2. La reacción del mercado a la intervención del gobierno

La nota característica del precio de mercado es que tiende a igualar la oferta con la demanda. El equilibrio entre el volumen de la oferta y el de la demanda no se registra únicamente en la construcción imaginaria de una economía de giro uniforme. La idea de un estado natural de reposo, tal como se desarrolla en la teoría elemental de los precios, es una exacta descripción de lo que ocurre en todo momento en el mercado. Cualquier alteración de los precios más allá del tipo a que se igualan oferta y demanda —en un mercado inadulterado— se autocompensa.

Cuando las autoridades fijan los precios a nivel distinto de aquél que un mercado no intervenido hubiera señalado, el equilibrio de la oferta y la demanda queda evidentemente perturbado. En tal supuesto —con precios máximos— existen compradores potenciales que, no obstante hallarse dispuestos a abonar el precio fijado por la autoridad o incluso superior, no pueden comprar. Y de igual manera —con precios mínimos— existen vendedores potenciales que, a pesar de hallarse dispuestos a hacerlo al precio fijado por la autoridad o incluso a otro más bajo, no pueden vender. El precio no discrimina ya los compradores y vendedores potenciales capaces de comprar o vender de los que no pueden hacerlo. Entra en acción necesariamente un nuevo dispositivo para distribuir los bienes y servicios afectados y para la selección de quienes han de recibir porciones de la oferta disponible. Acontece entonces que o bien se hallan en condiciones de comprar los primeros solicitantes o bien aquellos otros que por circunstancias especiales (amistades o relaciones personales) gocen de privilegio; o únicamente pueden hacerlo los seres desalmados que mediante la violencia y la intimidación apartan del mercado a sus rivales. Por tanto, si la autoridad pretende impedir que la suerte o la violencia gobiernen la distribución de los bienes existentes y desea evitar el caos, se ve obligada a imponer normas reguladoras al objeto de que cada uno adquiera la porción prevista. Y en tal supuesto resulta ineludible implantar el racionamiento¹.

Pero el racionamiento no resuelve el núcleo de la cuestión. Asignar a cuantos desean participar en el volumen de bienes disponibles la porción que les corresponda es una función meramente secundaria del mercado. Su cometido principal es dirigir la producción. Asigna a los que participan en el proceso de producción aquella misión que mejor contribuye a satisfacer las necesidades más urgentes de los consumidores. Cuando el poder público establece precios máximos para determinado bien de consumo o para una cantidad limitada de tales bienes —en tanto los precios de los restantes factores de producción quedan libres— la elaboración de las mercancías intervenidas decrece. Los empresarios marginales, con objeto de eludir pérdidas, interrumpen la fabricación. Los factores de producción de carácter no absolutamente específico se aplican a la obtención de bienes excluidos del precio. Una parte de los factores específicos de producción, que sin la concurrencia del precio máximo se habrían destinado a la fabricación de aquellos específicos bienes, dejan simplemente de aprovecharse. Se desvía la actividad productora de las mercancías tasadas a las no intervenidas. Tal resultado es evidentemente contrario al ambicionado por el intervencionista. Porque, al implantar los precios máximos, lo que precisamente deseaba era facilitar al consumidor la adquisición de los bienes intervenidos; puesto que los consideraba de primera necesidad, dictó sus normas con miras a que todos, incluso los más pobres, quedaran ampliamente abastecidos. Pero esta intervención acabó mermando la producción de la tan ambicionada mercancía e incluso pudo hacerla desaparecer del mercado. El fracaso acompaña fatalmente la interferencia en la vida mercantil.

