5. La expansión crediticia

Se ha dicho que sería un error considerar la expansión crediticia exclusivamente como una forma de interferencia del gobierno en el mercado. El dinero fiduciario no fue una creación gubernamental tendente a elevar los precios y los salarios nominales, a rebajar el interés y a reducir las deudas. Fue creado por los banqueros, quienes, al ver que sus recibos por cantidades depositadas a la vista solían emplearse como sustitutos monetarios, se lanzaron a prestar a terceros una parte de los fondos que tenían en custodia, buscando con ello su propio beneficio. No creían que encerraba peligro alguno ese no mantener en sus cajas el total equivalente a los resguardos de depósitos por ellos librados. Estaban convencidos de que nunca les faltaría el numerario líquido necesario para atender sus obligaciones y poder abonar a la vista los billetes que les fueran presentados. El propio funcionamiento del mercado libre e inadulterado transformó los billetes de banco en moneda fiduciaria. La expansión crediticia fue obra de la Banca, no de la autoridad pública.

Pero hoy la expansión crediticia es exclusivamente obra del gobierno. La intervención que en las aventuras expansivas del gobierno tienen los bancos y banqueros privados es meramente técnica y de colaboración. El poder público, en la actualidad, regula, ordena y dirige toda la actividad bancaria; Las autoridades determinan sin apelación la cuantía y circunstancias todas de las operaciones crediticias. Mientras la Banca privada, bajo el signo del mercado no intervenido, tiene rigurosamente limitada su capacidad expansiva, los gobernantes pueden provocar, y efectivamente provocan, una continua y grave expansión del crédito. Esa expansión crediticia es el arma principal con que cuentan en su lucha contra la economía de mercado. Les permite conjurar aparentemente la escasez de capital, reducir el interés y, teóricamente, incluso podrían llegar a suprimirlo totalmente. Sobre esta base financian con la máxima prodigalidad el gasto público, expropian a los capitalistas, alimentan euforias alcistas aparentemente inacabables y, según dicen, hacen próspero a todo el mundo.

Las inexorables consecuencias de la expansión crediticia son las que la teoría del ciclo económico prevé. Ni siquiera aquellos economistas que se resisten a aceptar la teoría monetaria de las fluctuaciones cíclicas ponen en duda los insoslayables efectos de la expansión crediticia. Tienen que admitir que el movimiento alcista es consecuencia de una expansión crediticia previa; que sin ésta la euforia no se mantendría, reconociendo asimismo que, en cuanto el progreso de la expansión del crédito se frene, automáticamente surge la depresión. En sus estudios sobre el ciclo económico, lo más que se atreven a afirmar es que la expansión crediticia no es la causa inicial del movimiento alcista, sino que son otros los factores que lo desencadenan. Reconocen que la expansión crediticia, requisito indispensable de la euforia alcista, no es provocada a sabiendas para rebajar el interés o para efectuar inversiones de momento improcedentes, dada la insuficiencia del capital disponible. El fenómeno, vienen a decir, se origina, si en la coyuntura concurren determinados factores, de un modo milagroso, sin intervención de las autoridades.

Es evidente que tales economistas incurren en manifiesta contradicción cuando se oponen a cualquier medida tendente a conjurar la crisis evitando la expansión crediticia. Los defensores de la ingenua visión inflacionista de la historia son coherentes cuando de sus principios —sin duda falaces y contradictorios— deducen que la expansión crediticia es la panacea económica. En cambio, los teóricos que reconocen que sin la expansión crediticia la euforia alcista sería imposible contradicen sus propias teorías cuando combaten las medidas tendentes a contener dicha expansión. Tanto los portavoces gubernamentales como los representantes de los poderosos grupos de presión, al igual que los defensores de la economía «no ortodoxa» que hoy por doquier se enseña, todos ellos proclaman que para evitar la crisis, a nadie grata, es preciso no provocar booms alcistas. No saben cómo replicar a los estudiosos que propugnan medidas que de verdad impiden ab initio la expansión crediticia. Y, sin embargo, se niegan tenazmente a escuchar cualquier sugerencia en tal sentido. Formulan apasionadas censuras contra quienes se oponen a la expansión crediticia, acusándoles de querer perpetuar la depresión. Esta actitud pone bien de manifiesto que el ciclo económico es una consecuencia provocada por quienes desean deliberadamente rebajar el interés y dar paso a artificiosas euforias.

