3. La restricción como privilegio
Los cambios de circunstancias del mercado no afectan a todos al mismo tiempo y del mismo modo. Para unos el cambio puede representar una ventaja, mientras que para otros puede ser un perjuicio. Sólo después de un cierto lapso temporal, cuando la producción queda ya reajustada a las nuevas circunstancias, se desvanecen estos efectos transitorios. Así pues, cualquier medida restrictiva, aun cuando perjudique a la mayoría, puede temporalmente beneficiar a algunos. Para éstos la restricción equivale a un privilegio; la reclaman precisamente porque les va a beneficiar.
También aquí el ejemplo más notable nos lo proporciona el proteccionismo. La tarifa arancelaria que impide o dificulta la importación perjudica a los consumidores. En cambio, el fabricante nacional se beneficia; desde su punto de vista, la imposición de aranceles o el aumento de los vigentes son medidas estupendas.
Con todas las medidas restrictivas ocurre lo mismo. Si el gobierno limita la actividad de las grandes sociedades y negocios —mediante órdenes directas o a través de la discriminación fiscal— se refuerza la posición competitiva de las empresas de menor tamaño. Si se pone trabas al funcionamiento de los grandes almacenes y de los establecimientos en cadena, los pequeños comercios se benefician.
Pero conviene notar que las ventajas así concedidas son sólo transitorias. Con el tiempo, el privilegio otorgado a una determinada clase de productores va perdiendo su primitiva virtualidad. El sector favorecido atrae a nuevas gentes y entonces la competencia desvanece las ganancias derivadas del privilegio. De este modo, la avidez de estos mimados de la ley para obtener privilegios es insaciable. Continúan exigiendo nuevos privilegios, puesto que los anteriores han perdido su fuerza.
La supresión de una medida restrictiva a la que se adaptó ya la producción implica, por otra parte, un nuevo desarreglo del mercado, que a corto plazo favorece a unos y perjudica a otros. Examinemos el caso refiriéndolo a la política arancelaria. Hace años —digamos en 1920— Ruritania implantó tarifas prohibitivas sobre la importación de cuero. Ello supuso enorme ventaja para las empresas ruritanas dedicadas a los curtidos. Pero más tarde, a medida que se establecían nuevas tenerías, las ganancias extraordinarias que en 1920 y años sucesivos conseguían los curtidores fueron paulatinamente desvaneciéndose. Pronto resultó que no se había hecho más que desplazar una parte de la industria mundial del cuero de los lugares donde tenían mayor productividad por unidad de inversión hacia Ruritania, donde los costes de producción eran más elevados. Los ruritanos pagaban los curtidos a precios superiores a como lo harían si las tarifas arancelarias no se hubieran implantado. Y como se destinaba en Ruritania más capital y trabajo a la producción de cuero de lo que habría ocurrido bajo un régimen de libre comercio, otras industrias nacionales trabajaban menos o, en todo caso, se hallaban congeladas. Se importaba menos cuero y, por tanto, también se exportaba menor cantidad de productos ruritanos. El volumen del comercio exterior de Ruritania se había contraído. Nadie, ni dentro ni fuera del país, derivaba ya ventaja alguna del mantenimiento del arancel; antes al contrario, toda la humanidad se perjudicaba por el descenso de la producción mundial. Si la política adoptada por Ruritania con respecto a los curtidos fuera seguida por todos los países y en todas las ramas de la producción de manera tan rigurosa que quedara suprimido el tráfico internacional e implantada la autarquía en todas las naciones, la gente se vería obligada a renunciar a las enormes ventajas que les proporciona la división internacional del trabajo.
Es evidente que la supresión del arancel ruritano sobre el cuero debería a la larga beneficiar a todos, ruritanos y extranjeros. Sin embargo, a corto plazo chocaría contra los intereses de los capitalistas que invirtieron en las tenerías ruritanas. Lesionaría también los intereses a corto plazo de los obreros especializados en el trabajo de curtir. Una parte habría de emigrar o cambiar de empleo. Estos perjudicados, desde luego, se opondrían enérgicamente a todo intento de suprimir o simplemente reducir las tarifas.
Esto demuestra claramente por qué es políticamente muy difícil acabar con cualquier medida restrictiva, una vez la producción se ha ajustado a ella. Aun cuando la tarifa perjudica a todos, su supresión daña momentáneamente a algunos. Éstos, indudablemente, son minoría. En Ruritania sólo la pequeña fracción de la población dedicada a las tenerías podía salir perjudicada con la abolición del arancel. La inmensa mayoría era compradora de cuero y, por tanto, saldría beneficiada al rebajarse el precio. Más allá de los límites de Ruritania sólo quedarían lesionados los interesados en las industrias que hubieran de reducir sus negocios como consecuencia de la expansión de las tenerías nacionales.
