4. Los objetivos de la devaluación monetarial

El patrón flexible es un instrumento ideado para provocar inflación. Fue implantado para evitar a las autoridades dificultades técnicas en su actividad inflacionaria.

Los sindicatos, durante aquella euforia alcista que en 1929 se desmoronaría, habían logrado prácticamente por doquier la implantación de unos salarios superiores a los que, aun a pesar de las barreras migratorias, el mercado hubiera implantado. Tales tasas salariales estaban ya provocando, no obstante la continua expansión crediticia, considerable paro institucional. Pero la cosa se agravó sobremanera cuando, finalmente, se produjo la insoslayable depresión y comenzaron a caer los precios. Los sindicatos, respaldados de lleno por los gobernantes, incluso por aquellos denostados con el calificativo de enemigos de los trabajadores, mantuvieron obstinadamente su política salarial. O rechazaban pura y simplemente toda rebaja de los salarios nominales o, cuando admitían alguna reducción, era tan escasa que resultaba insuficiente. El paro aumentaba de manera pavorosa. (Incidentalmente es de destacar que aquellos obreros que, pese a todo, continuaban trabajando, veían en verdad incrementadas sus retribuciones). La carga de los subsidios de paro se hacía cada vez más insoportable. Millones de parados constituían una seria amenaza para la paz social. El espectro de la revolución asomó en el horizonte de todos los grandes países industriales. Pero los dirigentes sindicales no transigían y ningún gobernante osaba plantarles cara.

Ante una situación tan erizada de peligros, las atribuladas autoridades acudieron a un expediente que los ideólogos del inflacionismo venían recomendando desde antiguo. Puesto que los sindicatos rechazaban toda posibilidad de reajustar los salarios al valor de la moneda y al nivel de los precios, lo que procedía era acomodar uno y otro a los emolumentos coactivamente impuestos. No es —decía el gobierno— que las rentas laborales sean demasiado altas; sucede que la moneda nacional está encarecida con respecto al oro y las divisas extranjeras, por lo que debe procederse a reajustar esta última relación. La devaluación monetaria iba a ser la panacea universal.

Los objetivos de la devaluación eran:

1. Mantener los salarios nominales y aun incluso poder aumentarlos mientras los reales más bien se reducían.

2. Incrementar en términos de moneda nacional los precios, especialmente los de los productos agrícolas, o al menos contener su descenso.

3. Favorecer a los deudores a costa de los acreedores.

4. Fomentar las exportaciones y reducir las importaciones.

5. Atraer al turismo y hacer más gravoso para los ciudadanos del país —siempre hablando en términos de moneda nacional— el desplazamiento al extranjero.

Pero ni los gobernantes ni aquellos intelectuales que defendían esa política se atrevieron a proclamar lealmente que lo que en verdad se pretendía con la devaluación era reducir los salarios reales. Preferían decir que la devaluación no tenía más objeto que combatir un supuesto «desequilibrio estructural» entre el «nivel» de los precios nacionales y el «nivel» de los internacionales. Reconocían que era necesario reducir los costes nacionales de producción; pero silenciaban cuidadosamente que uno de los costes que pensaban rebajar era los salarios reales y otro lo pagado por intereses y por principal en créditos a largo plazo.

Tan confusos y contradictorios resultan los argumentos aducidos en favor de la devaluación que casi no merecen ser objeto de crítica. La devaluación no fue una política serenamente aplicada, bien ponderados tanto los pros como los contras. Las autoridades, en realidad, no hicieron sino capitular ante los líderes sindicales, quienes, por salvar su prestigio, se resistían a admitir que la política salarial que preconizaron había fracasado y provocado el mayor paro que la historia había conocido. Fue un recurso desesperado al que acudieron unos estadistas débiles e ineptos, deseosos sin embargo de mantenerse en el poder a toda costa. Gustosos pasaban por alto las contradicciones del sistema, pues les permitía prolongar su mandato. A los agricultores y a los industriales les aseguraban que la devaluación mejoraría los precios. A los consumidores, en cambio, les prometían evitar toda alza del coste de la vida mediante rigurosa vigilancia y tasación.