Es un hecho que hoy cualquier medida orientada a la rebaja del interés se considera altamente plausible y acertada, y se estima generalmente que el método mejor para conseguir tal reducción es el de la expansión crediticia. De ahí la oposición al patrón oro. El «expansionismo» es el tópico del día. Los grupos de presión y los partidos políticos se muestran unánimemente favorables a la política de dinero fácil¹.

Mediante la expansión crediticia lo que se busca es perjudicar a unos en beneficio de otros. Este resultado es el mejor que en tal caso puede provocar el intervencionismo, pues no es raro que las medidas intervencionistas dañen a todos sin favorecer a nadie. El dirigismo, desde luego, empobrece a la comunidad, pero eso no quiere decir que determinados grupos no puedan prosperar con él. Quiénes concretamente hayan de hallarse entre los perdedores y quiénes entre los ganadores depende de las circunstancias específicas de cada caso.

El deseo de orientar los nuevos préstamos de suerte que con los supuestos beneficios de la expansión crediticia se lucren tan sólo determinados grupos y se impida que otros los consigan ha dado origen a lo que se denomina control cualitativo del crédito. Las nuevas facilidades crediticias, se arguye, no deben emplearse en Bolsa, haciendo subir las cotizaciones. Tales créditos deben, por el contrario, ir a nutrir las «legítimas» actividades mercantiles, las industrias manufactureras, la minería, el comercio «sano» y, sobre todo, la agricultura. No faltan partidarios del control cualitativo del crédito que desearían evitar la inmovilización del nuevo dinero en capitales fijos; quisieran que se destinara a activos líquidos. Los gobernantes deben indicar concretamente a la Banca qué préstamos ha de conceder y cuáles ha de denegar.

Tales órdenes y prevenciones son inútiles. La discriminación entre los potenciales prestatarios jamás puede equivaler a una efectiva restricción de la expansión crediticia, único medio que en la práctica impide el alza de las cotizaciones bursátiles y obstaculiza nuevas inversiones en capital fijo. Es de importancia secundaria la forma en que los nuevos préstamos encuentran su aplicación dentro del mercado crediticio. Lo decisivo es que el mercado recibe el impacto de los nuevos medios de pago. Si la Banca, por ejemplo, amplía los préstamos a los agricultores, pueden éstos pagar deudas, abonar sus compras al contado, etc. Si la industria recibe fondos frescos para destinarlos a capital circulante, se encuentra automáticamente en situación de aplicar a distintos cometidos las sumas antes destinadas a aquella finalidad. En cualquier caso se incrementan las disponibilidades líquidas, que sus poseedores destinarán a cualquier inversión que consideren de mayor rentabilidad. Pronto tales medios de pago aparecerán en Bolsa o se materializarán en activos inmovilizados. Es totalmente absurdo suponer que pueda hacerse expansión crediticia sin provocar al mismo tiempo euforias bursátiles o incrementos de los activos inmovilizados².

El curso característico de los acontecimientos bajo la expansión crediticia estaba hasta hace pocas décadas determinado por dos hechos: que la expansión se producía bajo el patrón oro, y que no existía sobre el particular acción concertada entre los distintos países y sus respectivos bancos centrales. El primero de estos hechos obligaba al poder público a mantener la convertibilidad de la divisa nacional a una cierta paridad fija. El segundo daba lugar a que nunca fuera cuantitativamente uniforme la expansión crediticia de los distintos países. Unos hacían más inflación que otros, lo que de inmediato se traducía en grave amenaza para sus reservas de oro y divisas que escapaban al extranjero. Los bancos, por ello, se veían obligados a imponer una drástica política restrictiva en la concesión de créditos. Se desataba de tal suerte la desconfianza y comenzaba la depresión. El pánico pronto saltaba las fronteras. Cundía la alarma entre los hombres de negocios de los demás países, quienes incrementaban su petición de créditos en el deseo de mejorar su liquidez para poder hacer frente a cualquier contingencia. La creciente demanda crediticia alarmaba aún más a las autoridades, ya inquietas por la crisis iniciada en el primer país, lo que les hacía recurrir a su vez a la restricción de crédito. En pocos días o semanas, la crisis era de alcance mundial.

