1. Naturaleza de las medidas restrictivas
El presente capítulo pretende examinar aquellas medidas que directa o intencionadamente procuran desviar la producción —utilizando el término en su sentido más amplio que abarca también el transporte y el comercio— de aquellos cauces por los que habría discurrido bajo un régimen de mercado. Toda injerencia estatal en la actividad mercantil, desde luego, desvía la producción del curso que habría seguido presionada tan sólo por los consumidores a través del mercado. Lo característico de la interferencia restrictiva es que el desvío, lejos de ser un efecto secundario, inevitable e inintencionado, es precisamente el objetivo que busca la autoridad. Como cualquier otro acto de intervención, las medidas restrictivas afectan también al consumo. Pero no es éste el fin esencial que persigue la autoridad al implantarlas. El poder público desea intervenir la producción. La circunstancia de que tales decisiones afecten también al consumo es, desde su punto de vista, una secuela no deseada o, al menos, una desagradable repercusión que se tolera en razón a ser inevitable y por estimarse mal menor comparada con las consecuencias de la no intervención.
Restringir la producción significa que el poder público suprime o dificulta o hace más costosa la producción, transporte y distribución de determinados bienes o la aplicación de ciertos sistemas de producción, transporte o distribución. Las autoridades eliminan así algunos de los medios de que dispone el hombre para satisfacer las necesidades que le acucian. La interferencia impide a los individuos utilizar sus conocimientos y habilidades, su capacidad de trabajo y los factores materiales de producción del modo que les reportarían los máximos beneficios y las más cumplidas satisfacciones. Esta injerencia, por tanto, empobrece a la gente cuyas apetencias quedan sólo en menor grado satisfechas.
He aquí el nudo de la cuestión. Vanas son todas las sutilezas y bizantinismos que pretenden invalidar esta fundamental tesis. Como quiera que en el mercado inadulterado prevalece una tendencia irresistible a emplear cada factor de producción de la manera que mejor satisfaga las más urgentes necesidades del consumo, si el gobierno interfiere el proceso no logra otra cosa que desvirtuar esa tendencia; en ningún caso puede favorecerla.
La solidez de esta tesis ha sido demostrada de manera excelente e irrefutable en relación con el tipo históricamente más importante de interferencia en la producción por parte del gobierno, las barreras al comercio internacional. En esta materia, las enseñanzas de los economistas clásicos, especialmente de Ricardo, resultaron definitivas y despejaron para siempre todas las incógnitas. Con los aranceles no se consigue más que desplazar la producción de las zonas donde la productividad por unidad de inversión es mayor a otros lugares donde la rentabilidad es menor. En ningún caso se incrementa la producción; al contrario, se restringe.
La gente cree de buena fe que el gobierno puede impulsar el desarrollo económico. Pero el gobierno no puede ampliar un sector productivo más que restringiendo al propio tiempo otros sectores. La intervención estatal desvía los factores de producción de donde el mercado los hubiera empleado hacia otros diferentes cometidos. Escaso interés ofrece el examen del mecanismo utilizado por la autoridad para alcanzar este objetivo. Puede asignar explícitamente la oportuna subvención o puede también disimularla mediante protección arancelaria; es el consumidor, sin embargo, quien invariablemente paga el coste. He ahí lo único que importa destacar: que se obliga a la gente a prescindir de ciertas satisfacciones más apreciadas a cambio de otras que valoran en menor grado. En toda la filosofía intervencionista palpita constantemente la idea de que el estado opera fuera y por encima del mercado y que puede gastar en empresas propias ciertas míticas riquezas que no proceden de los ciudadanos. Tal es la fábula que Lord Keynes elevó a la categoría de dogma económico, dogma entusiásticamente en seguida acogido por todos aquéllos que del despilfarro público pensaban obtener ventajas personales. Es una perogrullada, pero conviene subrayar una y otra vez que el estado no puede gastar ni invertir un centavo siquiera que no haya detraído del público y que lo que el estado gasta o invierte lo detrae en la misma medida del gasto y la inversión de los ciudadanos.
Mientras que el intervencionismo del gobierno no puede hacer que la gente sea más próspera, sí puede dejarla empobrecida e insatisfecha mediante la restricción de la producción.