3. La desigualdad

La desigualdad de renta y riqueza es un rasgo característico de la economía de mercado. Su supresión implicaría la quiebra del sistema¹.

Quienes postulan la igualación de la riqueza, en verdad no aspiran sino a aumentar su personal capacidad adquisitiva. Nadie pretende distribuir las rentas propias. El obrero americano, cuando reclama mayor igualdad, lo único que desea es suprimir los dividendos, para así incrementar sus propios ingresos. Rechazaría indignado cualquier reducción del alto salario que cobra en beneficio de ese noventa y cinco por ciento de la población terrestre que gana mucho menos que él.

La función de la desigualdad de rentas en una sociedad de mercado es totalmente diferente de la que desempeña en una organización de tipo feudal o en cualquier otro sistema no capitalista². Sin embargo, esta desigualdad precapitalista tuvo una gran importancia histórica.

Contrastemos, por ejemplo, el caso de China y el de Gran Bretaña. El imperio amarillo, como es sabido, desarrolló en su día una elevada civilización. Hace dos mil años estaba muy por delante de Inglaterra. Sin embargo, a finales del siglo pasado, ésta era una nación rica y civilizada, mientras aquél languidecía en la pobreza. La civilización china había quedado, siglos atrás, congelada, sin posibilidad de progreso.

El celeste imperio practicó el principio igualitario con mucho mayor ahínco que Gran Bretaña. Los terrenos de cultivo se dividían y subdividían incesantemente. Es cierto que en China prácticamente no existía una clase proletaria carente de tierras, mientras que en la Inglaterra del siglo XVIII esta clase social era numerosa. Las prácticas restrictivas británicas, inspiradas en la ideología tradicional, habían hecho imposible durante siglos la aparición del empresario eficiente. Pero la industrialización del país, gracias a la existencia de aquella fuerza laboral, pudo progresar a pasos de gigante tan pronto como la filosofía del laissez faire logró abrir las puertas al capitalismo, poniendo de manifiesto los errores del restriccionismo mercantilista.

La «era de las máquinas», contrariamente a lo que Sombart afirma, no surgió porque de pronto se apoderara de ciertos espíritus una determinada mentalidad adquisitiva, provocando la aparición del «hombre capitalista». Siempre ha habido personas deseosas de obtener beneficios a base de acomodar la producción a los deseos y apetencias de los consumidores. Pero en la era precapitalista estos promotores estaban atados de pies y manos a causa de las ideologías imperantes contrarias al afán de lucro y respaldadas por las oportunas reglamentaciones públicas. La superación de las filosofías tradicionales por el espíritu del laissez faire hizo caer las antiguas barreras y prohibiciones, que impedían a la gente alcanzar el bienestar y el progreso, instaurándose así la nueva era del maqumismo.

Los liberales combatían las castas y estamentos del anden régime porque hacían imposible el recto funcionamiento del mercado. Abogaban por la abolición de los viejos privilegios, en el deseo de que nada ni nadie impidiera a los más capaces producir la mayor cantidad posible de bienes, de la mejor calidad y del modo más económico. Utilitaristas y economistas, en este aspecto, coincidían con otros que también combatían las clases consagradas; pero, a diferencia de estos últimos, nunca basaron su razonamiento en el derecho natural o en la innata igualdad humana. Ambos grupos clamaban por la igualdad de todos ante la ley; pero la oposición básica entre ellos no desapareció nunca.

La escuela del derecho natural afirma que los hombres, biológicamente, son todos iguales, teniendo en consecuencia cada uno un derecho inalienable a su cuota parte de los bienes disponibles. La primera afirmación se halla desmentida por la realidad misma; la segunda, llevada a las últimas consecuencias, conduce a tales absurdos que sus defensores acaban dejando de lado toda coherencia lógica y terminan considerando cualquier institución, por discriminatoria e inicua que sea, perfectamente compatible con la inalienable y soberana igualdad humana. Los distinguidos caballeros virginianos cuyas ideas tanto impulsaron la revolución americana jamás expresaron oposición alguna a la esclavitud del hombre de color. El más despótico sistema de gobierno conocido por la humanidad, el bolchevismo, se nos presenta como la propia encarnación de la libertad y de la igualdad.

