2. La guerra y la economía de mercado

La economía de mercado, afirman socialistas e intervencionistas, es un sistema al que, en el mejor de los casos, sólo se puede recurrir cuando el país disfruta de paz y tranquilidad. Mantenerlo en vigor en tiempo de guerra sería una criminal imprudencia. Equivaldría a poner en grave riesgo los supremos intereses de la nación en beneficio sólo del egoísmo de empresarios y capitalistas. La guerra, y sobre todo la moderna guerra total, exige perentoriamente que el gobierno controle todos los resortes económicos.

Pocos han tenido últimamente el valor de enfrentarse a este dogma, que en las dos guerras mundiales ha servido de pretexto para que el gobierno adoptara innumerables medidas intervencionistas que, paso a paso, condujeron en muchos países a un auténtico «socialismo de guerra». Reinstaurada la paz, se lanzó un nuevo eslogan. La transición, la «reconversión» industrial —se dijo— hace preciso el control estatal todavía en mayor grado que durante el conflicto. Y admitida la premisa, surgía la interrogante: ¿Vale la pena reimplantar un sistema que, en todo caso, sólo puede funcionar durante el intervalo comprendido entre dos guerras? Lo sensato, evidentemente, era no abandonar ya nunca el dirigismo económico, al objeto de que la nación estuviera en todo momento preparada para hacer frente a cualquier emergencia.

El examen del problema con que se enfrentaron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial puede ayudarnos a desvelar la falacia de este razonamiento.

Norteamérica, al declararse el conflicto, si quería salir victoriosa de la contienda, no tenía más remedio que transformar radicalmente toda su producción. El consumo civil había de reducirse al mínimo indispensable. Tanto la industria como el campo debían rehuir cualquier actividad que no tuviera interés bélico inmediato. Las fuerzas productivas de la nación debían dedicarse a abastecer con la mayor amplitud posible a los institutos armados. Todo ello es cierto; pero es erróneo pensar que para realizar ese programa fuera preciso establecer controles oficiales, racionamientos y preferencias. Si los gastos militares se hubieran financiado mediante la elevación de los impuestos y la colocación de empréstitos entre los ciudadanos, se habrían visto éstos obligados a reducir drásticamente su propio consumo. Limitada así severamente la demanda civil, agricultores e industriales no habrían tenido más remedio que orientar sus producciones en el sentido exigido por el esfuerzo bélico. El gobierno, al disponer de ingentes recursos proporcionados por los nuevos impuestos y empréstitos, se habría erigido en el principal comprador del mercado. Aun en el caso de que se hubiera financiado el gasto bélico incrementando la circulación fiduciaria o recurriendo al crédito bancario, el resultado final habría sido el mismo. Tal proceso inflacionista, naturalmente, habría provocado el alza de los precios de bienes y servicios en general. La administración, en tal supuesto, se habría visto obligada a pagar precios superiores por sus adquisiciones. Pero el gobierno habría sido, en todo caso, el adquirente de mayor capacidad de compra. Habría desbancado invariablemente a la demanda privada, ya que los particulares, por un lado, tenían vedada la creación de dinero supletorio y, por otro, habrían visto sus posibilidades adquisitivas reducidas a causa de la presión fiscal.

Pero el gobierno americano recurrió deliberadamente a políticas que hicieron imposible a la nación apoyarse en el mecanismo del mercado libre para alcanzar los deseados objetivos. En efecto, se estableció el control de precios, considerándose punible cualquier alza de los mismos. Es más: los poderes públicos se mostraron en extremo remisos en someter a tributación muchos de los ingresos hipertrofiados por la inflación. Sucumbió el gobierno americano ante la pretensión sindical de que las clases trabajadoras percibieran ingresos tales que les permitieran mantener el nivel de vida de la preguerra. De este modo el estrato más numeroso de la población, el que en tiempo de paz consumía el mayor porcentaje de la producción, dispuso de tal cantidad de dinero que su poder de compra y su capacidad de consumo resultaron mayores que nunca. Los asalariados y, hasta cierto punto, los agricultores y los industriales que trabajaban para la administración se hallaron en una posición económica tal que bien podían haber frustrado las pretensiones del poder público de dedicar fundamentalmente la producción del país al esfuerzo bélico. Si hubieran gozado de libertad habrían inducido con sus compras a la industria a producir no menos, como quería la administración, sino mucho más de todo aquello que se considera superfluo en tiempo de guerra. Por eso tuvo el gobierno que recurrir al sistema de cupos y preferencias. Este desacertado sistema de financiación de la guerra obligó a los poderes públicos a establecer el control de toda la vida económica. Esta intervención habría sido evidentemente innecesaria si no se hubiera puesto previamente en marcha el proceso inflacionario o si, mediante una adecuada presión tributaria, se hubiera provocado una reducción del dinero disponible en manos de todos en general y no sólo del poseído por los más adinerados. El haber aceptado la doctrina según la cual los salarios reales en tiempo de guerra debían ser superiores incluso a los de la paz hizo inevitable reglamentar toda la vida económica. Pero fue la industria privada americana, no los decretos gubernamentales y el papeleo burocrático, la que abasteció perfectamente a las fuerzas armadas estadounidenses, prestando además un ingente apoyo a todos los demás combatientes aliados. El economista no formula juicios de valor ante estos hechos. Pero conviene destacarlos, ya que el dirigista quisiera hacernos creer que basta un decreto prohibiendo el empleo de acero en la edificación privada para producir automáticamente acorazados y aviones de combate.