Sería tarea inútil para el gobierno pretender evitar tales indeseadas consecuencias decretando precios máximos para aquellos factores de producción utilizados en la elaboración de bienes de consumo ya sujetos al régimen de precios máximos. Sólo si todos los factores de producción fueran específicos conseguiría el gobierno sus objetivos. Pero como ello no acontece, las autoridades se ven obligadas a completar aquella primera medida —que fijaba el precio de determinado producto por debajo del que señalaría el mercado— decretando sucesivamente nuevos precios máximos aplicables no sólo a otros bienes de consumo y a sus factores materiales de producción, sino también a los salarios. Además, tiene que ordenar a todos los empresarios, capitalistas y empleados que prosigan la producción ajustada a los precios, salarios y tipos de interés prefijados por el gobierno; a fabricar el volumen de mercancías que se les ordena y a venderlas precisamente a aquellas personas —productores o consumidores— que la autoridad indique. Pues si uno de los sectores de producción quedara libre de la indicada reglamentación, atraería capital y trabajo; la producción disminuiría en otros sectores —los intervenidos—, precisamente los considerados más importantes por el gobierno, razón por la cual interfirió éste el funcionamiento del mercado en el vano deseo de incrementar sus disponibilidades.

La economía no afirma que la regulación esporádica de los precios, cuando afecta tan sólo a un producto o a unos pocos bienes, sea injusta, nociva o inviable. Advierte únicamente que la injerencia provoca efectos distintos de los apetecidos y que, lejos de mejorar, empeora la situación, incluso considerada desde el punto de vista del gobierno y de los propios partidarios de la intervención. Antes de que se produjera la interferencia, los bienes en cuestión se cotizaban, a juicio de los gobernantes, excesivamente caros. Pero al implantarse el precio, o bien la oferta se contrae o bien desaparece en absoluto. El poder público intervino el mercado por considerar singularmente vitales, necesarios e indispensables tales bienes. Pero lo que esa actuación provoca es una reducción de la cantidad disponible. Por tanto, aun partiendo de los objetivos que la autoridad perseguía, la injerencia resulta absurda y disparatada.

Si el gobernante no se aviene a aceptar las indeseadas consecuencias señaladas y, perseverando en su criterio, se adentra más y más en el camino emprendido, insistiendo en regular precios y salarios, y obliga a la gente a seguir produciendo y trabajando con sujeción a los precios y salarios impuestos, al final aniquila el mercado. Surge la economía planificada, es decir, la Zwangswirtschaft, o sea, el socialismo de tipo germano. Los consumidores dejan, comprando o absteniéndose de comprar, de ordenar la producción; sólo el gobierno desempeña esa función.

Hay sólo dos excepciones a la regla de que la fijación de precios máximos provoca un descenso de la oferta y un estado de cosas contrario al objetivo perseguido con su implantación. Una se refiere al concepto de renta absoluta y la otra a los precios de monopolio.

La fijación de precios máximos reduce las existencias, puesto que el productor marginal sufre pérdidas, viéndose obligado a cesar en su actividad. Los factores no específicos de producción se dedican a obtener otros bienes que quedaron sin intervenir, mientras se restringe el aprovechamiento de los rigurosamente específicos. En un mercado inadulterado éstos se habrían empleado en la medida exigida por la máxima utilización de los factores no específicos, en tanto el empleo de estos últimos no supusiera dejar desatendidas apetencias más valoradas. Intervenidos los precios, sólo parte de los mismos es aprovechada; la porción desaprovechada aumenta. Pero si el volumen de los factores típicamente específicos es tan reducido que, a los precios de mercado, eran utilizados totalmente, resta una posibilidad de que la injerencia no provoque un descenso en la producción. El precio no restringe la producción mientras no absorbe la totalidad de la renta del productor marginal de ese factor absolutamente específico. Sin embargo, en todo caso provoca una alteración en la demanda y la oferta del bien en cuestión.

De esta manera la cuantía en que la renta urbana de una parcela de tierra excede a su renta agrícola facilita un margen que, si no es rebasado, hace posible que el control de alquileres opere sin que se registre una disminución en la cantidad de solares dedicados a la construcción. Si los tipos de alquileres máximos se hallan tan acertadamente ponderados que dejan un margen de ganancia suficiente para que nadie desee dedicar la tierra al cultivo agrícola con preferencia a la edificación, la medida no afectará a la oferta de viviendas y locales comerciales. Sin embargo, provoca un incremento en la demanda de unas y otros, originando precisamente aquella escasez que la autoridad pretendía combatir mediante el bloqueo de alquileres. Catalácticamente carece de importancia que las autoridades recurran o no al racionamiento de la superficie disponible. De todos modos, sus precios tope no suprimen el fenómeno cataláctico de la renta urbana. Simplemente obligan a los propietarios a que la cedan en beneficio del inquilino.

