1. El gobierno y la autonomía del mercado
El intervencionismo económico, en definitiva, significa que la autoridad pública, por los medios a su alcance, procura establecer para las mercancías, los servicios y los tipos de interés unos precios distintos de los que para ellos hubiera fijado un mercado libre de trabas. El poder implanta tasas máximas o mínimas —o faculta, tácita o expresamente, a determinadas organizaciones a instaurarlas por sí mismas— y adopta las medidas oportunas para que, por la fuerza y la coacción, tales mandatos se cumplan.
Al implantar las tasas, el gobernante aspira, o bien a defender a los compradores, cuando son máximas, o bien a los vendedores, si tienen el carácter de mínimas. Las primeras pretenden que el comprador pueda adquirir lo que precisa a precio inferior al que determinaría el mercado libre. El precio mínimo, en cambio, quisiera que el vendedor colocara su mercancía o servicios a un precio superior a aquél. Según sea la constelación de fuerzas políticas que prevalezca, el poder público instaura unas u otras. Han sido, por eso, a lo largo de la historia, decretados precios máximos y mínimos, salarios máximos y mínimos. Sólo el interés fue una notoria excepción: nunca conoció limitaciones mínimas; invariablemente se le fijaron precios máximos. Se desconfió siempre del ahorro y el crédito.
Cuando la fijación de precios, salarios e intereses llega a abarcar toda la economía, el socialismo de tipo germano reemplaza al mercado. Entonces el mercado, el cambio interpersonal, la propiedad privada de los medios de producción, la empresarialidad y la iniciativa privada, virtualmente desaparecen. Ya nadie puede influir por sí mismo en el proceso de producción; todo el mundo debe obedecer las directrices que emanan del supremo organismo rector. Lo que, en tan complicada ordenación, se denomina precios, salarios e interés ha dejado, en sentido cataláctico, de serlo. Estos conceptos son meras cifras que el jerarca fija sin relación alguna con el proceso del mercado. No tendríamos por qué estudiar separadamente este tipo de intervencionismo si lo que sus patrocinadores —intelectuales y políticos— pretendieran instaurar con él fuera simplemente el socialismo de tipo germano, que ya analizamos en capítulos anteriores.
Numerosos son los partidarios de la injerencia estatal que en torno a estos temas, una y otra vez, ponen de manifiesto su confusión mental por su incapacidad para apreciar la esencial diferencia que existe entre el sistema económico basado en el mercado y toda ordenación económica carente del mismo. Tal confusión les lleva a emplear una terminología inapropiada, un vago y ambiguo lenguaje.
Ha habido y hay defensores del control de precios que sin embargo se han declarado partidarios de la economía de mercado. Proclaman enfáticamente que el gobierno puede alcanzar sus objetivos fijando precios, salarios y tipos de interés, sin tener por ello que abolir ni el mercado ni la propiedad privada de los medios de producción, y sostienen que la regulación coactiva de los precios es el mejor —o más bien el único— procedimiento para conservar el régimen de empresa privada e impedir el advenimiento del socialismo. No admiten que alguien cuestione su doctrina y demuestre que el control de precios, no sólo empeora la situación —incluso desde el punto de vista de políticos y dirigistas doctrinarios—, sino que además conduce al socialismo. Proclaman con reiteración que ellos no son ni socialistas ni comunistas; dicen sostener la implantación de la libertad económica y no ocultan su animadversión hacia los regímenes totalitarios.
Vamos a examinar aquí este tipo de intervencionismo. El problema consiste en saber si el poder público puede alcanzar los fines a que aspira mediante la fijación de los precios, los salarios y los tipos de interés a nivel distinto del que habría determinado un mercado sin trabas. No hay duda de que un gobierno fuerte e inflexible puede imponer precios máximos y mínimos y sancionar a los infractores de los mismos. Pero la cuestión consiste en averiguar si aplicando tales medidas se alcanzan los objetivos anhelados.
