1. El estado y el dinero

Tanto el dinero como los medios de intercambio son fenómenos del mercado. Es el actuar de las gentes en la esfera mercantil lo que confiere a un cierto objeto condición dineraria o de medio de intercambio. No obstante lo anterior, tienen las autoridades que ocuparse del dinero por lo mismo que han de pronunciarse, en el caso de cualquier convenio, cuando a ellas acude una de las partes pidiendo que se obligue a la otra al estricto cumplimiento de lo pactado. Raro es que se solicite la intervención judicial cuando los interesados llevan a cabo sus respectivas prestaciones de modo simultáneo. Por el contrario, cuando las obligaciones de una o ambas partes han sido objeto de aplazamiento, los tribunales muchas veces deben pronunciarse sobre cómo debe interpretarse y cumplirse el pacto originario. Si se trata del pago de una cantidad, tienen la función de precisar el significado que debe atribuirse a los términos monetarios empleados en el contrato.

Corresponde a las leyes y a los tribunales definir qué entienden las partes del contrato cuando hablan de una suma de dinero y establecer cómo la obligación de pagarla debe ajustarse a los términos acordados. Deben determinar qué es y qué no es moneda de curso legal. Cuando cumplen esta función, las leyes y los tribunales no crean dinero. Un cierto bien sólo se convierte en dinero cuando la gente lo utiliza efectivamente como medio de pago en sus transacciones mercantiles. El poder público, bajo una economía de mercado inadulterado, al reconocer curso legal a determinado medio de intercambio no hace sino sancionar de modo oficial lo que la gente, con sus usos y costumbres, ya ha establecido. Los órganos del estado interpretan el significado de las expresiones monetarias del mismo modo que fijan el sentido de los términos empleados por las partes en los demás tipos de contrato.

La acuñación de moneda fue de antiguo prerrogativa reservada al gobernante. La función del estado en esta materia se limitaba al principio a certificar el peso y la ley de las diversas piezas monetarias. Tales circunstancias eran las únicas que el sello oficial pretendía garantizar. Cuando más tarde príncipes y políticos se lanzaron a envilecer la moneda circulante, rebajando su ley mediante la sustitución de parte del metal noble por otros de menor valor, actuaban siempre furtivamente, a escondidas, conscientes de que realizaban una operación fraudulenta en perjuicio de sus administrados. Pues en cuanto los gobernados se percataban de tales manipulaciones, menospreciaban las nuevas piezas con respecto a las antiguas, siendo éstas valoradas en más por el mercado que aquéllas. La administración pública apelaba entonces a la conminación y la violencia. Se declaraba delictivo discriminar entre la moneda «mala» y la «buena» con motivo de pagos y transacciones, decretándose precios máximos para las adquisiciones efectuadas con la «mala». Pero los efectos así provocados no eran nunca los que el gobierno deseaba. Las disposiciones oficiales no impedían que la gente acomodara los precios cifrados en la moneda envilecida a la prevalente relación monetaria. Es más: inmediatamente aparecían los efectos que describe la ley de Gresham.

Pero las relaciones del gobernante con la moneda a lo largo de la historia no han consistido sólo en prácticas degradantes de la moneda y en fracasados intentos por evitar las inexorables consecuencias catalácticas de tal proceder. Hubo también administradores públicos que no quisieron ver en su prerrogativa de acuñar moneda un medio de estafar a aquellos súbditos que en ellos confiaban y que, por tanto, ignorantes, admitían a la par la moneda «mala» y la «buena». Tales estadistas no consideraban la acuñación monetaria como subrepticia fuente de ingreso fiscal, sino como servicio público destinado a asegurar la buena marcha del mercado. Pero, aun esas mismas autoridades, por diletantismo, por falta de preparación técnica, sin ellas mismas proponérselo, adoptaron medidas que equivalían a interferir en la estructura de los precios. Por ejemplo, al encontrarse con que el mercado empleaba como signo monetario tanto el oro como la plata, creyeron que debían establecer un tipo fijo de intercambio entre ambos metales. Este bimetalismo fue un completo fracaso. No se logró implantar un verdadero sistema bimetálico, sino que en la práctica se operó a base de un patrón alternante. Aquel metal que la tasación oficial sobrevaloraba, con respecto al cambiante precio de mercado del oro o de la plata, era el único que la gente manejaba y el otro desaparecía de la circulación interna. Los gobernantes acabaron por abandonar sus vanos proyectos bimetálicos e implantaron oficialmente el monometalismo. Las disposiciones que en relación con la plata ha adoptado el gobierno americano en diversas épocas no pueden ser estimadas como auténticas medidas de política monetaria. Lo único que con ellas se pretendía era elevar el precio de la plata en beneficio de los propietarios de las minas, de sus trabajadores y de los estados en que aquellas explotaciones estaban ubicadas. En definitiva, no eran sino un mal disimulado subsidio. Su importancia monetaria se limitaba al hecho de que implicaban la creación de billetes adicionales. Llevaban éstos la inscripción «Silver Certificate», pero, por lo demás, en nada diferían, a efectos prácticos, de los emitidos por la Federal Reserve.