Al menos los políticos pueden justificar su conducta alegando que una opinión pública totalmente influida por las falaces doctrinas sindicales les presionaba haciendo imposible cualquier otra alternativa. A tal exoneración, en cambio, no pueden apelar los teóricos y escritores que han defendido el cambio flexible. Porque mientras los gobernantes, pese a todo, no ocultaban que la devaluación había sido dictada por razones de emergencia y que no volvería a emplearse, muchos tratadistas no han dejado nunca de proclamar que el mejor patrón monetario es el flexible, esforzándose en demostrar los terribles daños que al comercio exterior inferiría un sistema de cambio fijo. En su ciego afán por complacer a las autoridades y a los poderosos grupos de presión organizados por los agricultores y los sindicatos, no han dudado en exagerar al máximo las aparentes ventajas de los cambios flexibles. Pero las perniciosas consecuencias del sistema pronto han aflorado y se ha desvanecido el primitivo entusiasmo por las devaluaciones. Apenas transcurridos diez años desde que en Gran Bretaña se implantara el sistema, el propio Lord Keynes y los más conspicuos representantes de su escuela no dejaron de proclamar, en plena Segunda Guerra Mundial, las ventajas de un cambio exterior estable. Uno de los principales objetivos del Fondo Monetario Internacional es precisamente estabilizar los cambios.

Cuando se contempla la devaluación monetaria bajo el prisma del economista y no desde el ángulo en que se sitúan quienes desean ser gratos a las autoridades y a los organismos sindicales, es fácil comprender que todas las pretendidas ventajas del sistema son, en el mejor de los casos, sólo temporales. Es más: la tan ensalzada bonanza del comercio exterior se consigue cuando es un país solo el que devalúa. Si los restantes proceden de igual modo, el saldo del comercio exterior se mantiene inalterado y, si devalúan en mayor grado, son ellos quienes cosechan esas transitorias ventajas. Por otra parte, generalizadas las devaluaciones, se establecería un pugilato que acabaría aniquilando el sistema monetario mundial.

Las tan encomiadas ventajas que la devaluación parece reportar en materia de comercio exterior y de turismo afloran sólo porque el reajuste de los precios y los salarios nacionales a la nueva situación provocada por la devaluación exige el transcurso de cierto tiempo. Mientras no se complete este proceso de adaptación, resulta primada la exportación y penalizada la importación. Pero este efecto transitorio es sólo consecuencia de que, a causa de la devaluación, la gente obtiene ahora menos por lo que exporta y en cambio paga más por lo que importa; el consumo interior se reduce fatalmente. Aquellas personas en cuya opinión el saldo de la balanza de pagos con el exterior determina la riqueza del país serán las únicas que pudieran estimar favorable para el bienestar de la gente la citada disminución del consumo patrio. El ciudadano inglés, en definitiva, tras la devaluación, para conseguir importar una misma cantidad de té tiene que exportar mayor cantidad de productos británicos que antes.

La devaluación, afirman sus partidarios, alivia la situación de los deudores. Así es, en efecto. La devaluación opera en beneficio de los deudores y en perjuicio de los acreedores. Quienes todavía no hayan comprendido que hoy ya no se puede identificar a los acreedores con los ricos y a los deudores con los pobres estimarán sin duda beneficioso este efecto de la devaluación. Pero la realidad es que, hoy en día, quienes más se lucran con la reducción de las cargas de los deudores son los grandes terratenientes y los grandes industriales, que obtienen facilidades crediticias con los fondos aportados por la masa humilde que invierte sus ahorros en valores de renta fija, préstamos hipotecarios, depósitos bancarios y seguros.

Aparte está el problema de los empréstitos extranjeros. Cuando Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Suiza y algunos otros países acreedores devaluaban sus divisas no hacían sino pura y simple donación a todos sus deudores extranjeros.

Se arguye también en favor del patrón flexible que su implantación permite rebajar el tipo de interés dentro del país. Las autoridades monetarias bajo el patrón oro clásico, y lo mismo bajo un rígido patrón de cambio oro, deben acomodar el tipo de interés interior a las condiciones del mercado monetario internacional. En cambio, con el patrón flexible, se dice, el gobernante puede fijar aquel tipo de interés que desde el punto de vista nacional resulte más conveniente.