Los defensores liberales del principio de la igualdad ante la ley subrayaban la innata desigualdad del hombre; comprendían que esta desigualdad era precisamente la causa y origen de la cooperación social y de la civilización. La igualdad ante la ley, según ellos, no modificaría ninguna de las inexorables realidades del mundo en que vivimos y, desde luego, no vendría a suprimir la natural desigualdad humana. Ahora bien, de este hecho inmodificable los liberales se proponían sacar el máximo provecho para todos. Ninguna institución de origen humano, pensaban, impediría a nadie en lo sucesivo alcanzar aquella posición desde la cual pudiera servir mejor a sus semejantes. Contemplaban el problema de la desigualdad bajo el prisma exclusivo de lo social y utilitario, dejando de lado supuestos derechos humanos inalienables. Sostenían la igualdad ante la ley porque beneficia a todos. Sobre esta base, los electores designarían a los gobernantes, mientras los consumidores dirigirían las actividades productivas. De este modo se eliminarían las causas mismas de guerras y conflictos y quedaría implantado un orden social en constante progreso.

El triunfo de esta filosofía liberal produjo esa serie de fenómenos que denominamos civilización occidental. Sin embargo, esta nueva ideología sólo pudo imponerse allí donde el ideal de la igualdad de rentas era muy débil. Nunca habría atraído el laissez faire al inglés del siglo XVIII si éste hubiera estado obsesionado por la quimera de la igualdad de rentas y patrimonios, por la misma razón que nada dice hoy a chinos y musulmanes. En este sentido, el historiador debe reconocer que la herencia ideológica del feudalismo y el sistema señorial contribuyeron al nacimiento de la civilización moderna, tan diferente de ellos.

Aquellos filósofos del XVIII que no lograron comprender los principios de la nueva teoría utilitaria seguirían perorando acerca de la superioridad social de chinos y mahometanos. Poco sabían ciertamente de las condiciones reales en tales naciones. Pero la vaga información que poseían les dejaba vislumbrar la ausencia en dichos países de una clase aristocrática de tipo hereditario basada en latifundios agrarios, lo cual les resultaba sobremanera atractivo. En su opinión, esos pueblos habían conseguido implantar los principios igualitarios con más éxito que el Occidente europeo.

Los intelectuales nacionalistas del XIX dieron nuevo impulso al ideario. Los teóricos del paneslavismo se lanzaron en cabeza a exaltar la propiedad agraria comunal, según se manifestaba en el mir o el artel ruso o en la zadruga yugoslava. Hoy en día, tras esa revolución semántica que ha transformado el significado de los antiguos vocablos políticos en lo contrario de lo que antes querían decir, todo el mundo presume de «democrático». Alardean de democratismo los musulmanes, que nunca conocieron otro sistema político que el puramente autocrático. ¡Y los nacionalistas indios llegan a vanagloriarse de la «tradición democrática» hindú!

Tales efusiones sentimentales no deben impresionar a los economistas e historiadores. Cuando calificamos de atrasados a los pueblos asiáticos, no efectuamos un juicio de valor. Simplemente afirmamos que esos pueblos no supieron producir aquella base ideológica e institucional que dio origen a la civilización capitalista occidental cuya superioridad tácitamente reconocen los orientales actuales al reclamar sus frutos, al menos los técnicos y terapéuticos. Admitimos que la cultura de ciertos pueblos asiáticos fue en determinadas épocas muy superior a la de sus coetáneos europeos; y por eso precisamente creemos interesante investigar las causas que un día paralizaran allí el progreso. La respuesta es obvia en el caso hindú. El férreo dogal del sistema de castas vedaba al individuo toda libertad de acción, haciendo prohibitivo cualquier intento de abandonar los cauces tradicionales. China y los países musulmanes, en cambio, dejando aparte una pequeña minoría de esclavos, nunca admitieron el régimen de castas. Se gobernaban, ciertamente, por administraciones autocráticas; pero los súbditos eran todos iguales ante el jerarca. Incluso los esclavos y eunucos podían alcanzar las máximas dignidades. Quienes hoy nos hablan del democratismo de los pueblos orientales precisamente destacan esa universal igualdad ante el gobernante.

Las ideas de igualdad económica que dichos pueblos y sus políticos pretendían llevar a la práctica eran vagas e inconcretas en general. Pero eran claras y tajantes en un aspecto: en el de condenar sin paliativos la acumulación de riqueza en manos del particular. Todos, tanto gobernantes como gobernados, pensaban que amasar una fortuna suponía haber expoliado previamente a otros de lo que en justicia les correspondía; la riqueza de unos pocos era la causa de la pobreza de los más. La posición del rico comerciante oriental era siempre precaria en extremo. Estaba invariablemente a merced del más mínimo funcionario. Ni dádivas ni presentes podían evitar expoliaciones repetidas. Regocijábanse las masas cuando veían caer al ayer poderoso mercader víctima del odio y la envidia del gobernante.