La historia económica nos ofrece también casos de políticas monetarias bien diseñadas y fecundas cuyo propósito era únicamente dotar al país de un eficaz sistema monetario. El liberalismo del laissez faire no pretendió sustraer a la administración pública su facultad de acuñación. Pero esta prerrogativa varió de signo cuando fue ejercida por políticos liberales. Dejaron éstos, en efecto, de considerar dicho monopolio estatal como instrumento de intervención económica. Ya no se utilizó ni como fuente de ingresos fiscales ni tampoco para favorecer a unos en perjuicio de otros. La política monetaria tendía sólo a facilitar y simplificar la utilización de aquel medio de intercambio elevado por la conducta de la gente a categoría monetaria. Todos convenían en la importancia de mantener la moneda sana y estable. A tal fin, la moneda legal —es decir, aquélla a la que reglamentariamente se reconocía pleno poder liberatorio— debía confeccionarse partiendo de barras de metal noble convenientemente contrastadas; las piezas eran de peso prefijado e invariable y acuñadas de suerte que fuera fácil advertir su reducción, desgaste o falsificación. El sello estatal no asumía otra función que garantizar el peso y la ley del signo monetario. Las piezas desgastadas eran retiradas de la circulación. Quien recibía moneda de curso legal en buen uso no tenía necesidad de recurrir a la balanza o al crisol para conocer su contenido metálico. Por lo demás, cualquiera podía acudir a las cecas con metal en barra y conseguir su transformación en moneda legal, sin gasto alguno o cargándosele el simple coste de la operación. Fue así como una serie de monedas nacionales se convirtieron en auténticas monedas de oro. Quedaron con ello estabilizadas entre sí las de todos aquellos países que habían prohijado idénticos principios. El patrón oro de ámbito internacional quedó implantado sin necesidad de tratados ni de instituciones de carácter mundial.

Hubo países en los que el patrón oro se impuso por la propia vigencia de la ley de Gresham. Así, en Gran Bretaña, las autoridades no hicieron sino dar sanción oficial a lo que ya esta ley había provocado en otras naciones, y los gobernantes abandonaron oficialmente el bimetalismo cuando precisamente el tipo de intercambio en el mercado del oro y la plata iba a provocar que ésta desapareciera de la circulación. La adopción del patrón oro, en todos estos casos, no supuso más medida por parte de la legislatura y la administración que sancionar la ley.

No fueron tan sencillas las cosas en aquellos países en que regía —de iure o de facto— un patrón plata o papel moneda. Así, Alemania, donde circulaba la plata, tropezó con dificultades cuando, hacia los años sesenta del siglo pasado, pretendió implantar el patrón oro. El gobierno no podía adoptar el procedimiento seguido en aquellas naciones donde el mercado empleaba el oro como medio de intercambio y donde las autoridades se limitaron a dar sanción pública a una situación de hecho. Era preciso canjear las piezas de plata circulantes por nuevas monedas de oro. Ello exigía tiempo, independientemente de los problemas financieros que suscitaban unas masivas compras de oro acompañadas de unas no menos importantes ventas de plata. Con similares dificultades hubieron de enfrentarse aquellos pueblos en que circulaban billetes o papel moneda.

Era importante recordar estos hechos, pues ilustran bien la diferencia entre las condiciones dominantes en la época liberal y las que prevalecen en la actual era del intervencionismo.