La historia es un vasto catálogo de precios y leyes anti-usura. Una y otra vez, reyes y emperadores, dictadores y demagogos han pretendido manipular el mercado. Se infligió terribles castigos a campesinos y a comerciantes. Miles de víctimas sucumbieron en cruentas persecuciones que contaban con el cálido concurso de la masa. Pero todas esas tentativas acabaron siempre fracasando. La explicación que teólogos, filósofos y jurisperitos daban a tales fracasos coincidía plenamente con la opinión de gobernantes y masas. El hombre, argüían, es por naturaleza ruin y pecador; la autoridad fue harto remisa en imponer el respeto a sus propios mandatos; debía haber apelado a métodos aún más enérgicos y expeditivos.
La sensatez comenzó a imponerse con motivo de un problema específico. Durante siglos, los gobiernos se habían dedicado a envilecer la moneda circulante. Sustituían los metales nobles por otros de menor ley o valor o reducían el peso y tamaño de las monedas, asignaban a las envilecidas el nombre de las antiguas y decretaban su curso forzoso. Más tarde impusieron análogo criterio a sus súbditos en cuanto al tipo de cambio del oro y la plata y, por último, lo hicieron también por lo que respecta a la relación entre la moneda metálica y los billetes de banco o el papel moneda. Ya a finales de la Edad Media, los que hoy podríamos considerar precursores del moderno pensamiento económico, al preguntarse por qué todas esas maquinaciones monetarias fracasaban invariablemente, comenzaron a vislumbrar la que posteriormente se llamaría ley de Gresham. Pero había de transcurrir todavía mucho tiempo antes de que los estudiosos, avanzado el siglo XVIII, se percataran de la interconexión de todos los fenómenos del mercado.
Los economistas clásicos y sus continuadores utilizaron a veces expresiones que se prestaban a equívocas interpretaciones, pero sólo por parte de quienes deliberadamente deseaban hacerlo. Hablaron de la «imposibilidad» de controlar los precios. Con tal expresión no querían decir que fuera imposible dictar órdenes implantando precios; sólo afirmaban que mediante éstas no se conseguían las finalidades perseguidas por quienes las imponían y que las cosas, lejos de mejorar, invariablemente tenían que empeorar. Llegaban, en definitiva, a la conclusión de que tales prevenciones, a más de ineficaces, resultaban contraproducentes.
Conviene observar que el problema del control de los precios no es meramente uno de los problemas con que ha de enfrentarse la ciencia económica, ni siquiera un problema que permita a los economistas mantener, con fundamento, opiniones diferentes. La cuestión es, en definitiva, ésta: ¿Existe una ciencia económica? ¿Existen leyes que regulen efectivamente los fenómenos del mercado? Quien conteste negativamente a estas dos preguntas niega la misma posibilidad, racionalidad y existencia de la economía como rama del conocimiento. Pone de nuevo su fe en aquellos dogmas imperantes por doquier cuando la economía apenas iniciaba sus primeros balbuceos. Opina, en definitiva, que es equivocado afirmar la existencia de leyes económicas, que es erróneo suponer que los precios, salarios y tipos de interés derivan exclusivamente de los datos del mercado. Habrá de sostener que el gobierno tiene poder para determinar ad libitum los fenómenos del mercado. Un defensor del socialismo no necesita ser contrario a la ciencia económica; sus postulados no tienen por qué implicar la indeterminación de estos fenómenos. Pero el intervencionista, al propugnar la reglamentación coactiva de los precios, no tiene más remedio que negar la propia existencia de la teoría económica, pues nada de la misma sobrevive en cuanto se niega la ley del mercado.
La Escuela Histórica Alemana era consecuente al condenar de modo categórico la ciencia económica pura, sustituyéndola por las wirtschaftliche Staatswissenschaften, es decir, por el aspecto económico de la ciencia política. Del mismo modo razonaban la mayoría de los partidarios del fabianismo británico y del institucionalismo americano. En cambio, quienes admiten la existencia de la ciencia económica y mantienen al mismo tiempo que mediante la regulación coactiva de los precios se pueden alcanzar los objetivos propuestos se contradicen de modo lamentable. No es posible conciliar el modo de pensar del economista con el del dirigista. Si es cierto que los precios son consecuencia del funcionamiento del mercado, no pueden ser libremente manipulados por el gobierno. La intervención gubernamental es justamente un dato nuevo cuyas consecuencias el propio funcionamiento del mercado determinará, de modo que al final no tienen por qué producirse los resultados que el poder público buscaba. Las consecuencias últimas, incluso desde el punto de vista del gobernante, pueden resultar menos deseables que la situación que el mismo pretendía cambiar.
