2. El impuesto total
La idea de justicia social implícita en el principio de la capacidad de pago es la de una completa igualdad financiera de todos los ciudadanos. En tanto se mantenga la menor diferencia de rentas y patrimonios, por ínfima que sea, se puede insistir en este ideal igualitario. El principio de la capacidad de pago —cuando se lleva a sus últimas e inexorables consecuencias— exige llegar a la más absoluta igualdad de ingresos y fortunas mediante la confiscación de cualquier renta o patrimonio superior al mínimo de que disponga el más miserable de los ciudadanos1.
El concepto de impuesto total es la antítesis del impuesto neutro. El impuesto total grava íntegramente —confisca— todo ingreso o patrimonio. Los poderes constituidos pueden así, primero, colmar las arcas del tesoro público y asignar luego a cada ciudadano la cantidad que consideren oportuna para que atienda a sus necesidades. O también pueden, al fijar las cargas impositivas, liberar del gravamen aquella cantidad que consideren equitativa, complementando las rentas de los de menores ingresos hasta dejarlas todas adecuadamente equilibradas.
Pero la idea del impuesto total no puede llevarse hasta sus últimas consecuencias lógicas. Si empresarios y capitalistas no obtienen beneficios ni sufren pérdidas, les resulta indiferente actuar de esta o aquella manera al decidir la forma mejor de emplear los medios de producción disponibles en cada momento. Desvanecida su función social, quedan transformados en meros administradores de la cosa pública, sin que les acucie el propio interés, abandonando todo sentido de responsabilidad. Nada les induce a ordenar la producción con arreglo a las apetencias del consumidor. Si sólo se grava la renta, quedando exentos los bienes de capital, se ofrece un incentivo al propietario para que consuma parte de su patrimonio en perjuicio del interés común. El impuesto total sobre la renta sería, en todo caso, una torpe vía para instaurar el socialismo. Pero si afectara no sólo a las rentas, sino también a los patrimonios, dejaría de ser exacción tributaria; no sería ya instrumento recaudatorio destinado a nutrir el presupuesto estatal bajo la égida de la economía de mercado. Sería la instauración del socialismo. Tan pronto como el impuesto total se implantara, el socialismo sustituiría al capitalismo.
Es opinable que pueda llegarse al socialismo a través del impuesto total, pero indudablemente hubo socialistas que formularon programas de reforma fiscal en tal sentido. Propugnaban, o un impuesto del cien por cien sobre patrimonios y sucesiones, o sobre la renta de la tierra, o sobre toda renta no ganada, es decir, de acuerdo con la terminología socialista, sobre cualquier ingreso que no proceda del trabajo personal. Carece totalmente de interés examinar semejantes proyectos. Basta aquí con advertir que son totalmente incompatibles con el mantenimiento de la economía de mercado.
Footnotes
V. Harley Lutz, Guideposts to a Free Economy, Nueva York 1945, p. 76.↩︎