4. Socialismo gremial y corporativismo
La idea de un socialismo gremial y del corporativismo proceden de una doble línea de pensamiento.
Por un lado, los apologistas de las instituciones medievales ponderaron siempre las excelencias del gremio como ente productivo. Para suprimir los supuestos males de la economía de mercado bastará reimplantar los antiguos sistemas de producción acreditados por dilatada experiencia. Pero todas estas propuestas permanecieron estériles. Nadie se atrevía seriamente a trazar planes para reestructurar el mundo moderno de acuerdo con los principios del Medioevo. A lo más que se llegaba era a proclamar la supuesta superioridad de las antiguas asambleas cuasi-representativas —como los états généraux franceses y las Ständische Landtage alemanas— frente a las modernas asambleas parlamentarias. Y, aun con respecto a estos temas constitucionales, sólo vagas y confusas ideas se aportaban.
Las peculiares circunstancias políticas del Reino Unido en cierto momento histórico fueron la segunda fuente de inspiración del socialismo gremial. Cuando el conflicto con Alemania se agravó y finalmente condujo a la guerra en 1914, los jóvenes socialistas británicos comenzaron a no sentirse a gusto con su programa. La idolatría estatal de los fabianos y la admiración de éstos por las instituciones prusianas encerraban un innegable contrasentido cuando su país luchaba sin cuartel contra toda la administración germana. ¿Tenía sentido combatir a un país cuyo sistema los intelectuales ingleses más progresistas no ansiaban sino ver implantado? ¿Cómo ensalzar la libertad británica frente a la opresión teutona y, al propio tiempo, propugnar la adopción precisamente de los métodos ideados por Bismarck y sus continuadores? Tal situación provocó en los teóricos del socialismo inglés un afán obsesivo por encontrar un nuevo socialismo, específicamente británico, tan diferente como fuera posible del germano. Pretendían instaurar un original orden socialista que evitara la aparición del omnipotente estado totalitario; algo así como una variedad individualista del colectivismo.
Era como querer cuadrar el círculo. En su inopia intelectual, los jóvenes oxfordienses no tuvieron más remedio que agarrarse, como a tabla de salvación, a las ya casi olvidadas ideas de los apologistas de las instituciones medievales, bautizando su sistema con el nombre de «socialismo gremial» (gild socialism). Quisieron ilustrar el ideario con los atributos más estimados por el pueblo inglés. Cada gremio tendría plena autonomía con respecto a los poderes centrales. Las siempre poderosas Trade Unions gozarían bajo el nuevo régimen de aún mayor prepotencia. Todo valía si servía para ennoblecer la idea y para hacerla atractiva a las masas.
Pero los más sagaces, cualquiera que fuera su modo de pensar, no se dejaban engañar por tan cautivadora apariencia ni por la alborotada propaganda empleada. El plan era contradictorio y evidentemente impracticable. A los pocos años ya nadie creía en el sistema, que quedó relegado al olvido en su país de origen.
Pero la idea resurgiría de sus cenizas en otra parte del globo. Los fascistas italianos, que acababan de alcanzar el poder, sentían apremiante necesidad de construir un ordenamiento económico auténticamente suyo. Habiéndose separado de la Internacional Socialista, tenían prohibido acudir al programa marxista. No podían tampoco ellos, los preclaros descendientes de las invencibles legiones romanas, hacer concesiones ni al capitalismo democrático ni al intervencionismo prusiano, espurias ideologías de pueblos bárbaros que no habían sabido sino destruir el más glorioso de los imperios. Precisaban, pues, los fascistas de una nueva filosofía social, pura y exclusivamente italiana. No vale la pena discutir si se percataban o no de que ese original evangelio económico que querían escribir no era sino mera reedición del ya descartado socialismo gremial británico. En realidad, el stato corporativo no fue sino un plagio, con distinta terminología, del ideario inglés. Las diferencias entre ambos sistemas no fueron nunca más que de detalle.
La aparatosa propaganda fascista difundió el corporativismo por doquier. No faltaron escritores extranjeros que se apresuraron a elogiar las virtudes del «nuevo» sistema. En Austria y en Portugal llegaron al poder gobernantes que se consideraban corporativistas. La encíclica Quadragesimo anno (1931) contenía pasajes que podían ser interpretados —aunque no necesariamente— en sentido favorable al pensamiento corporativista. De hecho, esta interpretación fue defendida por escritores católicos en publicaciones amparadas por el imprimátur eclesiástico.
