6. La intervención directa del gobierno en el consumo

Al investigar los problemas económicos que plantea el intervencionismo, no es preciso examinar las medidas de gobierno que pretenden influir de modo inmediato en la elección de los bienes por parte de los consumidores. Toda injerencia estatal en la esfera mercantil repercute indirectamente sobre el consumo. Puesto que altera el mecanismo del mercado, influye forzosamente en la conducta y estimaciones valorativas de los consumidores. Cuando el poder se limita a forzar directamente al consumidor a adquirir mercancías distintas de las que habría preferido en ausencia del mandato gubernamental, no surge ningún problema especial que deba analizar la economía. No hay duda de que cualquier mecanismo policiaco fuerte y despiadado dispone de poder suficiente para hacer respetar tales mandatos.

Al contemplar la elección realizada por el consumidor no pretendemos, desde luego, inquirir los motivos que pudieran inducirle a comprar a y a no comprar b. Sólo consideramos los efectos que en la determinación de los precios de mercado y consiguientemente en la producción provoca la concreta conducta de los consumidores. Estos efectos no guardan relación directa con motivaciones anímicas; se producen por el acto concreto de comprar a y no comprar b. En la determinación de los precios de las máscaras antigás para nada influye que la gente se decida a adquirirlas por propio impulso o en razón a que el gobierno obliga a todos a tenerla. Lo único que influye es la cuantía de la demanda efectiva.

El gobernante que desea mantener las apariencias externas de libertad, a pesar de procurar seriamente cercenarla, disimula la interferencia directa en el consumo so capa de intervención en la vida mercantil. La denominada ley seca americana pretendía que los residentes en el país se abstuvieran de las bebidas alcohólicas. Pero hipócritamente la ley no sancionaba el acto de beber. Lo que prohibía era, en cambio, la fabricación, venta y transporte del licor, es decir, toda la actividad mercantil previa al acto de ingerir alcohol. La gente comete excesos alcohólicos, se decía, inducida por los fabricantes de bebidas carentes de todo escrúpulo. Pero a lo que realmente aspiraba la ley seca era a suprimir la libertad del americano para gastar sus dólares y gozar de la vida a su manera. Las medidas restrictivas impuestas a la industria eran meras consecuencias del objetivo efectivamente perseguido.

La intervención directa del gobierno en el consumo, como decíamos, no suscita problemas catalácticos; va más allá del ámbito de la cataláctica y atañe al fundamento de la organización social y de la propia vida humana terrenal. Si la autoridad del gobernante procede de Dios y ha recibido de la Providencia el encargo de erigirse en incontestado guardián de unas masas ignorantes y estúpidas, debe ciertamente reglamentar y vigilar celosamente la conducta de sus súbditos. Este gobernante enviado de Dios conoce lo que conviene a sus vasallos mucho mejor que ellos mismos. Su deber es evitarles cualquier daño que pudieran hacerse si se les dejara actuar libremente.

Quienes gustan de calificarse de «realistas» son incapaces de apreciar la importancia de los temas que estamos abordando. Opinan que se trata de problemas que no se pueden examinar desde un punto de vista que se apresuran a calificar de filosófico y académico. Sus consideraciones, dicen, obedecen exclusivamente a motivos prácticos. Es un hecho que algunas personas se perjudican a sí mismas y a sus propios e inocentes deudos mediante el uso de estupefacientes; nadie que no sea un puro doctrinario, impulsado por su dogmatismo, se puede oponer a que los poderes públicos regulen el tráfico de drogas. Los beneficiosos efectos que de tal intervención se derivan son evidentes.

Pero el problema no es tan sencillo. El opio y la morfina son ciertamente drogas nocivas que producen hábito. Ahora bien, admitido el principio de que compete al gobernante proteger al individuo contra su propia necedad, no cabe oponer ya objeciones serias a ninguna ulterior intervención estatal. Lo mismo puede decirse del alcohol y la nicotina. Pero, entonces, ¿por qué la benévola providencia del gobernante no se extiende más allá del cuidado corporal? El daño que el hombre puede infligir a su mente y a su alma ¿no es, acaso, más perturbador que cualquier padecimiento físico? ¿Por qué no impedirle que lea libros perniciosos y que presencie detestables representaciones teatrales; que contemple pinturas y esculturas reñidas con la estética y que oiga mala música? Las consecuencias que derivan de una ideología social nociva son, sin duda, mucho más perniciosas, tanto para el individuo como para la colectividad, que todas las que pudieran derivarse del uso de drogas y narcóticos.

Y esto que decimos no es, como algunos podrían pensar, mero producto de la calenturienta imaginación de asustadizos y solitarios pensadores. Porque lo que conviene advertir es que ningún gobierno intervencionista, ni antiguo ni moderno, se abstuvo jamás de reglamentar las ideas, las opiniones y las creencias de sus súbditos. Tan pronto como se cercena la libertad de cada uno para decidir aquello que personalmente prefiera consumir, todas las demás libertades quedan igualmente suprimidas. Quienes admiten ingenuamente la interferencia de los poderes públicos en el consumo, se engañan cerrando los ojos a lo que, con menosprecio, denominan aspectos filosóficos de la cuestión. No advierten que de este modo se están convirtiendo en paladines de la censura, de la inquisición, de la intolerancia religiosa y de la persecución del disidente.