Este espíritu anticrematístico impedía todo progreso y condenaba a las poblaciones a vivir bordeando siempre la muerte por inanición. La implantación de adelantos técnicos era imposible al resultar impracticable cualquier acumulación seria de capital. El liberalismo capitalista llegó a Oriente desde Occidente al amparo de fuerzas armadas que imponían regímenes coloniales o enclaves extraterritoriales. Los violentos métodos aplicados por los occidentales no eran, desde luego, los mejores para inducir a los pueblos sometidos a modificar su mentalidad tradicional. Pero esto no debe hacernos olvidar que si centenares de millones de asiáticos estaban condenados al hambre y la miseria, ello se debía a la general oposición contra cualquiera que pretendiese reunir capitales importantes.

La igualdad que la mentalidad paternalista de Occidente predica actualmente es la réplica exacta de la filosofía oriental. Pensamiento vago y confuso, sólo se hace claro y preciso cuando se trata de abominar de toda fortuna señalada, de toda empresa poderosa, de toda acumulación privada de riqueza. Sus defensores recurren gustosos a cualquier medida que debilite y perturbe el mundo de los negocios; pretenden imponer la igualdad a base de cargas fiscales expoliatorias; apelan invariablemente a la envidia de las masas.

Ya hemos visto las consecuencias económicas inmediatas de esta política confiscatoria³. A la larga reducirán la tasa de crecimiento del capital, si no llegan a impedir su gestación e incluso a provocar la desaparición del existente. Se irá paralizando el desarrollo económico y quedarán abiertas las puertas a una progresiva pauperación de la gente. Ello supondrá, en definitiva, el triunfo de los ideales asiáticos; Oriente y Occidente podrán entonces estrecharse las manos sumidos en idéntica miseria.

El paternalismo dirigista de hoy pretende erigirse en defensor de los verdaderos intereses de la sociedad frente al comportamiento egoísta del empresario ávido de ganancias. Asegura que se preocupa de los intereses seculares del país frente a especuladores, promotores y capitalistas, olvidados del futuro de la sociedad en su conjunto e interesados tan sólo por el beneficio inmediato. Esta segunda afirmación resulta ciertamente incompatible con la inquietud que algunos de sus patrocinadores manifiestan por el bienestar del momento basándose en aquello de que «a la larga, todos muertos». Desde luego, la coherencia lógica no parece ser virtud que caracterice a los doctrinarios del bienestar. Pasemos por alto, a efectos dialécticos, esta incoherencia y examinemos el fondo de sus argumentos, dejando de lado el aspecto contradictorio de los mismos.

El ahorro, la acumulación de capital y la inversión significan suponen detraer del consumo actual una parte de los bienes disponibles, con miras a mejorar futuras situaciones. El ahorrador reduce su satisfacción presente en el deseo de aumentar su propio bienestar y el de su familia en el futuro. Este comportamiento viene ciertamente dictado por motivaciones egoístas, empleando este adjetivo en su sentido más popular. Lo interesante es que ese egoísmo beneficia a todos los componentes de la sociedad y contribuye decisivamente al futuro bienestar de la misma; genera lo que hasta el dirigista más recalcitrante no tiene otro remedio que calificar de desarrollo económico y progreso.

Las medidas recomendadas por el welfarismo o escuela del bienestar eliminan el incentivo a ahorrar por parte de los ciudadanos particulares. Por un lado, las cargas fiscales con que se gravan las rentas y patrimonios de mayor importancia destruyen, o al menos restringen seriamente, el ahorro de los ricos. Por otra parte, los ahorros de los de menores medios son manejados de tal modo que acaban siendo destinados al consumo. Cuando antiguamente un individuo ahorraba mediante un depósito bancario o una póliza de seguros, el banco o la empresa aseguradora invertía sus fondos en negocios productivos. Aun en el caso de que el interesado destinara posteriormente la cantidad a gastos de consumo, en el conjunto no había ni desinversión ni reducción del capital disponible; pese a tales eventuales retiradas de fondos, en efecto, los saldos deudores y, consecuentemente, las inversiones de las instituciones de crédito y de las compañías de seguros aumentaban de continuo.