Pero los enemigos de la libertad de comercio establecen una última línea de resistencia, y alegan: Concedido que sólo los ruritanos dedicados al curtido de pieles tienen interés inmediato en mantener el proteccionismo; ahora bien, todo ruritano pertenece a una u otra rama de producción. Si se otorga protección a todas ellas, suprimir las tarifas arancelarias perjudica a los intereses de toda la industria y, por tanto, a todo grupo capitalista o laboral cuya suma es la nación entera. La supresión del arancel, a corto plazo, perjudicaría a la masa ciudadana en su conjunto. Y el interés inmediato es lo que en definitiva cuenta.
El argumento implica un triple error. No es cierto, primero, que todos los sectores industriales quedarían perjudicados con la supresión de las medidas proteccionistas. Al contrario, aquellas ramas cuyos costes de producción fueran comparativamente más bajos progresarían. Sus intereses, no sólo a la larga, sino inmediatamente, se verían favorecidos. Las mercancías capaces de hacer frente a la competencia extranjera para nada precisan de tarifas arancelarias, puesto que en régimen de comercio libre su producción no sólo se puede mantener, sino también intensificar. La protección otorgada a mercancías cuyos costes son en Ruritania más elevados que en el extranjero les perjudica, pues canaliza hacia otros sectores el capital y el trabajo del que en otro caso podrían disponer.
En segundo lugar, el principio del corto plazo es totalmente falso. Cualquier cambio de coyuntura, a corto plazo, perjudica a quienes no acertaron a prevenirlo. Quien fuera consecuente defensor de esta idea debería abogar por una completa rigidez e inmovilidad, oponiéndose a todo cambio, incluso a cualquier perfeccionamiento técnico y aun terapéutico1. Si la gente, al actuar, hubiera de preferir siempre evitar un daño inmediato antes que suprimir un mal remoto, se situaría al nivel de los seres irracionales. La característica de la acción humana, en cuanto se distingue de la conducta animal, consiste en renunciar deliberadamente a una comodidad presente por disfrutar de un beneficio más remoto estimado mayor2.
Por último, si lo que se discute es la supresión de un régimen de protección total, no debe olvidarse que en la supuesta Ruritania los intereses a corto plazo de los ocupados en las tenerías se perjudicarían por la supresión de una de las tarifas; pero se beneficiarían con la reducción de los precios de todas las demás explotaciones liberadas. Es cierto que los salarios de los curtidores se reducirían durante algún tiempo en relación con los percibidos en otros sectores, y sería necesario el transcurso de determinado lapso temporal para que se restableciera la adecuada proporción entre los salarios de las distintas ramas de producción ruritana. Pero coincidiendo con el recorte meramente transitorio de sus ingresos, los obreros afectados se beneficiarían de la reducción en los precios de muchos de los artículos por ellos adquiridos. Y esta mejora no sería meramente pasajera, sino beneficio consolidado, gracias al libre comercio, que ubica las industrias donde los costes resultan menores, lo que supone incrementar la productividad del trabajo y la disponibilidad general de bienes. Tal es la sólida ventaja que el libre comercio acaba proporcionando a todos los miembros de la sociedad de mercado.
La resistencia a abolir la protección arancelaria resultaría tal vez comprensible desde el punto de vista de los curtidores, si las medidas en cuestión sólo ampararan el cuero. Quienes vieran que de momento iban a ser perjudicados con la abolición del privilegio, posiblemente se opondrían a un régimen libre, pese a que el proteccionismo no les reporta ya ninguna ventaja especial. Pero precisamente entonces es cuando la resistencia de los curtidores resultaría vana. La mayoría del país los avasallaría. Lo que fortalece las filas de los proteccionistas es el hecho de que el arancel sobre el cuero no es una excepción, sino que son muchos los rectores industriales que se hallan en semejante posición y que igualmente rechazan la abolición de las respectivas tarifas que a ellas las amparan. Naturalmente, no se trata de un trust basado en intereses comunes. Cuando todos se hallan protegidos en igual medida, todos pierden como consumidores tanto como ganan a título de productores. Quedan todos, además, perjudicados por la disminución de productividad que supone el traslado de las industrias de lugares más apropiados a otros menos favorables. La abolición del régimen arancelario reportaría beneficios generales, independientemente de que la supresión de determinadas tarifas pudiera irrogar perjuicio a determinados intereses. Pero este perjuicio quedaría inmediatamente compensado, al menos en parte, por la abolición tarifaria sobre los productos que la gente adquiriera y consumiera.