El argumento, evidentemente, carece de sentido con respecto a aquellos países que podemos denominar deudores, es decir, aquéllos que obtienen más crédito del extranjero del que ellos a su vez conceden. Algunas de estas naciones implantaron durante el siglo XIX sistemas monetarios sanos y estables; sus súbditos, a partir de ese momento, sin dificultad alguna podían obtener préstamos extranjeros en su propia moneda. Pero estas facilidades se desvanecieron en cuanto variaron de política monetaria. Ningún banquero americano, antes de la guerra, hubiera concedido créditos o colocado emisiones de valores en liras italianas. Por lo que atañe a los créditos extranjeros, como se ve, ninguna ventaja reporta tal arbitrismo monetario. Y en lo atinente a los créditos internos, según antes ya se destacó, la devaluación favorece tan sólo a los deudores que obtuvieron sus créditos con anterioridad a la misma, pues provoca una tendencia al alza del interés bruto de mercado al incluir una positiva compensación por la posible variación futura de los precios.

Esto último es igualmente aplicable al caso de las naciones normalmente acreedoras en el mercado crediticio internacional. No parece necesario volver a demostrar aquí que el interés no es un fenómeno monetario y que a la larga no puede ser afectado por medidas monetarias.

Es cierto que las devaluaciones de los años treinta redujeron los salarios reales en el mundo occidental y, por ende, paliaron el tremendo paro a la sazón existente. El historiador, al estudiar el periodo, tal vez pueda afirmar que las manipulaciones monetarias fueron un éxito al evitar que se lanzaran a la revolución las enormes masas de parados forzosos; tal vez también quiera destacar que, dadas las corrientes ideológicas imperantes, ninguna otra fórmula permitía mejor hacer frente a la situación. Pero el estudioso deberá añadir que no se suprimió por esa vía el auténtico motivo de aquel tremendo paro institucional; es decir, quedó incólume el doctrinarismo sindicalista prevalente por doquier. La devaluación fue una hábil maniobra que momentáneamente permitió eludir la tiranía de las asociaciones laborales. Funcionó porque no menoscababa el prestigio del sindicalismo. Pero, precisamente porque dejaba intacta esa doctrina, sólo por poco tiempo fue eficaz. Los líderes obreros pronto aprendieron a distinguir entre salarios nominales y salarios reales. Hoy en día no se conforman con la mera subida de los primeros. No es posible ya engañar a la gente a base de reducir el poder adquisitivo de la moneda. La devaluación, por eso, ha perdido su eficacia en el orden laboral.

Reconocer estos hechos nos permite valorar el papel que desempeñaron Lord Keynes y su pensamiento entre las dos guerras mundiales. Keynes no aportó ninguna idea original; se limitó a vestir con nuevos ropajes las falacias inflacionistas, mil veces refutadas por los economistas. Su programa tenía incluso menos coherencia y encerraba más contradicciones que el de algunos de sus predecesores que, como Silvio Gesell, habían sido generalmente recusados por su condición de vanos arbitristas. Keynes, apelando a la artificiosa terminología de la economía matemática, se limitó a dar más presentabilidad a las tesis de quienes desde antiguo habían defendido la inflación monetaria y la expansión crediticia. Los partidarios del intervencionismo no sabían ya cómo presentar sus recomendaciones de gastar sin tasa; se reconocían incapaces de combatir con éxito el teorema económico relativo al paro institucional. En tal situación, saludaron gustosos la «revolución keynesiana» con los versos de Wordsworth: «Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven» (Divino era el mero asistir a aquel amanecer; pero si además se gozaba de juventud entonces era como hallarse en el propio paraíso)¹. Pero tan celestial felicidad fue de corta duración. Puede admitirse que los gobernantes británicos y americanos de los años treinta no tenían más remedio que lanzarse a la devaluación monetaria, a la inflación, a la expansión crediticia, al desequilibrio presupuestario y al gasto desmesurado. El político no puede evitar la presión de la opinión pública; no puede ir contra las ideologías dominantes, por falaces que sean. Todo ello es cierto; pero también es verdad que podían dimitir en vez de preconizar políticas tan desastrosas para el país. Y menos excusa aún tienen los intelectuales que pretendieron justificar el más torpe de los errores populares: la inflación.

Footnotes

1. V. P. A. Samuelson, «Lord Keynes and the General Theory», Econometrica, 14 (1946), p. 187; reimpreso en The New Economics, ed. S. E. Harris, Nueva York 1947, p. 145.