Pero la verdad es que ni la Italia fascista ni tampoco los gobiernos de Austria y Portugal pretendieron jamás seriamente implantar la utopía corporativista. Los fascistas se limitaron a agregar el adjetivo «corporativo» a una serie de instituciones y, en este sentido, transformaron en cátedra de economia politica e corporativa la clásica disciplina universitaria. Pero en ningún momento llegaron a establecer el reiteradamente prometido, pero nunca alcanzado, autogobierno de las distintas ramas industriales y profesionales, con lo que desatendieron la norma suprema del corporativismo. El gobierno fascista comenzó aplicando las mismas medidas que hoy patrocinan todos los países intervencionistas que aún no han caído de lleno en la órbita del marxismo. Después, poco a poco, derivó hacia el socialismo de tipo germano, es decir, el pleno control estatal de toda la actividad económica.
La idea básica tanto del socialismo gremial como del corporativismo supone que cada rama industrial forma una monolítica unidad denominada gremio o corporazione. Cada una de estas entidades, teóricamente, goza de plena autonomía; puede resolver sus propios asuntos sin intervención de terceros. Las cuestiones que afecten a varias industrias han de ser solventadas por las corporaciones interesadas; si no se llega a un arreglo, el asunto pasa a conocimiento de una asamblea general formada por delegados de todas las corporaciones. El gobierno, normalmente, no debe intervenir. Sólo en casos excepcionales, para dirimir conflictos insolubles, entra en juego el poder central.
Los socialistas gremiales no hacen sino plagiar el régimen municipal inglés, pretendiendo trasladar a la esfera industrial el sistema que regula las relaciones entre las autoridades locales y el gobierno central en Gran Bretaña. Cada sector industrial, como los municipios británicos, se autogobierna; se pretende instaurar, en palabras de los Webb, «el derecho de autodeterminación para cada profesión». El gremio decide autónomamente sus asuntos propios; el estado, al igual que acontece en materia municipal en Gran Bretaña, interviene sólo cuando está en juego el interés general.
Pero lo cierto es que, bajo un sistema de cooperación social basado en la división del trabajo, no hay ningún problema que interese sólo a una determinada explotación, empresa o rama industrial; todas las cuestiones económicas afectan a la colectividad en su conjunto. No hay temas privativos de este o aquel gremio o corporazione; cualquier resolución de índole económica repercute sobre la totalidad social. Las industrias jamás operan en beneficio exclusivo de quienes en ellas trabajan, sino que están al servicio de la comunidad. La colectividad toda se perjudica cuando cualquier sector industrial actúa ineficazmente, cuando en el mismo se invierten torpemente los siempre escasos factores de producción, cuando no se aplican los necesarios adelantos o mejoras técnicas. No puede, por tanto, dejarse al gremio que, por sí y ante sí, decida los métodos productivos a emplear, la cantidad y calidad de las fabricaciones, la cuantía de los salarios, la duración de la jornada laboral y mil otras cuestiones que afectan por igual a quienes integran el gremio que a quienes no forman parte del mismo. En la economía de mercado, el empresario resuelve tales extremos de acuerdo con el mandato imperativo de los consumidores, quienes en ningún caso dejan de exigirle las más estrechas cuentas. El empresario que, voluntaria o involuntariamente, desatiende los deseos de su principal, el consumidor, sufre pérdidas y pronto es apartado de toda función rectora. Los gremios, en cambio, soberanos monopolistas, nada tienen que temer de la competencia. Pueden ordenar su respectivo sector industrial como a cada uno mejor le plazca. Tales entes, al tenerlo todo permitido, de servidores se transforman en dueños y señores de los consumidores. Cualquier medida beneficiosa para sus asociados pueden adoptarla, por dañosa que resulte para el común de las gentes.
Carece de importancia si el gremio es gobernado por obreros exclusivamente o si en el mismo, en grado mayor o menor, intervienen también capitalistas y ex empresarios. Tampoco importa si en los órganos directivos están o no representados los consumidores. Porque lo único que importa es que ninguna fuerza, dada la autonomía del gremio, puede presionar obligándole a actuar del modo en que mejor queden atendidos los deseos del consumidor. Ni los socialistas gremiales ni los corporativistas advierten que toda la producción está en función, única y exclusivamente, de las necesidades del consumo. Bajo tales regímenes todo se trastroca. La producción se convierte en fin de sí misma.
El New Deal americano, a través de la National Recovery Administration, sabía bien lo que pretendía alcanzar; ni el gobierno ni su célebre «trust de cerebros» ocultaban que pretendían regular la actividad económica; en otras palabras, implantar un sistema socialista. Los partidarios de los gremios y las corporaciones son, en cambio, más cándidos y patentizan bien claramente su escasa capacidad intelectual cuando suponen que sobre la base de tales entes se puede organizar un sistema viable de cooperación social.