Muchos consideran la tarifa proteccionista como si fuera un privilegio concedido a los asalariados del país que les proporciona un nivel de vida superior al que disfrutarían bajo el libre cambio. Esta idea prevalece no sólo en los Estados Unidos, sino también en cualquier estado del mundo donde el salario medio real es superior al de otros lugares.
Es cierto que bajo un régimen de perfecta movilidad del capital y del trabajo aparecería por doquier una tendencia a la igualación de las remuneraciones laborales de una misma clase e igual calidad3. Ahora bien, aun cuando hubiera libertad de comercio para las mercancías, esta tendencia no se produciría en nuestro mundo real erizado de obstáculos para el desplazamiento de mano de obra y de instituciones que dificultan la inversión de capital extranjero. La productividad marginal del trabajo es superior en Estados Unidos que en la India porque el capital por trabajador invertido es mayor y porque, además, a los obreros indios se les impide el desplazamiento a América prohibiéndoseles competir en ese mercado laboral. No es necesario discutir ahora si los recursos naturales de América son más abundantes que los de India, ni tampoco si el obrero indio es racialmente inferior al americano. Porque, con independencia de estos hechos, otras circunstancias institucionales, contrarias al libre desplazamiento del capital y del trabajo, bastan para explicar la ausencia de aquella tendencia igualitaria. Y como quiera que la abolición del arancel americano no modificaría esta doble realidad, en modo alguno podría su supresión influir en sentido adverso sobre el nivel de vida del asalariado estadounidense.
Al contrario. Dado que se halla seriamente dificultado el libre desplazamiento de trabajadores y capitales, la transición al libre comercio de mercancías por fuerza habría de elevar el nivel de vida americano. Las industrias en que los costes americanos fueran más altos (productividad americana inferior) se contraerían, y las de costes menores (productividad mayor) se incrementarían.
Bajo un régimen de mercado libre los relojeros suizos incrementarían sus ventas en Estados Unidos y los relojeros americanos reducirían las suyas. Pero ello es sólo una de las facetas del libre comercio. Al producir y vender más, los suizos también ganarían y comprarían más. No tiene importancia el hecho de que adquieran a otras industrias americanas mayor cantidad de mercancías, que incrementen el consumo nacional o que intensifiquen sus compras en otros países, en Francia, por ejemplo. Los dólares adicionales acabarían volviendo a los Estados Unidos, incrementando las ventas de determinadas industrias americanas. Salvo que los suizos regalaran sus productos, no tendrían más remedio que emplear sus dólares en Estados Unidos.
La falsa y tan difundida opinión contraria se basa en la ilusoria idea de que América puede ampliar la compra de mercancías extranjeras a base de reducir las disponibilidades líquidas de sus ciudadanos. Se trata de la conocida falacia según la cual la gente adquiere cosas sin tener en cuenta el estado de su propia tesorería y también según la cual el efectivo en caja es el remanente no gastado una vez realizadas todas las compras apetecidas. Más arriba demostramos el error de esta doctrina típicamente mercantilista4.
El efecto de las tarifas arancelarias en el campo de los salarios y el nivel de vida de los asalariados es algo totalmente distinto.
En un mundo en el que las mercancías circulan libremente, mientras se obstaculizan los movimientos de personas y capital extranjero, prevalece una tendencia al establecimiento de una determinada relación entre los salarios que se pagan por el mismo tipo y calidad de trabajo en varios países. No se da, ciertamente, una tendencia hacia la igualación de los salarios. Pero el precio final de éstos en diversos países se hallaría en una cierta relación numérica. Este precio final se caracterizaría por el hecho de que todo el que deseara trabajo lo encontraría, y todo el que buscara mano de obra la tendría en la cuantía deseada. Habría «pleno empleo».
Imaginemos que sólo existen dos países: Ruritania y Laputania. En Ruritania, los salarios finales son el doble de los de Laputania. El gobierno ruritano, en tal situación, decreta una de esas denominadas «conquistas sociales» e impone al empresariado determinado desembolso proporcional al número de obreros contratados. Reduce, por ejemplo, la jornada laboral sin permitir el correspondiente recorte de los salarios. La medida ocasiona una contracción de la producción y un alza en el coste unitario de cada mercancía. La gente disfruta de más descanso, pero desciende su nivel de vida. ¿Qué otra cosa cabe esperar de una reducción general de los bienes disponibles?