Hoy prevalece la tendencia a presionar sobre los bancos y las compañías de seguros para que inviertan cada vez más en deuda pública. Es más: las cajas administradoras de los seguros sociales tienen que colocar la totalidad de sus cuantiosas percepciones en valores estatales o paraestatales. Por lo que se refiere a la acumulación de capital, este ahorro individual queda privado de toda virtualidad en la misma medida en que la administración gasta en bienes de consumo o torpes inversiones lo que por sus emisiones de deuda recibe. El ahorro, la creación de capital y la inversión, en un mercado libre, son sumas idénticas y correlativas; por el contrario, bajo una economía intervenida, el gobierno puede dilapidar libremente el ahorro efectivo de los gobernados. El particular se sacrifica y reduce el consumo propio en el deseo de proveer a su futuro; de este modo, aun sin quererlo, contribuye al progreso económico de la nación y a la elevación del nivel de vida de sus conciudadanos. Pero interviene el gobierno y desbarata tan beneficiosos efectos. Nada desmiente mejor que este ejemplo el cliché del welfarismo que contrapone el individuo egoísta y de estrechas miras, interesado sólo por las satisfacciones del momento, siempre olvidado del bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto, y el gobernante benevolente y previsor, siempre entregado a promocionar la felicidad presente y futura de toda la sociedad.

El propagandista del bienestar suele oponer dos objeciones al anterior planteamiento. En primer lugar, destaca que la motivación del particular es puramente egoísta, mientras que la administración pública actúa impulsada sólo por consideraciones desinteresadas. Admitamos, a efectos dialécticos, que los individuos son efectivamente diabólicos y los gobernantes angélicos. Pero lo que en la vida real cuenta —diga Kant lo que quiera— son los hechos, no las buenas intenciones. Lo que hace posible que la sociedad exista y evolucione es precisamente el hecho de que la pacífica cooperación social bajo el signo de la división del trabajo permite a la larga dar la satisfacción más cumplida posible a las egoístas aspiraciones de la gente. La mayor gloria del mercado consiste precisamente en que su funcionamiento está orientado a la realización de este principio.

La segunda objeción consiste en decir que la inversión pública puede perfectamente suplir la inversión privada. Se resalta el hecho de que los gobernantes no gastan en bienes de consumo todo lo que perciben; una parte no despreciable es invertida en carreteras y caminos, ferrocarriles, puertos y aeródromos, centrales eléctricas y demás servicios públicos; otra parte importante se destina a aprovisionar las fuerzas armadas, defensoras de la comunidad, cuyos gastos, muchas veces, sobre todo en caso de conflicto bélico, resulta difícil financiar de otra manera. Pero no es esto lo que se discute. Lo que decimos es que el gobierno gasta y consume una parte del ahorro de los particulares, y que nada impide al gobierno incrementar esta parte hasta llegar a absorber la totalidad.

Si el gobierno impide al sector privado ahorrar, habrá él de ahorrar e invertir para mantener capitalizado al país. El dirigista, que ve en el estado la personificación de la divinidad, no puede ni percatarse de los gravísimos problemas involucrados, convencido como está de que el supremo jerarca, providencialmente, con mano sabia, sabrá ir paulatinamente llevando la sociedad hacia situaciones cada vez mejores, de acuerdo con el progreso natural del género humano.

Es preciso restringir el consumo actual, siempre con miras a abastecer mejor el futuro, no ya sólo para acumular nuevos capitales, sino para conservar simplemente el existente. El ahorro supone siempre un acto de privación, de abstinencia; un dejar de lado satisfacciones que en otro caso se podrían haber disfrutado⁴. Las circunstancias del mercado inducen a practicar tal abstención de consumir e ilustran después al ahorrador acerca de cómo invertir para dejar atendidas, en la mayor medida posible, las más urgentes necesidades de los consumidores. Así las cosas, debemos preguntamos si el ahorro estatal puede sustituir al privado y si puede el gobierno llegar a saber cómo invertir aquél. No afectan estas incógnitas exclusivamente al estado socialista. No son menos urgentes en un modelo intervencionista que ha eliminado total o casi totalmente las condiciones para la formación de capital privado. Incluso los Estados Unidos se van acercando cada vez más a esta situación.