Sería sumamente fácil para los gremios ordenar los asuntos pretendidamente internos de modo que privilegiaran a sus componentes. Cualquier acuerdo que supusiera incrementar los salarios, acortar la jornada laboral, oponerse a adelantos técnicos que de algún modo perjudicaran a quienes trabajan en la industria contaría sin duda con su cálido apoyo. Ahora bien, ¿qué sucedería si todos los sectores industriales procedieran de la misma forma?
En cuanto se pretende implantar una organización gremial o corporativa, desaparece el mercado. Se esfuman los precios, en el sentido cataláctico del concepto. No hay ya precios, ni de competencia, ni de monopolio. En tal situación, los gremios que controlaran los artículos de primera necesidad quedarían investidos de poder omnímodo. Quienes gobernaran la producción de alimentos, los transportes, las fuentes de energía, estarían en situación de imponer la más rigurosa servidumbre al resto de la población. ¿Puede alguien pensar que la mayoría soportaría pacientemente semejante abuso? Pocos negarán que la implantación de la utopía corporativa habría de desatar necesariamente sangrientos conflictos tan pronto como las asociaciones gremiales que disfrutaran del control de las industrias básicas vitales pretendieran beneficiar a sus componentes a costa del resto de la gente, salvo, naturalmente, que el poder público interviniera con la fuerza armada. Pero entonces la interferencia estatal, que para el corporativista debería ser sólo una medida excepcional, se convertiría en práctica corriente. Es más, significaría la destrucción misma del sistema, ya que toda la vida económica pasaría a ser regida por el estado. Quedaría entonces entronizado un socialismo de tipo germano, la Zwangswirtschaft, precisamente lo que se quería evitar.
No es necesario abundar en otros decisivos vicios del socialismo gremial. Adolece de todos los inconvenientes del sindicalismo. Pasa por alto los problemas relativos al traslado de capital y de mano de obra de unas producciones a otras. Ignora todo lo referente a la creación de nuevas industrias. Se desentiende del ahorro y de la acumulación de capital. No es, en definitiva, sino un amasijo de disparates.
4. Socialismo gremial y corporativismo
La idea de un socialismo gremial y del corporativismo proceden de una doble línea de pensamiento.
Por un lado, los apologistas de las instituciones medievales ponderaron siempre las excelencias del gremio como ente productivo. Para suprimir los supuestos males de la economía de mercado bastará reimplantar los antiguos sistemas de producción acreditados por dilatada experiencia. Pero todas estas propuestas permanecieron estériles. Nadie se atrevía seriamente a trazar planes para reestructurar el mundo moderno de acuerdo con los principios del Medioevo. A lo más que se llegaba era a proclamar la supuesta superioridad de las antiguas asambleas cuasi-representativas —como los états généraux franceses y las Ständische Landtage alemanas— frente a las modernas asambleas parlamentarias. Y, aun con respecto a estos temas constitucionales, sólo vagas y confusas ideas se aportaban.
Las peculiares circunstancias políticas del Reino Unido en cierto momento histórico fueron la segunda fuente de inspiración del socialismo gremial. Cuando el conflicto con Alemania se agravó y finalmente condujo a la guerra en 1914, los jóvenes socialistas británicos comenzaron a no sentirse a gusto con su programa. La idolatría estatal de los fabianos y la admiración de éstos por las instituciones prusianas encerraban un innegable contrasentido cuando su país luchaba sin cuartel contra toda la administración germana. ¿Tenía sentido combatir a un país cuyo sistema los intelectuales ingleses más progresistas no ansiaban sino ver implantado? ¿Cómo ensalzar la libertad británica frente a la opresión teutona y, al propio tiempo, propugnar la adopción precisamente de los métodos ideados por Bismarck y sus continuadores? Tal situación provocó en los teóricos del socialismo inglés un afán obsesivo por encontrar un nuevo socialismo, específicamente británico, tan diferente como fuera posible del germano. Pretendían instaurar un original orden socialista que evitara la aparición del omnipotente estado totalitario; algo así como una variedad individualista del colectivismo.