En Ruritania, el resultado es un fenómeno interno. Aun sin comercio exterior alguno, todo hubiera ocurrido igual. La circunstancia, sin embargo, de que Ruritania no sea un país autárquico y compre y venda a Laputania, no entraña modificaciones en el mencionado fenómeno interno. Pero, de rechazo, afecta a Laputania; como quiera que los ruritanos producen y consumen menos que antes, habrán de restringir sus adquisiciones laputanias. En este segundo país, desde luego, no se registra un descenso general de la producción; algunas de sus industrias, sin embargo, que trabajan para la exportación, habrán de renunciar al mercado ruritano, colocando sus productos en el propio mercado. Laputania verá descender el volumen del comercio exterior; quiera o no quiera, se hará más autárquica. Para los proteccionistas esto sería una ventaja. Pero en realidad no significa sino que se ha reducido el nivel de vida; unas mercancías fabricadas a mayor coste sustituyen a otras menos costosas. A Laputania le ocurre lo que experimentarían los naturales de un país autárquico si un cataclismo redujera la productividad de alguna de las industrias locales. Todo el mundo queda afectado, bajo un régimen de división del trabajo, si se reducen las aportaciones con que la gente contribuye a abastecer el mercado.
Pero esas tan inexorables consecuencias finales de la política supuestamente «social» de Ruritania no afectan a todas las industrias de Laputania ni del mismo modo ni al mismo tiempo. Ciertos lapsos temporales habrán de transcurrir antes de que las dos economías se ajusten a la reducción de la producción ruritana. Los resultados a corto plazo son distintos de los que a la larga se producirán y, sobre todo, resultan más espectaculares. Nadie puede dejar de percibir aquéllos, mientras que de los segundos sólo se percata el estudioso. No es difícil ocultar al común de las gentes las consecuencias producidas a la larga; pero, por lo que se refiere a las inmediatas, algo debe hacerse para impedir que se desvanezca prematuramente el entusiasmo en favor de aquella infecunda legislación social.
El primer efecto a corto plazo que aparece es la debilitación de la capacidad competitiva de algunos sectores industriales de Ruritania frente a los de Laputania. El incremento de dichos costes hace que suban los precios en Ruritania abriendo mercados a los fabricantes laputanios. La verdad es que se trata tan sólo de un efecto momentáneo; en definitiva, el total de las ventas laputanias habrá de reducirse. A pesar del descenso general de las exportaciones laputanias a Ruritania, es posible que algunas industrias laputanias a la larga incrementen sus ventas. (Esto dependerá de la nueva configuración de los costes comparativos). Ahora bien, no existe una conexión necesaria entre los efectos a corto y a largo plazo. Los reajustes del periodo de transición provocan situaciones que varían incesantemente y que pueden diferir por completo del resultado final. Y, sin embargo, la escasa perspicacia de la gente únicamente atisba los efectos a corto plazo. Comprueban que los hombres de negocios se quejan de las nuevas leyes ruritanas que permiten a los laputanios hacerles la competencia tanto en Ruritania como en Laputania. También advierten que ciertas industrias del país han de cerrar y dejar a los obreros sin trabajo. Y comienzan a sospechar que algo debe estar mal en las doctrinas de los autodenominados «amigos no ortodoxos del trabajo».
El cuadro cambia completamente si en Ruritania se implanta una tarifa suficientemente elevada como para impedir a los laputanios, incluso temporalmente, intensificar sus ventas en el mercado ruritano. En tal supuesto, los intensos y espectaculares efectos a corto plazo de la mencionada «conquista social» quedan enmascarados de tal suerte que la gente no los percibe. Los efectos a largo plazo son, desde luego, inevitables, provocados por una invariable cadena de eventos a corto plazo que impresionan menos al no ser tan llamativos. Las supuestas «ventajas sociales» derivadas de la reducción de la jornada laboral no se ven degradadas por hechos que todos, especialmente los obreros en paro, considerarían altamente perjudiciales.
Lo que fundamentalmente hoy se pretende mediante las barreras arancelarias y demás medidas proteccionistas es ocultar los efectos reales de las políticas intervencionistas diseñadas para elevar el nivel general de vida de las masas. El nacionalismo económico es el obligado corolario de esa política intervencionista, tan popular, que asegura estar incrementando el bienestar de la clase trabajadora, cuando realmente lo que hace es dañarla gravemente5.