En la práctica, como es natural, los gobiernos, cuando regulan los alquileres y establecen un tope a los mismos, nunca tienen en cuenta estas consideraciones. O bien bloquean rígidamente las rentas brutas vigentes la víspera de adoptar la medida o bien autorizan únicamente incrementar un porcentaje determinado. Ahora bien, comoquiera que la proporción de los dos elementos que componen la renta bruta —la renta que deriva directamente de la utilización del solar y el precio pagado por la utilización de la superestructura— varía con arreglo a las circunstancias especiales de cada edificio, el efecto del bloqueo de los alquileres es también muy distinto. En unos casos, la porción de sus ingresos que el propietario se ve obligado a transferir al arrendatario sólo supone una parte de la diferencia entre la renta urbana y la renta agrícola; en otros rebasa con mucho dicha diferencia. Sea cual fuere la alternativa, la regulación de los alquileres provoca inexorablemente escasez de viviendas. Incrementa la demanda y contrae la oferta.

Pero la regulación de los alquileres no afecta tan sólo a los inmuebles ya existentes, sino que repercute también sobre los que puedan construirse, puesto que los nuevos edificios dejan de ser remuneradores. O las construcciones se paralizan o disminuyen de manera alarmante; la insuficiencia se hace crónica. Pero incluso cuando se permite la libre fijación del alquiler de los edificios de nueva planta, la construcción se contrae. Los potenciales inversores dudan, porque advierten el peligro de que, más tarde, el poder público, ante cualquier nueva crisis, limite la renta a percibir, como hizo con las viviendas antiguas.

La segunda excepción se refiere a los precios de monopolio. La diferencia entre los precios de monopolio y los precios competitivos deja un margen suficiente para implantar precios máximos sin contrariar los objetivos perseguidos por el gobierno. Si el precio competitivo es p y el menor entre los posibles precios monopolísticos es m, un precio tope de c, si c es inferior a m, haría desventajoso para el vendedor elevar el precio por encima de p. El precio máximo provocaría la reimplantación del precio competitivo e incrementaría la demanda, al propio tiempo que la producción y la oferta. Una vaga percepción de esta concatenación sugiere a veces la conveniencia de la intervención del gobierno precisamente para mantener la competencia y orientarla de suerte que actúe de un modo beneficioso.

No es necesario insistir en la circunstancia de que todas estas fórmulas carecen de base real cuando se pretende aplicarlas a los precios de monopolio originados por la injerencia estatal. Si el poder público se opone a los precios de monopolio derivados de los nuevos inventos, lo que debería hacer es no otorgar patente alguna de invención. Es absurdo concederlas y anularlas seguidamente obligando al beneficiario a enajenar el producto a precio de competencia. Si el gobierno combate los carteles, es mejor que suprima todas las medidas (por ejemplo, los derechos arancelarios sobre la importación) que hacen posible la aparición de los mismos.

La cosa es distinta cuando los precios de monopolio se originan sin el concurso estatal. En tal supuesto, las tasas reinstaurarían las condiciones de competencia si fuera posible, mediante cálculos teóricos, determinar el nivel de precios que, de operar, el mercado habría fijado. Pero ya hemos demostrado que las tentativas de elaborar precios sin mercado son totalmente vanas². La esterilidad a que de antemano aparecen condenados los esfuerzos realizados para determinar la tarifa justa e idónea en un servicio público es bien conocida de todos los expertos.