Supongamos que determinado gobierno ha conseguido controlar una porción importante del ahorro privado. Las autoridades regulan en gran medida las inversiones de la seguridad social, de las compañías de seguros, de las instituciones de ahorro y de los bancos comerciales y, como es natural, presionan para que aquéllas se orienten hacia los valores mobiliarios públicos. Los particulares, desde luego, siguen ahorrando. Ahora bien, el que tal ahorro produzca nuevos capitales y, por ende, se amplíe la suma de bienes de capital disponible depende del empleo que el gobierno dé a los fondos que percibe. Si la administración dilapida tales sumas, bien gastándoselas en mero consumo o bien invirtiéndolas desafortunadamente, queda enervado el proceso de acumulación de capital iniciado por el ahorro y la inversión del sector privado. Un ejemplo arrojará luz sobre el tema.

Supongamos un régimen de mercado inadulterado. Juan, en tales circunstancias, ahorra cien dólares, que coloca en un banco de depósito. Si el interesado ha sabido elegir un buen banquero que acertadamente invierta la suma en cuestión, se produce nuevo capital que a su vez incrementa la productividad marginal del trabajo. Una parte de la consiguiente mayor producción revierte al depositante en forma de interés. Por el contrario, si Juan yerra y encomienda su dinero a un banco que suspende pagos, entonces lo pierde todo.

Contemplemos ahora el caso de Pablo, quien, bajo un sistema intervencionista, ahorró en 1940 cien dólares pagando su seguro a las instituciones de la seguridad social nacional⁵. El gobierno, por tal abono, reconoció a Pablo derecho a percibir en su día cierta suma. Ahora bien, si el gobierno consumió los citados cien dólares no se produce incremento alguno de capital y no aumenta la productividad laboral. La deuda contraída con Pablo por la administración se transforma en un crédito de éste contra los contribuyentes de mañana. Cierto Pedro tendrá en 1970 que atender el compromiso contraído en 1940 por la caja aseguradora, aunque él personalmente no haya obtenido ninguna ventaja del sacrificio de Pablo.

Resulta, pues, evidente que no hay que fijar nuestra atención en la Unión Soviética para comprender las consecuencias sociales de los modernos métodos de financiación del gasto público. Salta a la vista el carácter engañoso de aquel manido argumento según el cual la deuda pública no es en verdad una carga, ya que «sólo a nosotros mismos la debemos». Los Pablos de 1940 no se la deben a sí mismos. Son los Pedros de 1970 los que la deberán a los Pablos de 1940. La filosofía de «después de mí, el diluvio» es la que por todos sus poros rezuma la doctrina. Los políticos de 1940 resolvieron sus dificultades trasladándolas a los gobernantes de 1970. Cuando esta fecha llegue, aquéllos o habrán muerto o estarán escribiendo sus memorias acerca de la gran obra de seguridad social que realizaron.

Los cuentos de hadas a que tan aficionados son nuestros paternalistas contemporáneos reflejan bien la incapacidad de éstos para comprender los problemas que la teoría del capital plantea. Por ello mismo son indignos de utilizar el vocablo «paternal» con el que quisieran definirse. Quien desconoce alegremente la indudable escasez de los bienes de capital no merece llamarse economista, sino fabulador. Prefiere vivir de espaldas a la evidente realidad, en una fabulosa Jauja, donde todo abundaría. Los encantadores sueños de nuestros dirigistas, al igual que los del socialismo, presumen tácitamente inacabables disponibilidades de bienes de capital. Entonces es fácil solucionar todos los problemas humanos; dar a cada uno «de acuerdo con sus necesidades» y hacer al mundo entero perfectamente feliz.

Es cierto que algunos de los enemigos de la economía de mercado perciben vagamente el meollo del problema. Advierten que el capital existente debe conservarse si no se quiere reducir la productividad del trabajo⁶. Pero incluso tales autores desconocen que el mero mantenimiento del capital hoy disponible depende de acertadas y nuevas inversiones, es decir, de afortunadas especulaciones, y que resulta ineludible para mantener intacto el capital recibido poder recurrir al cálculo económico, que a su vez presupone la existencia de un mercado libre. Los demás dirigistas ignoran por completo el problema. Igual da, a estos efectos, que pretendan apoyarse en los esquemas marxistas o que más bien prefieran airear nuevas quimeras, como por ejemplo la supuesta capacidad de «auto-perpetuación» de las cosas útiles⁷. Sus escritos, por desgracia, sirven para propagar aquella doctrina según la cual todos los males provienen del excesivo ahorro y de la insuficiente capacidad de consumo, por lo que el gastar sin tasa constituiría la panacea universal.

