione la producción. En su modelo de sociedad perfecta no hay espacio para la iniciativa privada. La autoridad ordena y el individuo, de buen o mal grado, obedece.

Footnotes

1. V. pp. 895-905.