La política de devaluación ha venido en cierta medida a alterar esta típica secuencia de acontecimientos. El gobierno, al verse amenazado por el drenaje exterior, en vez de restringir créditos o elevar el tipo de descuento, devalúa. Pero la medida no resuelve el problema. Si no inquieta al gobernante el alza de las divisas extranjeras, durante algún tiempo podrá continuar su política de expansión crediticia. Pero un día la euforia se interrumpirá y se hundirá el sistema monetario. Por eso, si las autoridades no desean verse forzadas a devaluar a un ritmo cada vez más acelerado, tienen que evitar que su expansión crediticia supere la que practiquen aquellos países con quienes desean mantener equilibrado el cambio exterior.

Muchos economistas piensan que, hoy como ayer, cuantas veces los poderes públicos desencadenen la expansión crediticia se sucederán, en regular alternativa, los periodos de euforia y de depresión. Estiman que en el futuro la expansión habrá siempre de provocar efectos similares a los que registró Gran Bretaña desde el siglo XVIII y Europa Central y Occidental y América del Norte desde mediados del XIX. Pero es posible que las circunstancias hayan cambiado. La teoría del ciclo económico es actualmente tan conocida, incluso fuera del ámbito especializado, que aquel cándido optimismo que animaba al empresario durante los periodos de euforia ha dado paso a un desconfiado escepticismo. No sería, pues, extraño que en el futuro variara la reacción del mundo empresarial ante la expansión crediticia. Posiblemente se hayan ya percatado los hombres de negocios de que la expansión tiene siempre el mismo final y, consecuentemente, es posible que renuncien a ampliar sus operaciones durante las épocas de dinero fácil. Hay síntomas que parecen anunciar el cambio. Pero sería prematuro deducir conclusiones definitivas.

En otra dirección la teoría monetaria del ciclo económico ha afectado ciertamente al curso de los acontecimientos. Nadie que hoy desempeñe un cargo dependiente de la administración —ya sea en los organismos fiscales, en los bancos de emisión o en las neo-ortodoxas cátedras universitarias— se avendrá a admitirlo, pero la opinión ya no duda de la certidumbre de las dos conclusiones básicas de la teoría; a saber, que la causa originaria de la depresión es el previo auge y que éste es, a su vez, consecuencia de la anterior expansión crediticia. Por eso en la actualidad se generaliza la alarma tan pronto como aparecen los primeros síntomas. Incluso las autoridades comienzan en seguida a hablar de la conveniencia de impedir nuevas subidas de precios y de reducir los márgenes de beneficio, imponiendo una restricción efectiva del crédito. Se yugula así rápidamente la euforia y comienza la recesión. Tal es la razón por la que en la última década los ciclos económicos se han hecho mucho más cortos. En este periodo hemos tenido auges y depresiones, pero sus respectivas fases han sido de escasa duración, sucediéndose las unas a las otras con mayor frecuencia. Nos hallamos ya muy lejos del ciclo «clásico» de los diez años y medio que Jevons relacionara con la variabilidad cíclica de las cosechas. Y lo más interesante es que, como el auge concluye antes, hay menos malas inversiones y, en su consecuencia, la subsiguiente depresión es también de gravedad menor.