Cercados por la implacable lógica de los economistas, otros socialistas e intervencionistas acaban por reconocer que sólo el mantenimiento del actual capital puede evitar el descenso del nivel de vida y que si en el futuro ha de haber progreso económico es imprescindible acumular nuevos capitales. Pero dicen que de la conservación del presente capital y de la acumulación del supletorio se encargará el gobierno. Tareas tan importantes, dicen, no pueden quedar en manos del egoísta particular interesado sólo en su propio enriquecimiento y el de su familia; las autoridades se ocuparán de estos asuntos y los abordarán con la vista puesta en el bien común.

El quid de la cuestión radica precisamente en la función de ese egoísmo. Bajo un sistema de desigualdad, este egoísmo impulsa al hombre a ahorrar y a invertir sus ahorros de manera que sean satisfechas lo mejor posible las necesidades de los consumidores. Bajo un sistema igualitario, por el contrario, ese incentivo se esfuma. La reducción del consumo en el inmediato futuro es una privación perceptible, un golpe para las egoístas apetencias del individuo. El incremento de la oferta disponible en un futuro más lejano que se espera de la privación inmediata es apenas perceptible por el hombre común. Esta común reacción se agiganta bajo un régimen de ahorro estatal, pues el ahorrador ve lo poco que en la común distribución le tocará en el futuro por su personal y actual sacrificio. Los partidarios de la doctrina del bienestar suponen frívolamente que la gente ahorrará más al comprender que los frutos de sus privaciones ahorrativas se repartirán mañana entre toda la siguiente generación. Son víctimas de la célebre ilusión platónica. Como es sabido, el filósofo griego sostenía que si se impide a los hombres conocer quiénes son sus verdaderos hijos, cuidarán como tales a todos los niños. Más les hubiera valido a nuestros ideólogos recordar a Aristóteles cuando advertía que la reacción natural en tal caso es que todos los padres sean igualmente indiferentes frente a todos los niños⁸.

El problema relativo al mantenimiento e incremento del capital es insoluble para un sistema socialista que no puede recurrir al cálculo económico. En efecto, la sociedad socialista carece de medios adecuados para averiguar si su capital aumenta o disminuye. La situación, sin embargo, no llega a ser tan grave para aquellos regímenes socialistas o intervencionistas que, por poder utilizar los precios de los mercados del mundo libre, todavía pueden acudir al cálculo económico. Esta circunstancia les permite, hasta cierto punto, calibrar la marcha de los acontecimientos.

Los problemas atinentes a la conservación del capital existente y a la formación de capital adicional son en los países democráticos con economías dirigidas el principal motivo de antagonismo político. Nunca han de faltar demagogos que propugnen dedicar al consumo inmediato cantidades más elevadas que las propuestas por el partido que gobierna o por el resto de las organizaciones políticas. Hay siempre gentes propicias a proclamar que «en la actual emergencia» ni siquiera cabe pensar en acumular capital para el futuro y que, por el contrario, lo justo y procedente es consumir una parte del existente. Pugnan entre sí los distintos partidos políticos ofreciendo al elector, por un lado, aumentar el gasto público y, por otro, reducir las cargas fiscales, salvo aquéllas que hayan de soportar exclusivamente los ciudadanos más pudientes. En la época del laissez faire la gente consideraba al gobierno como una institución que exigía sacrificios de sus gobernados a través de la imposición fiscal. En el presupuesto particular de cada individuo las cargas estatales eran consideradas como un gasto más. Hoy en día, por el contrario, la mayoría ve en el estado una entidad dispensadora de mercedes. Asalariados y agricultores esperan recibir del erario público más de lo que piensan aportar. El estado se percibe como fuente de dádivas, no como colector de impuestos. Tan populares creencias fueron sistematizadas y elevadas al rango de doctrina cuasi-económica por Lord Keynes y sus discípulos. Sin embargo, los gastos públicos y el déficit presupuestario implican de modo inexorable un consumo de capital. Si los gastos corrientes, por más beneficiosos que se consideren, se financian detrayendo mediante el impuesto sobre sucesiones aquella parte de las rentas más elevadas que de otro modo se habría dedicado a la inversión, o bien a través de la deuda pública, entonces el gobierno se convierte en el gran consumidor de capital. El hecho de que en la América actual la acumulación anual del capital supere probablemente⁹ al consumo anual del mismo no invalida la afirmación de que el conjunto de las medidas financieras del gobierno federal, de los estados y de los municipios tiende al consumo de capital.