No disminuye la fuerza del argumento el que, entre comillas, hablemos de «leyes económicas», para así denostar mejor la idea de ley. Cuando se trata de las leyes de la naturaleza, todos advertimos su inexorabilidad, tanto por lo que se refiere a la física como a la biología. Se trata de normas que el hombre, cuando actúa, debe acatar si desea evitar lo indeseado. En el terreno de las leyes de la acción humana, aunque parece mentira, se registra la misma inexorable interconexión fenomenológica, por lo que también aquí el individuo que actúa no tiene más remedio que respetar la norma reguladora si desea triunfar en su cometido. Las leyes de la praxeología se hacen evidentes mediante los mismos signos que revelan la realidad de las leyes naturales, toda vez que en ambos casos la posibilidad de lograr cualquier objetivo queda limitada y condicionada a que el hombre se atenga a las leyes en cuestión. Si tales leyes praxeológicas no existieran, el ser humano, o bien gozaría de omnipotencia y quedaría inmune a todo malestar —ya que en su mano estaría suprimirlo instantánea y radicalmente— o bien no podría actuar, al no saber cómo debería proceder.
Por lo demás, sería absurdo confundir las leyes del universo con las leyes políticas o con los preceptos morales que los mortales decretan. Las leyes del universo que rigen los ámbitos de la física, la biología o la praxeología nada tienen que ver con la voluntad de los individuos; son fenómenos ontológicos primarios que de modo fatal condicionan la humana capacidad de actuar. Los preceptos morales y las leyes políticas no son sino medios utilizados por el hombre para el logro de fines determinados. Ahora bien, el que tales objetivos puedan o no alcanzarse de este modo depende de las leyes del universo. Las leyes elaboradas por el hombre son apropiadas y útiles si facilitan el logro de los fines propuestos e inadecuadas y contraproducentes en otro caso. Se puede discutir su idoneidad. Pero cuando se trata de las leyes del universo, toda discusión acerca de si son convenientes o perturbadoras es vacua e inútil. Son éstas lo que son; y nada ni nadie es capaz de cambiarlas. Su violación es automáticamente sancionada. Las normas de origen humano, en cambio, fácilmente quedan conculcadas en cuanto se debilita el aparato represor del estado.
Sólo deficientes mentales osarían desafiar las leyes físicas y biológicas. En cambio, son innumerables los que creen poder ignorar las leyes económicas. Los gobernantes pocas veces admiten que su poder se halle limitado por leyes distintas de las físicas y biológicas. Jamás aceptan que los tan lamentados fracasos son consecuencia de haber violado perentorias leyes económicas.
La Escuela Histórica Alemana se destacó en el rechazo del conocimiento económico. No podían admitir aquellos catedráticos que sus ídolos —los electores Hohenzollern de Brandenburgo y los reyes de Prusia— carecieran de omnipotencia. Con la sola finalidad de contradecir las conclusiones sentadas por el economista, exhumaron vetustos rollos y pergaminos que acabaron asfixiándoles y, en plúmbeos volúmenes, historiaron las gestas de sus gloriosos príncipes. Según ellos, sólo así era posible abordar las cuestiones de estado y las medidas políticas con criterio realista. Nuestros trabajos —añadían— se nutren de hechos verdaderos y reflejan la vida, al margen de exangües abstracciones, generalizaciones o equivocadas vaguedades, tan del gusto de los doctrinarios británicos. Ahora bien, tan soporíferos volúmenes no se limitaban sino a recopilar interminables series de normas y medidas políticas que fracasaron precisamente por menospreciar las leyes económicas. Jamás podría escribirse una historia de casos más instructiva que estas Acta Borussica.
Pero la economía no puede contentarse con semejante ejemplificación. Debe analizar a fondo el modo en que el mercado reacciona a la intervención del gobierno en la estructura de los precios.