Al analizar el intervencionismo desde el punto de vista cataláctico prescindimos deliberadamente de las consecuencias políticas que acompañan a toda injerencia en el consumo. Destacamos simplemente que empresarios y capitalistas van a tener que aprovechar los factores de producción de modo distinto de como lo harían si actuaran sólo bajo los dictados del mercado. No suscitamos el tema de si tal intervención, contemplada desde cualquier otro preconcebido punto de vista, pueda considerarse plausible o nociva. Nos limitamos a preguntar si mediante la intervención se pueden alcanzar aquellos objetivos que los intervencionistas desean conseguir.

De la corrupción

Quedaría incompleto el examen del intervencionismo si no nos refiriéramos al fenómeno de la corrupción.

No hay prácticamente ninguna intervención estatal en el funcionamiento del mercado que, desde el punto de vista de los ciudadanos por ella afectados, pueda dejar de calificarse o como una confiscación o como un donativo. La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se enriquezcan a costa de otras personas o agrupaciones. Lo que no impide que, con frecuencia, el daño infligido a unos no beneficie a nadie, con lo que al final todos salen perjudicados.

No existe nada parecido a un método justo y eficaz para ejercer el tremendo poder que el intervencionismo pone en manos tanto del poder legislativo como del ejecutivo. Los defensores del intervencionismo pretenden que la actuación del gobernante, siempre sabio y ecuánime, y la de sus no menos angélicos servidores, los burócratas, evitará las tan perniciosas consecuencias que, «desde un punto de vista social», provocan la propiedad individual y la acción empresarial. El hombre común, para tales ideólogos, no es más que un débil ser necesitado de paternal tutelaje que le proteja contra las ladinas tretas de una pandilla de bribones. Los partidarios del estatismo hacen escarnio de todo lo que los conceptos de ley y legalidad hasta hace poco significaron, en aras de una «más noble y elevada noción de la justicia». Los actos de los administradores públicos están siempre autorizados; esa justicia sui generis que hoy por doquier se invoca precisamente les faculta para sancionar a quienes ellos entiendan haberse egoístamente apropiado de lo que pertenecía a otros.

Los conceptos de egoísmo y altruismo, tal como los intervencionistas los manejan, resultan vanos y contradictorios. El hombre, al actuar, como más de una vez se ha destacado, aspira invariablemente a provocar una situación que él aprecia en más que la que piensa habría prevalecido en ausencia de su actuación. Toda actividad humana, en este sentido, viene siempre dictada por el egoísmo. Quien entrega dinero para alimentar niños hambrientos lo hace o bien porque piensa que su acción será premiada en la otra vida o bien porque disfruta más remediando la necesidad infantil que con cualquier otra satisfacción que la suma en cuestión pudiera proporcionarle. El político, por su lado, también es siempre egoísta; tanto cuando, para alcanzar el poder, hace suyas las doctrinas más populares, como cuando se mantiene fiel a sus propias convicciones despreciando las ventajas y beneficios que conseguiría si traicionara tal ideario.

La mentalidad anticapitalista, que considera la igualdad de ingresos y patrimonios como lo único natural y justo; que califica de explotador a quienquiera tenga riquezas superiores a las del hombre medio y que recusa la actividad empresarial por estimarla perjudicial al bien común, utiliza los términos egoísta y altruista de acuerdo con lo que tal ideario le sugiere. El burócrata, en su fuero interno, estima torpe y deshonesto el mundo de los negocios, el depender de los consumidores, cortejar a la clientela, obtener beneficio sólo cuando se ha conseguido atender a las masas compradoras mejor que la competencia. Para él, sólo son espíritus nobles y elevados quienes aparecen en la nómina del gobierno.

Pero, por desgracia, no es angélica la condición de los funcionarios y sus dependientes y pronto advierten que sus decisiones, bajo un régimen intervencionista, pueden irrogar al empresario graves pérdidas y a veces también pingües beneficios. Hay, desde luego, empleados públicos rectos y honorables; pero también los hay que no dudan, si la cosa puede hacerse de un modo «discreto», en llamarse a la parte en los beneficios que generan sus autorizaciones.

Hay muchos campos en los que, dada una organización intervencionista, es imposible evitar el favoritismo. Piénsese, por citar un solo ejemplo, en la cuestión de las licencias de importación. ¿A quién otorgarlas y a quién denegarlas? No existe ningún criterio que permita hacer tal distribución de manera objetiva y libre de consideraciones personales. El que efectivamente se llegue o no a pagar dinero por la adjudicación, en el fondo poco importa, pues no resulta menos recusable conceder sin cobrar nada las deseadas licencias a aquéllos de quienes la administración espera conseguir en el futuro particulares servicios (sus votos electorales, por ejemplo).

El intervencionismo genera siempre corrupción. Su tratamiento, en este sentido, es tarea de historiadores y juristas¹.

Footnotes

1. Es frecuente hoy en día justificar los golpes revolucionarios de inspiración comunista alegando la corrupción del gobierno atacado. Este tipo de argumento fue sobre todo manejado por una parte de la prensa americana y por aquellos políticos que tan decisivamente apoyaron a los comunistas chinos, primero, y a las fuerzas castristas, después, en sus respectivas luchas contra los regímenes de Chiang Kai-Chek y Batista, cuya corrupción se pregonó a los cuatro vientos. Pero lo cierto es que de este modo se puede justificar todo asalto comunista contra cualquier gobierno intervencionista que no deje operar libremente al mercado en auténtico régimen de laissez faire, pues, invariablemente, en todos ellos, como hemos visto, habrá necesariamente corrupción de una u otra clase.