El mito de las medidas anticíclicas

Afirman las teorías «no ortodoxas» de socialistas e intervencionistas que las crisis económicas son fruto inevitable de la propia organización capitalista y que las provoca el vicioso funcionamiento de la economía de mercado. Para los socialistas, sólo la sustitución del capitalismo por el socialismo permitirá eliminar las crisis cíclicas; los dirigistas, en cambio, creen que se pueden evitar si el gobierno interviene oportuna y convenientemente. La autoridad pública, piensan, puede imponer lo que hoy suele denominarse «estabilidad económica». Nada cabría objetar a tales dirigistas si, para evitar las depresiones, lo que pidieran a los poderes públicos fuera la supresión de la expansión crediticia. Pero el intervencionista rechaza de antemano semejante solución. Aspira a intensificar la expansión, pretendiendo conjurar la crisis mediante las que él denomina «medidas anticíclicas».

En el contexto de estos planes el gobierno aparece como una deidad situada fuera de la órbita de los negocios humanos, por completo independiente de los mortales, con poder para influir sobre la vida y las aspiraciones de éstos. Imaginan que el gobierno dispone de fondos propios, ilimitados, que ni proceden de los gobernados ni nada tienen que ver con ellos. Se supone que tales riquezas las autoridades pueden destinarlas libremente a lo que estimen más conveniente. Corresponde en todo caso a los «expertos» dictaminar cuáles son las inversiones a que dichas sumas deben dedicarse.

Las dos medidas anticíclicas más importantes en la actualidad son las obras públicas y la inversión de grandes sumas en empresas estatales. Pero estas fórmulas no son tan originales como sus partidarios suponen. Cuando antiguamente venía la depresión, la opinión pública reclamaba la iniciación de ambiciosos proyectos que crearan puestos de trabajo y contuvieran la caída de los precios. La proposición, a primera vista, parece plausible; pero el verdadero problema estriba en cómo financiar tales obras. Si el gobierno incrementa los impuestos o lanza empréstitos, en nada aumenta lo que los keynesianos denominan gasto conjunto total, pues reduce la capacidad de consumo y de inversión de los particulares en igual medida que incrementa la propia. Si en cambio recurre a la inflación, en vez de mejorar empeora las cosas. Quizá consiga así el gobernante diferir por algún tiempo el estallido de la crisis. Pero cuando llegue el inevitable final, la depresión será tanto más violenta cuanto más tiempo el gobierno haya venido aplazándola.

La verdad es que los «expertos» del dirigismo no acaban de percatarse del problema subyacente. Lo fundamental para ellos es tener bien preparados «los planes de inversión pública y articulados los grandes proyectos que habrán de ponerse en marcha al primer signo de peligro». Tal es, dicen, «el método más acertado, cuya adopción recomendamos a todos los países»³. Pero el problema no consiste en elaborar proyectos, sino en hallar los medios necesarios para su ejecución. Los dirigistas piensan que esto se podría obtener fácilmente frenando las inversiones públicas durante la euforia y lanzando al mercado al sobrevenir la crisis los fondos así retenidos.

No está mal, ciertamente, restringir el gasto del gobierno. Pero con ello no se proporciona al erario los recursos que más tarde necesitará para efectuar las deseadas inversiones. La persona individual puede proceder así; puede crear reservas cuando tiene mayores ingresos y disponer de lo ahorrado en el momento en que sus ganancias disminuyen. Pero la cosa es distinta cuando se trata de una nación o del conjunto de todas las naciones. Puede el tesoro público retener una parte de los abundantes recursos fiscales resultantes de la euforia alcista. En tanto tales cantidades queden detraídas de la circulación, lo que en realidad se está practicando es una política deflacionaria y anticíclica que bien puede frenar la euforia generada precisamente por los nuevos medios de pago puestos en circulación. Ahora bien, si tales recursos son de nuevo lanzados al mercado, se modificará con ello la relación monetaria y se reducirá el poder adquisitivo del dinero. En ningún caso pueden dichos fondos generar los factores de producción exigidos por las proyectadas obras públicas.