Era como querer cuadrar el círculo. En su inopia intelectual, los jóvenes oxfordienses no tuvieron más remedio que agarrarse, como a tabla de salvación, a las ya casi olvidadas ideas de los apologistas de las instituciones medievales, bautizando su sistema con el nombre de «socialismo gremial» (gild socialism). Quisieron ilustrar el ideario con los atributos más estimados por el pueblo inglés. Cada gremio tendría plena autonomía con respecto a los poderes centrales. Las siempre poderosas Trade Unions gozarían bajo el nuevo régimen de aún mayor prepotencia. Todo valía si servía para ennoblecer la idea y para hacerla atractiva a las masas.
Pero los más sagaces, cualquiera que fuera su modo de pensar, no se dejaban engañar por tan cautivadora apariencia ni por la alborotada propaganda empleada. El plan era contradictorio y evidentemente impracticable. A los pocos años ya nadie creía en el sistema, que quedó relegado al olvido en su país de origen.
Pero la idea resurgiría de sus cenizas en otra parte del globo. Los fascistas italianos, que acababan de alcanzar el poder, sentían apremiante necesidad de construir un ordenamiento económico auténticamente suyo. Habiéndose separado de la Internacional Socialista, tenían prohibido acudir al programa marxista. No podían tampoco ellos, los preclaros descendientes de las invencibles legiones romanas, hacer concesiones ni al capitalismo democrático ni al intervencionismo prusiano, espurias ideologías de pueblos bárbaros que no habían sabido sino destruir el más glorioso de los imperios. Precisaban, pues, los fascistas de una nueva filosofía social, pura y exclusivamente italiana. No vale la pena discutir si se percataban o no de que ese original evangelio económico que querían escribir no era sino mera reedición del ya descartado socialismo gremial británico. En realidad, el stato corporativo no fue sino un plagio, con distinta terminología, del ideario inglés. Las diferencias entre ambos sistemas no fueron nunca más que de detalle.
La aparatosa propaganda fascista difundió el corporativismo por doquier. No faltaron escritores extranjeros que se apresuraron a elogiar las virtudes del «nuevo» sistema. En Austria y en Portugal llegaron al poder gobernantes que se consideraban corporativistas. La encíclica Quadragesimo anno (1931) contenía pasajes que podían ser interpretados —aunque no necesariamente— en sentido favorable al pensamiento corporativista. De hecho, esta interpretación fue defendida por escritores católicos en publicaciones amparadas por el imprimátur eclesiástico.
Pero la verdad es que ni la Italia fascista ni tampoco los gobiernos de Austria y Portugal pretendieron jamás seriamente implantar la utopía corporativista. Los fascistas se limitaron a agregar el adjetivo «corporativo» a una serie de instituciones y, en este sentido, transformaron en cátedra de economia politica e corporativa la clásica disciplina universitaria. Pero en ningún momento llegaron a establecer el reiteradamente prometido, pero nunca alcanzado, autogobierno de las distintas ramas industriales y profesionales, con lo que desatendieron la norma suprema del corporativismo. El gobierno fascista comenzó aplicando las mismas medidas que hoy patrocinan todos los países intervencionistas que aún no han caído de lleno en la órbita del marxismo. Después, poco a poco, derivó hacia el socialismo de tipo germano, es decir, el pleno control estatal de toda la actividad económica.
La idea básica tanto del socialismo gremial como del corporativismo supone que cada rama industrial forma una monolítica unidad denominada gremio o corporazione1. Cada una de estas entidades, teóricamente, goza de plena autonomía; puede resolver sus propios asuntos sin intervención de terceros. Las cuestiones que afecten a varias industrias han de ser solventadas por las corporaciones interesadas; si no se llega a un arreglo, el asunto pasa a conocimiento de una asamblea general formada por delegados de todas las corporaciones. El gobierno, normalmente, no debe intervenir. Sólo en casos excepcionales, para dirimir conflictos insolubles, entra en juego el poder central2.
Los socialistas gremiales no hacen sino plagiar el régimen municipal inglés, pretendiendo trasladar a la esfera industrial el sistema que regula las relaciones entre las autoridades locales y el gobierno central en Gran Bretaña. Cada sector industrial, como los municipios británicos, se autogobierna; se pretende instaurar, en palabras de los Webb, «el derecho de autodeterminación para cada profesión»3. El gremio decide autónomamente sus asuntos propios; el estado, al igual que acontece en materia municipal en Gran Bretaña, interviene sólo cuando está en juego el interés general.