El estudio de estas dos excepciones pone de relieve por qué, en algún caso concreto, los precios máximos, aplicados con extraordinaria prudencia y en reducido margen, no aminoran la oferta del producto o servicio en cuestión. Pero esta doble excepción no invalida la regla general de que la interferencia de los precios provoca inexorablemente situaciones menos deseables —incluso contempladas desde el ángulo en que se sitúa la autoridad al ordenarla— que las que se habrían registrado sin control de precios.

Consideraciones sobre las causas de la decadencia de la civilización clásica

El conocimiento de las consecuencias de la interferencia del gobierno en los precios del mercado nos permite comprender las causas económicas de un importante acontecimiento histórico, la decadencia de la civilización clásica.

Carece de interés entrar aquí a precisar si la organización económica del Imperio Romano era un sistema capitalista o no. Lo que sí puede afirmarse, sin lugar a dudas, es que, al llegar el Imperio a su cénit en el siglo II —bajo los Antoninos, los emperadores «buenos»—, se había instaurado un avanzado régimen de división social del trabajo apoyado en un activo comercio interregional. Varios centros metropolitanos, un número considerable de ciudades y muchas aglomeraciones urbanas más pequeñas formaban núcleos de refinada civilización. Los habitantes de estas poblaciones eran abastecidos de alimentos y materias primas procedentes no ya de las comarcas agrícolas próximas, sino también de lejanas provincias. Algunos de estos suministros afluían en concepto de rentas que los ciudadanos ricos retiraban de sus propiedades rústicas. Pero la porción más considerable provenía del intercambio de los productos manufacturados por los habitantes de la ciudad y los artículos ofrecidos por la población rural. Además, se registraba un comercio intensivo entre las distintas regiones del vasto Imperio. No sólo la industria, sino también la agricultura, tendían a una creciente especialización. Las diversas partes del Imperio no eran ya económicamente autárquicas; operaban de modo interdependiente.

No fueron las invasiones bárbaras la causa y origen de la caída del Imperio Romano y del ocaso de su civilización, sino el resquebrajamiento de esta interconexión económica. Los agresores exteriores no hicieron más que aprovechar la oportunidad que la debilidad interna del Imperio les deparaba. Desde un punto de vista militar, las hordas invasoras de los siglos IV y V no eran en modo alguno superiores a aquellas otras fácilmente vencidas por las legiones imperiales poco antes. Roma era la que había cambiado; su estructura económica y social pertenecía ya al Medioevo.

La libertad que Roma reconoció a la economía estuvo siempre, sin embargo, bastante mediatizada. El comercio de cereales y demás bienes considerados de primera necesidad fue invariablemente objeto de una intervención mayor que otros aspectos de la actividad mercantil. Se consideraba inmoral pedir por el trigo, el aceite o el vino —los artículos esenciales de aquellos tiempos— precios superiores a los que la gente estimaba normales. Las autoridades municipales intervenían enérgicamente para cortar lo que consideraban abusos de los especuladores. Se impedía así, cada vez más, el desenvolvimiento de un eficiente comercio mayorista. Mediante la annona —es decir, la nacionalización o municipalización del comercio de granos— se pretendió remediar la situación, pero sin éxito, empeorándose aún más las cosas. Los cereales escaseaban en las aglomeraciones urbanas y los agricultores, por su parte, se quejaban de que el cultivo no era remunerador³. La creciente interferencia de las autoridades impedía que se equilibrara la oferta con una siempre creciente demanda.