Los intervencionistas coinciden en el error básico de ignorar que el capital disponible es siempre escaso. La crisis, en su opinión, aparece porque de pronto se apodera de la gente una misteriosa aversión tanto a invertir como a consumir. Cuando lo que de verdad interesa es incrementar la producción y restringir el consumo, con miras a aumentar así el capital disponible, los intervencionistas quisieran ampliar al mismo tiempo el consumo y la inversión. Preconizan que el poder público acometa empresas que precisamente no son rentables porque factores de producción deben sustraerse a otras producciones que permiten atender necesidades que los consumidores consideran más urgentes que las que cubrirá la acción del gobierno. No comprenden que las grandes obras públicas que recomiendan no sirven realmente sino para empeorar las cosas, ya que vienen a incrementar la escasez de capital.

Se podría también teóricamente imaginar una utilización distinta de esas reservas acumuladas durante el periodo de la euforia alcista. El erario podría destinar tales fondos a la adquisición de todos aquellos factores de producción y artículos de consumo que más tarde, al sobrevenir la depresión, habrá de invertir en las obras públicas proyectadas y en atender las necesidades de quienes en ellas trabajan. Pero si las autoridades procediesen así, impulsarían notablemente la euforia alcista, acelerarían el estallido de la crisis y la agravarían⁴.

Con tanta palabrería acerca de las medidas anticíclicas no se pretende más que confundir a la opinión pública e impedir que la gente comprenda la verdadera causa que provoca las fluctuaciones cíclicas. Todos los gobiernos se han entregado con entusiasmo a una política de intereses bajos, de expansión crediticia, de inflación, en fin. Y luego, cuando afloran las inevitables consecuencias de tales manipulaciones, quienes están en el poder no saben sino provocar nuevas y mayores inflaciones.

Footnotes

1. La Banca, mientras no cree nuevos medios de pago (bien emitiendo billetes o bien abriendo nuevos créditos), jamás puede provocar la euforia alcista, aunque reduzca el interés a un tipo inferior a aquél que el mercado libre señalaría. En tal caso, sencillamente, estaría haciendo un regalo a sus prestatarios. Quienes de verdad desean evitar la euforia alcista, para no padecer su inevitable secuela, la depresión, deben lógicamente deducir de la teoría del ciclo monetario que el que la Banca rebaje o no el interés carece de importancia; lo importante es que no haga expansión crediticia. Cierto que, al principio, la expansión crediticia impone una transitoria rebaja del interés, pero esto no afecta al problema que nos ocupa. El profesor Haberler (Prosperity and Depression, pp. 65-66 [tr. esp., FCE, México 1953]) no advirtió esta circunstancia, por lo que su crítica carece de validez.

2. V. Machlup, The Stock Market, Credit and Capital Formation, pp. 256 a 261.

3. Liga de las Naciones, Economic Stability in the Post-War World. Informe del Comité de Depresiones Económicas, II, Ginebra 1945, p. 173.

4. Los intervencionistas, al referirse a las medidas anticíclicas, invocan siempre los supuestos éxitos que tal política tuvo en Suecia. Cierto es que entre 1932 y 1939 el gobierno sueco duplicó sus gastos e inversiones. Ello, sin embargo, no fue causa, sino efecto, de la prosperidad que a la sazón disfrutaba el país gracias exclusivamente al rearme alemán. No sólo pudieron los suecos incrementar enormemente sus exportaciones a Alemania, sino que además se vieron libres de la competencia germánica en el mercado internacional. Las exportaciones suecas de 1932 a 1938 aumentaron por esta razón (en miles de toneladas) según sigue: mineral de hierro, de 2219 a 12 495; lingotes, de 31 047 a 92 980; ferroaleaciones, de 15 453 a 28 605; otros tipos de hierro y acero, de 132 287 a 256 146; maquinaria, de 46 230 a 70 605. Había 144 000 parados en 1932, y 165 000, en 1933. Pero, tan pronto como el rearme alemán tomó impulso, el paro fue reduciéndose, de 115 000 en 1934 y 62 000 en 1935, a 16 000 en 1938. El autor del «milagro» no fue, en este caso, Keynes sino Hitler.