El beneficio empresarial proviene de haberse sabido acomodar la producción a las mutaciones de la demanda. Cuanto mayor sea la diferencia entre la anterior y la nueva disposición de la demanda, mayores serán los cambios a introducir en la estructura productiva y más importantes también, consecuentemente, resultarán los beneficios cosechados por quienes consigan orientar acertadamente los cambios. La súbita declaración de una guerra forzosamente ha de tener su impacto sobre el mercado, imponiendo radicales adaptaciones de toda la actividad productiva; ello significa para quienes saben practicar tal acomodación una fuente de elevados beneficios. El planificador dirigista se escandaliza de tales ganancias, pues para él la misión primordial del gobernante es impedir que, al calor de la contienda, nadie se enriquezca. Es injusto, arguye, que unos prosperen mientras otros mueren o quedan mutilados para siempre.

En realidad, nada es justo en la guerra. No es justo que los dioses aparezcan siempre del lado de los ejércitos de mayor poder. ¿Es acaso equitativo que quienes disponen de más medios destruyan inexorablemente a quien, sin culpa suya, se halla peor equipado? ¿Por qué ha de haber pobres muchachos que sucumben anónimamente en las trincheras, mientras a millas de distancia, confortablemente instalados en los cuarteles generales, los altos jefes ganan gloria y fama? ¿Por qué si Juan muere y Pedro regresa inútil, Pablo, en cambio, sano y salvo, puede reincorporarse a la vida civil dispuesto a disfrutar los privilegios de excombatiente?

Tal vez no sea «justo» que la guerra proporcione ganancias a quienes mejor contribuyen al esfuerzo de la nación. Pero sería imperdonable ceguera negar que el señuelo de las ganancias se convierte en eficaz motor para producir más y mejores armas. No fue la Rusia socialista la que ayudó a la América capitalista; los ejércitos soviéticos estaban condenados al desastre cuando comenzaron a llover bombas sobre Alemania, y envíos masivos de material bélico, fabricado por los grandes industriales americanos, hacían su aparición en los puertos de la URSS. Lo fundamental cuando se desata el conflicto armado no es evitar la aparición de beneficios «extraordinarios», sino procurar a marinos y soldados el mejor equipo y armamento posible. Los enemigos más perniciosos del país en guerra son aquellos torvos demagogos que quisieran hacer prevalecer su envidia sobre el supremo interés colectivo.

A la larga, la guerra es incompatible con el mantenimiento de la economía de mercado. El capitalismo es un sistema del que sólo los pueblos pacíficos pueden gozar. Pero sería un error concluir que en caso de agresión armada conviene sustituir la iniciativa privada por el dirigismo estatal. Jamás a lo largo de la historia logró un país socialista vencer a una nación capitalista. Los alemanes, pese a su tan pregonado «socialismo de guerra», fueron derrotados en ambas contiendas mundiales.

Cuando afirmamos que guerra y capitalismo son dos conceptos antitéticos, no queremos sino proclamar la incompatibilidad que existe entre la civilización y los conflictos bélicos. Y esto porque, cuando los poderes públicos exigen al orden capitalista que produzca ingenios mortíferos, la eficacia del sistema es tal que llega a fabricar máquinas bélicas capaces de destruirlo todo. Capitalismo y guerra resultan incompatibles, precisamente en razón a la sin par capacidad de aquél tanto para beneficiar como para devastar.

La economía de mercado, dirigida y ordenada por el consumidor, produce bienes y servicios que hacen la vida lo más agradable posible. Se cumple el anhelo popular de disfrutar del máximo bienestar alcanzable. Es esto lo que hace más despreciable el capitalismo para los apóstoles de la violencia, para quienes gustan de exaltar al «héroe», al destructor, al homicida, y desdeñan al burgués por su «alma de mercader» (Sombart). Por desgracia, fue esta filosofía la que dio los sangrientos frutos que hoy la humanidad entera cosecha.