El desastre final sobrevino cuando, ante los disturbios sociales de los siglos III y IV, los emperadores se lanzaron a rebajar y envilecer el valor de la moneda. Tales prácticas inflacionarias, unidas a unos congelados precios máximos, paralizaron definitivamente la producción y el comercio de los artículos básicos, desintegrando toda la organización económica. Cuanto más celo desplegaban las autoridades en hacer respetar las tasas, tanto más desesperada se hacía la situación de las masas urbanas, que dependían siempre de la disponibilidad de productos alimenticios. El comercio de granos y de otros artículos de primera necesidad desapareció por completo. Para no morir de hambre, la gente huía de las ciudades; regresaban al campo y se dedicaban al cultivo de cereales, olivos, vides y otros productos, pero sólo para el propio consumo. Los grandes terratenientes restringían, por falta de compradores, las superficies cultivadas, fabricando en las propias heredades —las villae— los productos artesanos que precisaban. Paso a paso, la agricultura en gran escala, seriamente amenazada ya por el escaso rendimiento del trabajo servil, resultaba cada vez menos racional, a medida que era sucesivamente más difícil traficar a precios remuneradores. Como los propietarios rurales no podían vender en las ciudades, los artesanos urbanos perdieron también su clientela. Para cubrir las necesidades requeridas por la explotación agraria hubieron aquéllos de acudir a emplear en la propia villa artesanos que trabajaran por su cuenta. Al final, el terrateniente abandonó la explotación en gran escala y se convirtió en mero perceptor de rentas abonadas por arrendatarios y aparceros. Estos coloni eran o esclavos liberados o proletarios urbanos que huían de las ciudades y volvían a labrar la tierra. Los latifundios fueron haciéndose cada vez más autárquicos. La actividad económica de las grandes urbes, el tráfico mercantil y el desenvolvimiento de las manufacturas ciudadanas se redujo de modo notable. El progreso de la división del trabajo, tanto en Italia como en las provincias del Imperio, se contuvo. La estructura económica de la antigua civilización, que tan alto nivel alcanzara, retrocedió a un nivel que hoy denominaríamos feudal.

Los emperadores se alarmaron ante un estado de cosas que minaba gravemente su poderío militar y financiero. Pero las medidas adoptadas resultaron ineficaces puesto que no atacaban la raíz del mal. Apelar a la coacción y compulsión para invertir la tendencia hacia la desintegración social era contraproducente, ya que la descomposición precisamente traía su origen del recurso a la fuerza y a la coacción. Ningún romano, sin embargo, fue capaz de comprender que la decadencia del Imperio era consecuencia de la injerencia estatal en los precios y del envilecimiento de la moneda. De nada servía que los emperadores dictaran leyes contra quien abandonara la ciudad para refugiarse en el campo, o, por decirlo con arreglo al texto legal, contra quien relicta civitate rus habitare maluerit⁴. El sistema de las liturgiae —los servicios públicos que habían de prestar los ciudadanos ricos— no hacía más que acelerar el proceso de descomposición del régimen de división del trabajo. Las disposiciones relativas a las obligaciones especiales de los navieros, los navicularii, no tuvieron más éxito en su pretensión de detener la decadencia de la navegación que las leyes cerealistas en su aspiración a apartar los obstáculos que dificultaban abastecer de productos agrícolas a las aglomeraciones urbanas.

La maravillosa civilización de la antigüedad desapareció porque fue incapaz de amoldar su código moral y su sistema legal a las exigencias de la economía de mercado. Cualquier sistema social se halla inexorablemente condenado a perecer cuando los actos humanos indispensables para que funcione normalmente son menospreciados por la moral, declarados contrarios al derecho por los códigos y perseguidos por jueces y magistrados. El Imperio Romano sucumbió porque sus ciudadanos ignoraron el espíritu liberal y repudiaron la iniciativa privada. El intervencionismo económico y su corolario político, el gobierno dictatorial, descompusieron la poderosa organización de aquel Imperio, como también, en el futuro, lo harán con cualquier otro régimen social.

Footnotes

1. Al objeto de alcanzar una mayor sencillez expositiva, la presente sección se limita al estudio de las repercusiones de los precios máximos impuestos a los bienes de consumo, dedicándose la siguiente al examen de los temas relativos a los salarios mínimos. Sin embargo, mutatis mutandis, la argumentación mantiene análoga eficacia, tanto si se trata de precios mínimos como de salarios máximos.

2. V. pp. 474-477.

3. V. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford 1926, p. 187 [tr. esp., Espasa Calpe, Madrid 1981].

4. Corpus iuris civilis, 1 un. C. X. 37.