Muchos, conscientes de las nocivas consecuencias que entraña la dilapidación de capital, se apresuran a alegar que los regímenes basados en el sufragio popular jamás pueden aplicar correctas y sanas políticas económicas. Pero la verdad es que de esto no tiene la culpa la democracia; la responsabilidad incumbe a aquellos idearios que quisieran erigir, como símbolo del estado, en vez de la imagen del vigilante nocturno, que vanamente quiso Lassalle ridiculizar, un dadivoso y mítico Santa Claus. La opinión pública decide siempre la política económica a seguir. Ningún gobierno, ni demócrata ni dictatorial, puede a la larga eludir el imperativo de las ideologías dominantes.

Quienes propugnan una limitación de las prerrogativas parlamentarias en materias fiscales y presupuestarias, recomendando incluso la supresión del gobierno representativo y su sustitución por la dictadura, se hallan sometidos al hechizo del quimérico gobernante perfecto. Este ser bondadoso y sabio por excelencia procuraría, con absoluta y leal dedicación, el continuo bienestar de sus súbditos. Pero el gobernante real es un hombre mortal que ante todo aspira a perpetuar su posición y la de su clan, amigos y partido. Sólo con tal objetivo recurre a medidas impopulares. Ni invierte ni acumula capital; prefiere levantar fortalezas y equipar ejércitos.

Los tan admirados planes de los autócratas nazis y soviéticos consistían en reducir el consumo de la población para «invertir» más. Los nazis nunca ocultaron que tales «inversiones» tenían por objeto construir el oportuno aparato bélico para preparar mejor la agresión. La Rusia soviética fue menos sincera inicialmente. Pero luego proclamó orgullosamente que la preparación militar constituía el verdadero objetivo de todos sus planes. La historia no registra ninguna acumulación de capital por el estado. El capital invertido por la administración en carreteras, ferrocarriles y obras de utilidad general fue siempre obtenido de los particulares a través de impuestos o mediante empréstitos. La mayor parte de la deuda pública se dedicó invariablemente a gastos de consumo. El particular economiza, pero llega el estado y alegremente dilapida lo tan penosamente acumulado.

Ni siquiera quienes con mayor apasionamiento combaten la desigualdad de rentas y patrimonios pueden desconocer que es una poderosa incitación a la creación de nuevo capital. Y sólo la acumulación de capital adicional provoca el progreso técnico, el incremento real de los salarios y la elevación del nivel de vida de las masas.

Footnotes

1. V. pp. 349-351 y 872-873.

2. V. pp. 378-379.

3. V. pp. 947-953.

4. Esto no significa coincidir con las teorías que justificaban el fenómeno del interés como un «premio» al sacrificio del ahorrador. En nuestro mundo no existe ningún ente mítico que premie o que castigue. Ya antes, en el capítulo XIX, analizamos qué es y qué representa el interés. Ahora bien, frente a las ironías tan poco oportunas de un Lassalle (Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch en Gesammelte Reden und Schriften, ed. Bernstein, V, 167), ampliamente difundidas por muchos libros de texto, bueno es reiterar que el ahorro es siempre privación (Entbehrung), por cuanto supone dejar de disfrutar hoy de algo.

5. Es indiferente, a estos efectos, que la entrega la efectúe el propio Pablo o su patrono por mandato legal. V. p. 712.

6. Nos referimos fundamentalmente al profesor A. C. Pigou, a su libro The Economics of Welfare [tr. esp., Aguilar, Madrid 1946] y a diversos artículos suyos. Para una crítica de las ideas de Pigou, v. Hayek, Profits, Interest and Investment, Londres 1939, pp. 83-134.

7. V. F. H. Knight, «Professor Mises and the Theory of Capital», Economica, VIII (1941), 409-427.

8. V. Aristóteles, Política, lib. II, cap. III, en The Basic Works of Aristotle, ed. R. McKeon, Nueva York 1945, pp. 1148 ss [tr. esp., Gredos, Madrid 1988].

9. Es inútil pretender dilucidar esta incógnita recurriendo a las estadísticas en una época como la nuestra con permanente inflación y expansión crediticia.