Pero lo cierto es que, bajo un sistema de cooperación social basado en la división del trabajo, no hay ningún problema que interese sólo a una determinada explotación, empresa o rama industrial; todas las cuestiones económicas afectan a la colectividad en su conjunto. No hay temas privativos de este o aquel gremio o corporazione; cualquier resolución de índole económica repercute sobre la totalidad social. Las industrias jamás operan en beneficio exclusivo de quienes en ellas trabajan, sino que están al servicio de la comunidad. La colectividad toda se perjudica cuando cualquier sector industrial actúa ineficazmente, cuando en el mismo se invierten torpemente los siempre escasos factores de producción, cuando no se aplican los necesarios adelantos o mejoras técnicas. No puede, por tanto, dejarse al gremio que, por sí y ante sí, decida los métodos productivos a emplear, la cantidad y calidad de las fabricaciones, la cuantía de los salarios, la duración de la jornada laboral y mil otras cuestiones que afectan por igual a quienes integran el gremio que a quienes no forman parte del mismo. En la economía de mercado, el empresario resuelve tales extremos de acuerdo con el mandato imperativo de los consumidores, quienes en ningún caso dejan de exigirle las más estrechas cuentas. El empresario que, voluntaria o involuntariamente, desatiende los deseos de su principal, el consumidor, sufre pérdidas y pronto es apartado de toda función rectora. Los gremios, en cambio, soberanos monopolistas, nada tienen que temer de la competencia. Pueden ordenar su respectivo sector industrial como a cada uno mejor le plazca. Tales entes, al tenerlo todo permitido, de servidores se transforman en dueños y señores de los consumidores. Cualquier medida beneficiosa para sus asociados pueden adoptarla, por dañosa que resulte para el común de las gentes.
Carece de importancia si el gremio es gobernado por obreros exclusivamente o si en el mismo, en grado mayor o menor, intervienen también capitalistas y ex empresarios. Tampoco importa si en los órganos directivos están o no representados los consumidores. Porque lo único que importa es que ninguna fuerza, dada la autonomía del gremio, puede presionar obligándole a actuar del modo en que mejor queden atendidos los deseos del consumidor. Ni los socialistas gremiales ni los corporativistas advierten que toda la producción está en función, única y exclusivamente, de las necesidades del consumo. Bajo tales regímenes todo se trastroca. La producción se convierte en fin de sí misma.
El New Deal americano, a través de la National Recovery Administration, sabía bien lo que pretendía alcanzar; ni el gobierno ni su célebre «trust de cerebros» ocultaban que pretendían regular la actividad económica; en otras palabras, implantar un sistema socialista. Los partidarios de los gremios y las corporaciones son, en cambio, más cándidos y patentizan bien claramente su escasa capacidad intelectual cuando suponen que sobre la base de tales entes se puede organizar un sistema viable de cooperación social.
Sería sumamente fácil para los gremios ordenar los asuntos pretendidamente internos de modo que privilegiaran a sus componentes. Cualquier acuerdo que supusiera incrementar los salarios, acortar la jornada laboral, oponerse a adelantos técnicos que de algún modo perjudicaran a quienes trabajan en la industria contaría sin duda con su cálido apoyo. Ahora bien, ¿qué sucedería si todos los sectores industriales procedieran de la misma forma?
En cuanto se pretende implantar una organización gremial o corporativa, desaparece el mercado. Se esfuman los precios, en el sentido cataláctico del concepto. No hay ya precios, ni de competencia, ni de monopolio. En tal situación, los gremios que controlaran los artículos de primera necesidad quedarían investidos de poder omnímodo. Quienes gobernaran la producción de alimentos, los transportes, las fuentes de energía, estarían en situación de imponer la más rigurosa servidumbre al resto de la población. ¿Puede alguien pensar que la mayoría soportaría pacientemente semejante abuso? Pocos negarán que la implantación de la utopía corporativa habría de desatar necesariamente sangrientos conflictos tan pronto como las asociaciones gremiales que disfrutaran del control de las industrias básicas vitales pretendieran beneficiar a sus componentes a costa del resto de la gente, salvo, naturalmente, que el poder público interviniera con la fuerza armada. Pero entonces la interferencia estatal, que para el corporativista debería ser sólo una medida excepcional, se convertiría en práctica corriente. Es más, significaría la destrucción misma del sistema, ya que toda la vida económica pasaría a ser regida por el estado. Quedaría entonces entronizado un socialismo de tipo germano, la Zwangswirtschaft, precisamente lo que se quería evitar.
No es necesario abundar en otros decisivos vicios del socialismo gremial. Adolece de todos los inconvenientes del sindicalismo. Pasa por alto los problemas relativos al traslado de capital y de mano de obra de unas producciones a otras. Ignora todo lo referente a la creación de nuevas industrias. Se desentiende del ahorro y de la acumulación de capital. No es, en definitiva, sino un amasijo de disparates.